La reducción de los homicidios durante el primer año del nuevo gobierno, decía la semana pasada, parece ser el efecto combinado de, por un lado, combatir más eficazmente a las redes criminales violentas, y, por el otro, al probable fomento, por parte de las autoridades, de una organización criminal dominante en cada entidad federativa. Lo primero se ha logrado a través de más y mejor inteligencia e investigación criminal, así como con un aparente aumento de la coordinación intergubernamental. Mientras que lo segundo es resultado tanto del aceleramiento de la expansión del CJNG como de la convicción –por parte de las autoridades– de que la reducción de la competencia criminal es la única fórmula realista a la mano para reducir la violencia en el corto plazo.
De aquí que aventure el siguiente escenario: en caso de que el CJNG no sea combatido con vigor durante lo que resta del presente sexenio, es probable que, hacia fines de la actual administración federal, tengamos en México por segunda ocasión un mercado criminal altamente monopólico, tal y como en la década de los 80 lo logró el Cártel de Guadalajara (CDG) bajo el mando de Miguel Ángel Félix Gallardo. Durante esos años, el CDG logró centralizar las operaciones y controlar las rutas del narcotráfico mediante un esquema basado en la asignación de jefaturas regionales a los principales socios de El Jefe de Jefes: Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Joaquín Guzmán, Amado Carrillo Fuentes y los hermanos Arellano Félix. Bajo este esquema, el monopolio del CDG se prolongó desde 1980 hasta 1989, cuando Félix Gallardo fue capturado.
En mi texto previo también comentaba que los estados donde se registra tanto un declive en las tasas de homicidio, como un avance hacia la monopolización de los mercados criminales por parte de CJNG son Guanajuato, Nayarit, Tabasco, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Aguascalientes, Chiapas, Hidalgo y Yucatán (14 entidades). Mientras que en otras entidades donde también crece la influencia del CJNG, pero con la violencia a la alza como consecuencia de la momentánea resistencia de diversos grupos a la expansión del CJNG, son Campeche, Oaxaca, Baja California Sur, Puebla, Colima, Jalisco y Michoacán (siete entidades). En contrapartida, hay otros estados que, por ahora, están fuera de la órbita de influencia del CJNG, como Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas (siete entidades), donde las organizaciones dominantes continúan siendo el Cártel de Sinaloa (en las primeros cinco) y el Cártel de Noreste (en las últimas dos). Sin embargo, la alianza entre la familia Guzmán y el CJNG le abrirá vías al cártel para aumentar gradualmente su presencia en los primeros cinco. Finalmente, tenemos algunos casos excepcionales como la Ciudad de México, el Estado de México, Coahuila y Guerrero (cuatro entidades), donde no es factible, por razones diversas, que el CJNG logre ahí una dominancia territorial en el corto o mediano plazos.
Debido a límites de espacio, me detengo rápidamente en estos últimos cuatro casos (y en una aclaración sobre el caso de Yucatán), que poseen rasgos un tanto excepcionales. Primero, Yucatán. Aunque esta entidad es quizás la que menor nivel de crimen organizado violento registra en el país, en ella se observa, desde 2021, una expansión silenciosa del CJNG a lo largo del corredor Cancún-Valladolid-Mérida-Progreso. También vale la pena detenerme en las cuatro entidades donde la eventual dominancia del CJNG parecería un objetivo casi imposible de cumplir. Primero, el Estado de México es una de las entidades con mayor fragmentación criminal en el país. Ahí observamos una gran cantidad (105, para ser exactos, de acuerdo a la plataforma Lantia Intelligence) de organizaciones de diverso tipo que compiten en los mercados de extorsión, narcomenudeo, trata de personas, y robo de combustible y a transporte. En esta entidad, además, las autoridades poseen una alta capacidad para desarticular redes criminales una vez que las convierten en blancos prioritarios. Algo parecido sucede en la Ciudad de México, aunque en este caso la densidad delictiva es menor y las zonas de operación de los grupos más amenazantes están altamente acotada.
Finalmente, los casos de Guerrero y Coahuila ilustran dos extremos en materia de combate al crimen y pacificación. Mientras que Guerrero es el ejemplo más acabado del fracaso del Estado mexicano para debilitar a las organizaciones criminales e impedir su infiltración en los procesos electorales, en Coahuila contemplamos una especie de milagro, dada la transformación que logró la entidad durante las gubernaturas de Rubén Moreira (2011-2017) y Miguel Ángel Riquelme (2017-2023), las cuales lograron una reducción sistemática de la violencia. Así, los rasgos clave de contextos institucionales y ecosistemas criminales tan opuestos como los de Guerrero y Coahuila hacen inimaginable su eventual penetración y dominio por parte del CJNG.