Hace casi un año, el gobierno de El Salvador, encabezado por el siempre polémico Nayib Bukele, optó por una salida drástica frente a la gravísima crisis de violencia e inseguridad que desde hace décadas golpea a dicha nación centroamericana. Se decretó un estado de excepción, que se ha venido prorrogando mes con mes, y que básicamente permite a la policía y a las Fuerzas Armadas salvadoreñas, entre otros atropellos, arrestar a cualquier persona sin mayor explicación.
No es que las corporaciones policiales latinoamericanas se distingan por su respeto irrestricto al debido proceso. Sin embargo, el gobierno de Bukele ha llevado la represión policial a niveles inéditos, al menos para un régimen teóricamente democrático. Van más de 60 mil detenidos (que constituyen el 1 por ciento de la población) y decenas o cientos de fallecidos bajo custodia. Esta embestida contra las pandillas ha ido acompañada de una retórica que, lejos de guardar las formas, busca hacer evidente el desprecio de Bukele por el derecho humanitario. Al principio del estado de excepción, por ejemplo, el mandatario amenazó con dejar sin comida a los presos, en caso de que las pandillas realizaran ataques contra la población civil.
El estado de excepción ha sido todo un hit político para Bukele. Al parecer, en cuestión de meses, se ha logrado una prodigiosa pacificación de El Salvador (que, de acuerdo con cifras oficiales, en enero pasado tuvo una tasa de homicidios que lo ubicaría como el país menos violento del continente americano). Tras años de crisis, esta pacificación ha catapultado la popularidad de Bukele, quien goza de una aprobación superior a 80 por ciento y ha fortalecido su proyección internacional. Ante estos resultados, parece que la mano dura llegó para quedarse. El gobierno salvadoreño ya no habla de estado de excepción sino de estado “de normalidad”, dejando en claro que la facultad para realizar detenciones arbitrarias se mantendrá indefinidamente. Para albergar a la creciente población penal, se construyó a marchas forzadas una inmensa cárcel, con capacidad para 40 mil internos (cinco veces la cantidad de personas que alberga el Reclusorio Oriente de la CDMX, que actualmente es el penal más grande de México).
De cara a las elecciones de 2024, es probable que algún aspirante o candidato mexicano busque retomar la narrativa de la mano dura, inspirada en el estado de excepción de Bukele, sobre todo por el obvio contraste de la mística de los abrazos, que el gobierno de AMLO ha cultivado. En este contexto, me parece importante reconocer que, dentro del carácter autoritario, inhumano incluso, del estado de excepción, hay una premisa que Bukele entendió bien: en un contexto de violencia generalizada, la salida pasa necesariamente por una concentración extraordinaria de recursos. Bukele optó por que dicha concentración de recursos se destinara al encarcelamiento masivo. Ahí radica su principal error, pues aunque el encarcelamiento dio resultados en el corto plazo, seguramente tendrá repercusiones negativas en el futuro, como ha sido el caso en los otros países que han optado por dicha estrategia. Con el tiempo, el supuesto milagro salvadoreño perderá lustre.
En el México actual sería todavía impensable, además de indeseable, una estrategia como la que Bukele ha seguido en El Salvador. Un estado de excepción tan draconiano y prolongado sólo es concebible en un contexto de profunda ausencia de contrapesos políticos e institucionales. Sin embargo, no podemos descartar que en algunos estados surjan pequeños bukeles, que busquen capitalizar el hartazgo de la población con estrategias represivas.
La mano dura al estilo Bukele no es la solución para México, pero tampoco lo es el gradualismo al que nuestras autoridades generalmente se han resignado. Junto con el fortalecimiento institucional –que lleva años o décadas– también son necesarias acciones que hagan un cambio en el corto o mediano plazos. Algunas experiencias en el ámbito estatal demuestran que es posible una pacificación rápida sin recurrir a un estado de excepción ni al encarcelamiento masivo. En Nuevo León, por ejemplo, se logró neutralizar la capacidad operativa de los grupos armados más violentos y reducir a la mitad los homicidios de 2013 a 2014. Más que una mano dura, hubo una mano ágil, que supo dar algunos golpes necesarios y mandar el mensaje de que ciertas acciones por parte de los criminales, como los ‘narcobloqueos’, ya no serían toleradas. Desafortunadamente, pocas autoridades en México se han animado a tomar medidas audaces contra la delincuencia, conscientes de los enormes riesgos que éstas implican. En todo caso, la experiencia reciente de El Salvador no es tanto un ejemplo a seguir, como una advertencia sobre el enorme costo, en términos de justicia y de libertades, de no atender la crisis de violencia e inseguridad.