No esperemos en 2023 un viraje drástico de los principales indicadores de seguridad. Como ya lo he comentado previamente en este espacio, no percibo intención alguna de empujar cambios de envergadura a las políticas del sector seguridad en el tramo final del sexenio. Probablemente los homicidios se estabilicen, o registren nuevamente un descenso moderado, como ocurrió este año, lo mismo que los otros delitos de alto impacto. Las autoridades con más recursos, como las policías de la capital y de los principales destinos turísticos del país, quizá logren reducciones más aceleradas de la incidencia delictiva. En contraste, los robos continuarán azotando las carreteras y el cobro de cuota seguirá extendiendose en el ámbito rural.
Sin embargo, el año que entra podría ser definitorio para las instituciones del sector. Por un lado, 2023 será, como suelen decir los políticos, a “cuchillazo limpio”. Conforme el final del sexenio se acerque, las corcholatas y los aspirantes de la oposición tomarán sus lugares para competir en 2024. La civilidad que algunos actores políticos han mostrado a medias será cada vez más escasa. Habrá rompimientos, traiciones y, sobre todo, golpes bajos. Por otro lado, el debate central en las próximas campañas electorales girará en torno a la seguridad. A pesar de la inflación desbocada, y de la disputa por el sistema electoral, la seguridad se ha mantenido, de lejos, como el tema que más preocupa a los mexicanos (así lo indican prácticamente todas las encuestas). A lo anterior habría que sumar que, de manera un tanto inusual, dos funcionarios del sector se perfilan entre los principales aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch.
Por lo anterior, a lo largo de 2023 aumentará el escrutinio para la Guardia Nacional. Desde Palacio Nacional se buscará mandar el mensaje de que esta corporación, y con ella la apuesta a dejar en manos militares el aparato de seguridad, sí ha dado resultados. La oposición buscará demostrar justamente lo contrario, que la militarización no sólo no ha traído paz, sino que tampoco resolvió la corrupción y los abusos que se achacan a los cuerpos civiles. No me extrañaría que en 2023 veamos un nuevo disparo de las denuncias y quejas contra militares y elementos de la Guardia Nacional, así como una nueva tanda de filtraciones. También es probable que se multipliquen las confrontaciones entre gobernadores de oposición y las mesas de coordinación regional, encabezadas en la práctica por militares, que AMLO estableció en las 32 entidades federativas.
Las dinámicas de las organizaciones criminales son siempre difíciles de anticipar. Sin embargo, el próximo año hay tres grupos que muy probablemente crearán tensiones. Uno son Los Chapitos, la organización encabezada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, que desde que el padre fue extraditado a Estados Unidos, han buscado expandir su control territorial sobre el noroeste del país. Las fricciones entre este grupo, y otras facciones del antiguo Cártel de Sinaloa, seguirán generando una situación crítica, que tenderá a agravarse, especialmente en Sonora y Baja California.
El segundo es el grupo encabezado por los hermanos Hurtado Olascoaga, también conocido como La Nueva Familia Michoacana. Esta organización pudo establecer en años una lucrativa red de extorsión en el norte de Guerrero y buena parte del Estado de México, a partir de una agresiva estrategia de intimidación y cooptación de autoridades municipales, e incluso de elementos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, algunos de sus últimos ataques resultan demasiado escandalosos. Es muy probable que el próximo año el gobierno federal busque capturar a los hermanos Hurtado Olascoaga y desarticular su organización. En este escenario, en la zona de influencia de La Nueva Familia Michoacana se observaría un repunte temporal de la violencia, e incluso jornadas de ingobernabilidad, marcadas por bloqueos carreteros e incendios provocados.
El tercero, inevitablemente, es el CJNG. La agresividad de esta organización no es novedosa. Sin embargo, el conflicto entre el CJNG y el gobierno federal probablemente entrará en una fase crítica después de los recientes ataques contra mandos militares, incluyendo el asesinato del general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas. En este contexto, no estaría de más que, no sólo los mandos de las Fuerzas Armadas y varios gobernadores, sino incluso algunos miembros del gabinete presidencial –y sin duda el mismo Presidente de la República–, refuercen los protocolos convencionales en torno a su seguridad personal. El CJNG suele responder muy violentamente –y sin respetar jerarquías– los embates en su contra.
Por último, me temo que el próximo año habrá un importante incremento de la conflictividad social. La llegada de AMLO a la Presidencia implicó una tregua de algunos de los sindicatos con mayor capacidad de movilización, en particular las organizaciones magisteriales. Sin embargo, en los próximos meses estos grupos tendrán incentivos cada vez mayores para mostrar músculo y de esta forma buscar negociar un buen acomodo con la próxima administración. Sus movilizaciones masivas se sumarán a las de aquellos grupos con los que la 4T nunca ha tenido una buena relación, como los colectivos feministas. Por si esto fuera poco, la conclusión a marchas forzadas del Tren Maya y del Corredor Transístmico prácticamente garantiza un año de continúas protestas por parte de comunidades de todo el sureste del país.