Hace algunos días tuve la oportunidad de conversar con un grupo de tianguistas que trabajan en municipios conurbados del Valle de México. Su oficio se ha convertido en una pesadilla de un tiempo para acá. Primero recibieron llamadas amenazantes y accedieron a pagar cuota. Luego, hartos de la extorsión, intentaron dejar de pagar. Sin embargo, los criminales no tardaron en ir a visitarlos, en persona. Actualmente, cada uno entrega a la mafia de extorsionadores 4 mil pesos a la semana; una carga francamente abrumadora para comerciantes que perciben ingresos modestos, y que además no cuentan con ningún tipo de prestación.
Luego tuve la oportunidad de comentar la difícil situación de los tianguistas con autoridades municipales. Les sugerí tomar cartas en el asunto. Hacer algunos operativos, con el apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, para detener a los extorsionadores. Su respuesta me dejó helado. Desde su perspectiva, no es buen momento para intervenir. En sus propias palabras, las cosas están “sostenidas con alfileres”, y los extorsionadores son grupos muy poderosos, tanto por las armas que tienen como por las figuras políticas que los protegen.
La extorsión es un fenómeno masivo que afecta a negocios y personas de todos los estratos sociales, desde quienes tienen un puesto en un tianguis hasta restaurantes de lujo orientados al turismo internacional. De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI (ENSU), durante el primer semestre de 2022, 11.6 por ciento de los hogares reportó haber sido víctima de extorsión. La mayor parte de las elecciones se gana o se pierde por porcentajes más estrechos. Por eso, no deja de sorprenderme que la mayor parte de las autoridades –a pesar de que están al tanto de la existencia de estas mafias dedicadas a la extorsión– prefieran no hacer nada al respecto.
Es cierto que algunos de los grupos que se dedican a la extorsión son temibles, empezando por los brazos armados del CJNG. Las policías municipales no pueden solas contra estos grupos y, desde una visión de corto plazo, realizar un operativo, con el apoyo de la Policía Estatal o la Guardia Nacional, puede parecer altamente riesgoso. Ahí están las imágenes de hace apenas algunos días, de sicarios quemando comercios y bloqueando autopistas en respuesta a operativos para detener a sus líderes. En el cálculo de los alcaldes, que tienen en la mira la próxima elección, tal vez parezca preferible que se diga que no hicieron nada para resolver el problema, que arriesgarse a ocasionar una jornada de terror.
Sin embargo, también me parece que hay una gran ingenuidad, y también irresponsabilidad, por parte de los gobiernos que prefieren ver para otro lado, o esperan para actuar un buen momento, que nunca llega. Semana tras semana los criminales cobran sus cuotas y parte del dinero se invierte, a veces en reclutar más sicarios, a veces en corromper policías y funcionarios. El modelo de negocio tiene una rentabilidad extraordinaria y una lógica voraz de crecimiento, con la gran desventaja de que no hay propiamente un mercado, donde la competencia termine por reducir los precios y moderar las ganancias.
En el mundo de las mafias la competencia toma la forma de enfrentamientos y de agresiones por parte de nuevos grupos que intentan incursionar en las zonas donde sus rivales extorsionan, o de divisiones internas, o de grupos autodefensa que las propias víctimas crean para sacudirse a los extorsionadores. El dinero de la extorsión tampoco tarda en llegar a la política. Algunos alcaldes, y también funcionarios en gobiernos estatales, prefieren que ni siquiera se hable del tema por la simple razón de que ellos también forman parte de las mafias dedicadas a la extorsión.
En las últimas semanas se ha hablado sobre la posible creación de una comisión nacional antiextorsión. Como he comentado previamente en este espacio, me parece que podría tratarse de un paso fundamental para avanzar hacia la pacificación del país. A diferencia del narcotráfico y de otros delitos, que están relativamente acotados geográficamente, la extorsión puede convertirse en un gran negocio en cualquier lugar. Por lo tanto, si le quitamos ese negocio a la delincuencia, le quitamos también buena parte de la presencia territorial que actualmente tiene. Sin embargo, echar a andar esta coordinación, y que de verdad tenga impacto, no será una tarea sencilla. Me temo que el principal obstáculo será precisamente la resistencia de las autoridades locales (y de quienes las protegen más arriba), que, por complicidad o por miedo, no querrán mover las aguas.