Pocas veces el panorama de seguridad se había visto envuelto en noticias tan contradictorias como en los últimos días. En Baja California, Chihuahua, Colima, Guanajuato y Jalisco, el crimen organizado optó por realizar bloqueos, incendios y ataques que aterrorizaron a la población. Aunque estos eventos tienen una lógica particular en cada caso, en términos generales se trata de una ofensiva, principalmente por parte del CJNG, ante el aumento en las detenciones de criminales con una posición de liderazgo.
A pesar de esta difícil coyuntura, el Presidente parece confiado en que las cosas irán bien, y la semana pasada anunció que espera una disminución de los homicidios dolosos de 15 por ciento para el cierre de este año. Es un pronóstico optimista, pero no del todo fantasioso, pues los homicidios ya bajaron 10 por ciento, si comparamos el número de víctimas del primer semestre de 2021, con las del primer semestre de este año. Mi lectura es que, ahora que Morena y sus aliados gobiernan en varios de los estados más conflictivos del país (incluyendo Colima, Michoacán, Sonora y Zacatecas), por fin se está siguiendo una estrategia para neutralizar a las células criminales más violentas, y AMLO calcula que dicha estrategia rendirá frutos en los próximos meses.
Sin embargo, lo que más sacudió la agenda mediática fue el informe que el jueves pasado dio a conocer el subsecretario Alejandro Encinas, en su calidad de presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj). El informe busca “romper inercias y complicidades” y desacreditar por completo la ‘verdad histórica’ que se presentó durante el gobierno de EPN, a la que califica como “una acción concertada desde el aparato organizado del poder”; una confabulación para ocultar la responsabilidad del Ejército, y para vender la narrativa de que la desaparición de los estudiantes fue, en esencia, un exceso del alcalde de Iguala y de sus socios de Guerreros Unidos. No sólo eso, también se implica a funcionarios del más alto nivel, empezando por el exprocurador Jesús Murillo Karam. Con el informe, el gobierno de AMLO optó por jugarse la credibilidad que todavía pueda tener a estas alturas del sexenio.
Por supuesto, no podemos simplemente dar por bueno el informe. A lo largo de los años han sido demasiadas las mentiras y el encubrimiento en torno a la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, es justo reconocer que la Covaj buscó al menos ser persuasiva. Por un lado, por el volumen de información que se incorporó a la investigación. Dicha información incluye desde audios de teléfonos de miembros de Guerreros Unidos (que habían sido intervenidos por agencias norteamericanas), hasta los videos de sobrevuelos realizados sobre el basurero de Cocula, pasando por miles de documentos de Sedena y otras dependencias. Por otro lado, todo indica que la versión reservada del informe exhibe con sumo detalle la red de complicidades que se creó para ocultar la verdad, la cual abarca a decenas de personas, entre particulares, militares, jueces y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.
La versión pública del informe todavía deja incógnitas importantes. De la página 60 a la 84, en las secciones ‘Órdenes de ejecución de los estudiantes’, ‘Desaparición de los estudiantes’ y ‘Limpieza de gobierno’ prácticamente todo aparece testado. Por lo tanto, no sabemos en qué medida el informe logra acreditar la participación en el asesinato de los estudiantes, y en el posterior ocultamiento de los hechos, de las personas contra quienes se han emitido órdenes de aprehensión a raíz de la publicación del informe: de forma destacada Murillo Karam y 20 militares.
En todo caso, imagino que, por la gravedad del tema, el gobierno no dio paso sin huarache. Después de todo, la Covaj tomó más de medio sexenio en desarrollar la investigación que se difundió el jueves. Imagino también que la versión reservada del informe no inculpa de forma directa a Omar García Harfuch (en política nada está escrito, pero sería un golpe gravísimo para la credibilidad de toda la 4T, no sólo para las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum). Lo importante es que, a casi ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes, ya no se pueden tolerar más pifias. Esperemos que, cuando las aguas se calmen, las familias de las víctimas tengan finalmente la certeza de que se hizo justicia.