La semana pasada se anunció que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez, creará una comisión interna, con miras a establecer posteriormente una Coordinación Nacional Antihomicidio. De entrada, es una buena noticia que el gobierno explore alternativas para combatir la violencia homicida de forma más enérgica. Yo llevo ya casi tres lustros investigando y escribiendo sobre el tema, y siempre estaré a favor de que se destinen recursos para atender este problema crítico.
Todavía no se dan a conocer muchos detalles. Sin embargo, lo más probable es que la SSPC busque emular el modelo de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase). La Conase fue creada en 2014. En sus primeros años, bajo el mando de Renato Sales, logró impulsar una estrategia muy exitosa para bajar la incidencia de secuestros. En esencia, se supervisó el establecimiento, en las 32 entidades federativas, de unidades, con personal policial y ministerial especializado, dedicadas exclusivamente a combatir dicho delito. De hecho, la Conase fue prácticamente la única nota positiva en materia de seguridad durante todo el gobierno de Peña Nieto.
Tomando en cuenta lo anterior, me parece importante subrayar que los homicidios son un tema mucho más complejo que los secuestros o que el cobro de piso (un delito que tal vez sería más apropiado para combatirse siguiendo de modelo de la Conase, como propuse en una columna publicada en octubre del año pasado, tras el incendio del Baby’O). Hay por lo menos tres desafíos que se tendrán que superar para construir una estrategia eficaz de combate al homicidio.
El primer desafío es que, trágicamente, en México los asesinatos son un fenómeno masivo. En 2022 se contabilizaron más de 35 mil víctimas, una cifra completamente inmanejable desde la perspectiva de los sistemas de procuración e impartición de justicia, y de readaptación social. Lo anterior implica que sólo es viable reducir el homicidio por medio de acciones que tengan un alto impacto disuasivo en el corto plazo, no por medio de la aplicación generalizada de la sanción penal, prevista para los perpetradores.
El segundo desafío es la alta variación geográfica de los homicidios. El año pasado Zacatecas reportó una tasa de homicidios casi 50 veces mayor a la que se registró en Yucatán. No sólo eso, el grueso de los homicidios se concentra en las regiones donde tienen lugar conflictos entre grupos criminales con alto poder de fuego, y estos conflictos se desplazan año con año. Por lo tanto, una estrategia para la reducción de los homicidios será más eficaz en la medida en que se sustente en acciones temporales y focalizadas geográficamente, más que en programas permanentes con cobertura nacional.
El tercer desafío, el más importante, es que los asesinatos responden a lógicas completamente disímiles. Dos terceras partes de los asesinatos son cometidos por el crimen organizado. De éstos, algunos ocurren en el contexto de enfrentamientos entre comandos armados, o en agresiones contra autoridades. En muchos otros casos se trata de ajustes de cuentas al interior de una misma organización y en otros más de represalias contra individuos o colectivos que se niegan a pagar cuota o colaborar con determinadas actividades delictivas. Además, alrededor de un tercio de los asesinatos es cometido por otro tipo de actores que nada tienen que ver con la delincuencia organizada. Esta clase de asesinatos ocurren, por ejemplo, en el contexto de asaltos que acaban mal, o de violaciones sexuales, o de riñas vecinales, o los desencadenan lógicas de odio (tanto en el plano individual como colectivo).
Además de estos tres desafíos técnicos, el arranque de la Coordinación Nacional Antihomicidio podría verse empañado por cuestiones políticas. Ante el anuncio de la semana pasada, algunas organizaciones, como el Observatorio Nacional Ciudadano, lamentaron que este gobierno esperara casi cuatro años para plantear la creación de dicha coordinación. El timing ciertamente es curioso. Por un lado, se da justo cuando AMLO postuló públicamente a Rosa Icela Rodríguez como una de sus ‘corcholatas’ para la jefatura de Gobierno de la CDMX en 2024.
Por otro lado, tras años de permanecer estancada en niveles altísimos, la tasa nacional de homicidios finalmente ha comenzado a caer en los últimos meses. A menos que haya sorpresas en el segundo semestre, podemos esperar que dicha tasa cierre este año con una disminución sustancial (algo que no sucedía desde 2014). Alguien malpensado incluso podría argumentar que lo que la SSPC busca con la Coordinación Nacional Antihomicidio no es impulsar ninguna nueva estrategia en la recta final del sexenio, sino simplemente colgarse la medalla por una tendencia que ya se veía venir. Le tocará a Rosa Icela demostrar lo contrario.