Eduardo Guerrero Gutiérrez

¿Quiere AMLO una pax narca?

La tolerancia, sin la condición mínima de supremacía del Estado en lo que concierne al uso de la fuerza, es ‘pax narca’.

En septiembre del año pasado me preguntaba en este espacio si la intención del gobierno de AMLO era avanzar hacia una nueva pax narca. Como comenté en aquel entonces, durante los tiempos del viejo PRI prevaleció en varias regiones del país un esquema, que mal que bien funcionaba, de solapamiento a los grandes narcos. Por supuesto, este esquema se sustentaba en la simulación y en el autoritarismo, particularmente en el uso discrecional del aparato de seguridad y del sistema de procuración de justicia. Sin embargo, era funcional, pues permitía mantener al país en relativa paz.

Una condición clave del arreglo en aquel periodo era que el gobierno tenía la sartén por el mango. Los narcos se atrevían a bastante poco en lo que concierne a agresiones a la autoridad. Era raro que asesinaran policías y hubiera sido impensable que atacaran unidades habitacionales del Ejército, como pasó durante el ‘culiacanazo’ de 2019. No sólo eso. Por sorprendente que resulte, es probable que, al menos en algunos estados, las autoridades hayan logrado apropiarse de una parte de las rentas generadas por el narcotráfico, y encauzarlas no sólo al enriquecimiento personal de políticos y funcionarios, sino también a proyectos de infraestructura. Al menos así lo han documentado algunos investigadores, de forma destacada Benjamin Smith, de la Universidad de Warwick, en su libro The Dope: The Real History of the Mexican Drug Trade.

El miércoles de la semana pasada, durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente hizo algunos comentarios que revelan que tiene muy presente la posibilidad de un nuevo entendimiento con el crimen organizado. Señaló que “hay lugares donde hay una banda fuerte y no hay enfrentamientos”. Dio un ejemplo elocuente, “no está Sinaloa entre los estados con más homicidios”. También destacó que la mitad de todos los homicidios que ocurren en el país se concentra en seis estados: Baja California, Edomex, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Sonora. El Presidente detalló el caso de Michoacán, donde dijo que operan alrededor de 10 ‘bandas’ de la delincuencia (yo haría notar al Presidente que, aunque es cierto que hay varios grupos en Michoacán, la mayor parte de la violencia es resultado del conflicto entre el CJNG y una coalición de mafias locales, conocida como Cárteles Unidos).

Dicho lo anterior, me parece importante reconocer que, hasta cierto punto, las palabras del Presidente simplemente denotan realismo. En todas las economías modernas existen mercados ilegales. Es inevitable que surjan grupos que operen esos mercados. El Presidente hace bien en asumir sin ambages esa realidad. En contraste, a Miguel Ángel Mancera, cuando era jefe de Gobierno, le gustaba pretender que en la Ciudad de México no había crimen organizado (y esa pretensión tuvo consecuencias desastrosas para la seguridad en la capital).

Lógicamente, las palabras del Presidente también llevan a la pregunta –que se formuló durante la conferencia de prensa del miércoles pasado– de si lo que se busca es una paz pactada. En respuesta, AMLO se limitó a reiterar su hipótesis. “Es el predominio de un grupo que no tiene competencia con otros y esto lleva a que no haya enfrentamientos”. Es decir, que el Presidente no negó que se busque una paz pactada. Dicen que el que calla otorga.

Es cierto que los mercados criminales monopólicos tienden a ser (o al menos a parecer) pacíficos. Bajo ciertas circunstancias, también es cierto que los mercados criminales competidos tienden a ser violentos. Sin embargo, aquí habría que empezar a plantear algunos matices importantes. La competencia en los mercados criminales efectivamente tiende a generar mucha violencia cuando se da entre dos grupos o coaliciones fuertes, como ocurre en Michoacán. En el otro extremo, hay mercados criminales con un gran número de pequeñas organizaciones (que suele ser el panorama que predomina en la distribución de droga y el narcomenudeo en muchos países del mundo). En estos casos, aunque haya una enorme competencia, la violencia suele ser limitada.

Por otro lado, si bien es inevitable que las autoridades toleren que algunos grupos criminales existan y operen, también es cierto que esa tolerancia sólo es aceptable dentro de ciertos parámetros. El más importante es que ningún grupo puede contar con milicias privadas que, así sea en el ámbito regional, pongan en entredicho la supremacía de la autoridad en lo que concierne al uso de la fuerza. Es una condición que en Sinaloa, retomando el ejemplo del Presidente, actualmente no se cumple, como ya quedó demostrado. La tolerancia, sin esta condición mínima de supremacía del Estado en lo que concierne al uso de la fuerza, es pax narca.

COLUMNAS ANTERIORES

¿Cuál es el mejor lugar para la Guardia Nacional?
Rosa Icela y la Coordinación Nacional Antihomicidio

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.