Eduardo Guerrero Gutiérrez

¿Cuáles son las mejores policías estatales en México (y por qué)?

Me inclinaría por decir que las policías estatales sobresalientes son aquellas que tienen un buen nivel de confianza ciudadana y donde se reporta un alto número de puestas a disposición, dice Eduardo Guerrero Gutiérrez.

Hay una primera respuesta, políticamente correcta, que me parece muy mala. Según ésta, las mejores policías son las que cumplen con los procedimientos formales en materia de profesionalización, como la acreditación de cursos o el sometimiento rutinario de los elementos a controles de confianza. Esta evaluación termina por ser superficial, pues comúnmente nadie cuestiona si tales cursos o pruebas de polígrafo tienen realmente el impacto deseado en el desempeño del personal policial.

Los ciudadanos nos ofrecen una mejor alternativa. Hay siete estados donde, de acuerdo con el más reciente levantamiento de la Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Pública el INEGI (Envipe), al menos dos terceras partes de la población dicen confiar “mucho” o “algo” en la policía estatal. Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Aguascalientes, Nuevo León y Sinaloa conforman la lista. Colima, Puebla y Querétaro siguen, para completar el top ten de la confianza ciudadana.

Que la gente confíe en la policía estatal ya es ganancia, pero no lo es todo. La confianza tiende a ser alta ahí donde la incidencia delictiva es baja. Algo que en parte es resultado del desempeño de todas las instituciones de seguridad (de los tres órdenes de gobierno), pero que también es, y seguirá siendo, consecuencia de otros factores. En el Valle de México, como en todas las megalópolis del mundo, hay riesgos que no existen en el ámbito rural o en ciudades pequeñas. Esta complejidad explica en buena medida que la policía capitalina y la policía estatal del Edomex se encuentren entre las peor evaluadas por los ciudadanos. Lo anterior también explica que el grueso de la población en Oaxaca confíe en la policía estatal. La mayoría de los oaxaqueños vive en localidades pequeñas, donde las oportunidades para el delito son mínimas.

También es importante subrayar que no todas las corporaciones estatales tienen las mismas responsabilidades. En algunos estados, como Puebla y Yucatán, la Secretaría de Seguridad tiene a su mando el cuerpo de bomberos, o algunas tareas de protección civil. Lo anterior ofrece una excelente oportunidad a la policía estatal de mostrar una cara amable.

En contraste, en los estados en los que operan grupos criminales de mayor peligrosidad, la policía estatal hace frente a una disyuntiva. Puede optar simplemente por capitular. Ésta ha sido la respuesta en varios de los estados que, en el momento en el que estalló una crisis de violencia criminal, tenían menor grado de desarrollo institucional o corporaciones estatales con un menor número de elementos.

En contraste, en otros estados, la gobernadora o gobernador ha optado por plantar cara a la delincuencia por medio del fortalecimiento de la policía estatal. Algunos ejemplos son la Fuerza Civil de Nuevo León, que se construyó durante el último tramo del gobierno de Rodrigo Medina, o la policía de Tamaulipas durante la gestión de Francisco García Cabeza de Vaca, quien mandó a entrenar a Estados Unidos a un Grupo de Operaciones Especiales (Gopes).

La decisión de entrarle de lleno al combate al crimen organizado es difícil, y no necesariamente genera réditos políticos. Entre otros muchos riesgos, aumenta exponencialmente la probabilidad de que la policía estatal incurra en violaciones graves a los derechos humanos. Aunque estos abusos en ningún caso deben ser solapados, me parece todavía más ominosa la alternativa: dejar a la delincuencia adueñarse de una porción del territorio, con la esperanza de que, si las cosas se ponen demasiado feas, el gobierno federal intervendrá. En los estados en los que se ha seguido esta lógica, y la policía estatal se mantiene relativamente al margen del combate al crimen organizado, es donde han ocurrido las peores crisis humanitarias, en la forma de masacres de familias y hasta localidades enteras, y desplazamientos masivos de población.

Entonces, ¿hay algún indicador para identificar a aquellas corporaciones estatales que son más activas en el combate a la delincuencia y que pueda utilizarse como un indicador complementario a la confianza ciudadana? No hay ninguno específicamente diseñado con tal finalidad. Sin embargo, me parece que hay información útil en el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, también del INEGI (que en su edición más reciente reporta cifras de 2020). Aunque las cifras de este censo son autorreportadas por las propias corporaciones –y por lo mismo deben tomarse con un poco de cautela–, son la mejor alternativa para entender qué hacen de forma cotidiana las y los policías estatales.

En particular, en el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal se hace una serie de preguntas sobre “puestas a disposición”. Es decir, cuando la policía detiene a alguien y lo presenta ante otra autoridad. En el censo también se registra el motivo de las detenciones y ante qué autoridad se realizó la puesta a disposición. La variación entre las corporaciones de distintas entidades federativas es fascinante. Aguascalientes reportó que cada elemento de la policía estatal realizó en 2020 más de 150 puestas a disposición de personas (es decir, poco menos de una puesta a disposición por día hábil). En contraste, el promedio nacional fue de 3.3 puestas a disposición por cada elemento de la policía estatal.

Me inclinaría por decir que las policías estatales sobresalientes son aquellas que tienen un buen nivel de confianza ciudadana y donde se reporta un alto número de puestas a disposición. Aguascalientes, Querétaro y Yucatán entrarían dentro de dicho grupo (en contraste con Chiapas y Oaxaca, donde la policía estatal detiene a muy pocas personas, y los bajos niveles de incidencia delictiva se explican básicamente por factores sociodemográficos).

Ésta es, por supuesto, sólo una primera aproximación al tema. Es necesario ponderar que no todas las puestas a disposición son iguales. Una cosa es llevar infractores menores ante un juez cívico y otra muy distinta, presentar delincuentes peligrosos ante el Ministerio Público. Es necesario entender también la forma como operan las policías en estados donde la incidencia delictiva y la violencia criminal son altas, y reconocer a aquéllas que hagan un buen trabajo, incluso en un contexto difícil. Sin embargo, me parece necesario comenzar a dirigir la atención hacia las acciones de la policía y los resultados obtenidos, en lugar de simplemente evaluar el cumplimiento formal de compromisos en materia de capacitación o controles de confianza.

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