La comunicación social del Ejército no es sutil, de forma que, cuando Sedena quiere mandar un mensaje, no hay mucho margen para interpretaciones y equívocos. La semana pasada vimos una de estas campañas comunicacionales de corte militar con motivo del nuevo despliegue de elementos federales en la Tierra Caliente de Michoacán. Cientos de medios, nacionales y locales, publicaron notas donde se replicaba, casi palabra por palabra, el boletín ‘Ejército mexicano fortalece el Estado de derecho en 43 localidades de Michoacán’, fechado el pasado 9 de febrero.
Es habitual que la prensa reproduzca fragmentos de los boletines gubernamentales. Sin embargo, el operativo en Michoacán recibió una cobertura relativamente extraordinaria. El Ejército tiene una poderosa razón para cacarear este nuevo intento por pacificar Tierra Caliente: es necesario marcar una diferencia con el largo historial de fracasos del pasado y comunicar que, ahora sí, el Estado mexicano recuperará en serio el control territorial de las localidades de Aguililla y de los municipios aledaños, donde desde hace meses la delincuencia había logrado impedir el libre tránsito de la población. Sedena busca enfatizar los siguientes cuatro puntos:
Primero. Quedaron atrás los tiempos de Silvano Aureoles, marcados por la desconfianza, y ahora el gobierno federal actúa de la mano de la administración estatal del morenista Alfredo Ramírez Bedolla.
Segundo. Esta intervención es masiva. Ahí están las fotos de lo que parecen cientos de soldados ingresando a la cabecera municipal de Aguililla, y el recuento de los decomisos de vehículos y armas, así como de las decenas de localidades y tramos carreteros que fueron liberados en cuestión de un par de días.
Tercero. Van contra el CJNG, no necesariamente contra sus rivales. Toda la información que se ha dado a conocer sobre el operativo hace pensar que el objetivo central es expulsar de Tierra Caliente a dicha organización. De forma simbólica, se dio a conocer que el jueves el Ejército entró a Naranjo de Chila, lugar de nacimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
Cuarto. Con los rivales locales del CJNG (agrupados bajo el nombre Cárteles Unidos) se buscará seguir una estrategia de pacificación. No se dan mayores detalles, pero en el boletín se señala que el operativo ha buscado evitar “la confrontación con la base social de las organizaciones delictivas”. También se mencionan las mesas de diálogo que se realizan desde hace meses en las comunidades de Tierra Caliente.
Este último punto será clave para determinar si el nuevo operativo en Michoacán será en el largo plazo un éxito o un nuevo eslabón en la cadena de fracasos del pasado (como el Operativo Michoacán que Felipe Calderón lanzó a principios de su sexenio o la intervención que el gobierno de Peña Nieto instrumentó en 2014 como respuesta al levantamiento de grupos de autodefensa encabezados por el doctor José Manuel Mireles).
Los fracasos demuestran que efectivamente hay un enorme riesgo de confrontación con la ‘base social’ de la delincuencia. En 2014 fueron frecuentes los incidentes en los que soldados eran agredidos por comunidades enteras. Para evitar una tragedia es indispensable, en algunos casos, buscar un ingreso negociado del Ejército. Sin embargo, tampoco se puede esperar que la paz se alcance automáticamente con la simple expulsión o desarticulación del bando más violento dentro del conflicto criminal (como fueron Los Caballeros Templarios en tiempos de Peña Nieto o como lo es actualmente el CJNG).
El problema de fondo en la Tierra Caliente de Michoacán es que, efectivamente, la delincuencia tiene una base social importante, sostenida por los narcolaboratorios que han proliferado por toda la región. La dinámica criminal también ha orillado a la población a armarse y a formar milicias o grupos de autodefensa que eventualmente terminan por ser dominados por intereses criminales. En tiempos de Peña Nieto se cometió el error de intentar, con un simple cambio de nombre, legitimar a las autodefensas. En la mesa de diálogo que operó de manera intermitente en Aguililla durante el año pasado, una queja que se escuchó es que, con la llegada del Ejército, también se favorecía la operación de uno de los grupos criminales locales.
El gobierno de AMLO y el Ejército tienen una difícil tarea por delante. Para reconstruir la paz es necesario un desarme de las numerosas milicias que operan en la región, y que se han salido completamente de control en los últimos años debido al ingreso del CJNG. Ese desarme sólo será posible si se cumplen varias condiciones, pero hay dos que resultan críticas: que la gente deje de temer que en algunas semanas o meses el Ejército se retire y los comandos armados del CJNG vuelvan a apropiarse de los caminos y las comunidades; y que haya gobiernos locales que no estén identificados con ningún actor criminal. El camino para la paz en Tierra Caliente sigue siendo incierto.