Eduardo Guerrero Gutiérrez

Uso de la fuerza letal: diálogo de sordos

El “mátalos en caliente” se atribuye a Porfirio Díaz, pero se ajusta bien a algunas de las actuaciones más sangrientas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal en años recientes.

Hay un abismo entre el discurso del Presidente y las denuncias y señalamientos de la comunidad de expertos y activistas en materia de derechos humanos. Claramente el Presidente se ha empeñado en agraviar a dicha comunidad, al extremo de sugerir hace unas semanas que la defensa de los derechos humanos, junto con otros nuevos derechos como el feminismo y el ambientalismo, son algo así como un invento de los neoliberales para distraer y robar a sus anchas.

No es noticia que AMLO ha descalificado una y otra vez a la sociedad civil. Pero en las mañaneras ha recalcado, también una y otra vez, que en su gobierno se terminó el “mátalos en caliente” (frase que se atribuye originalmente a Porfirio Díaz, pero que se ajusta bien a algunas de las actuaciones más sangrientas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal durante años recientes).

Más allá del encono, sería necesario abrir un debate serio sobre el uso que las instituciones del Estado mexicano hacen de la fuerza letal. En este sentido me parece importante retomar una nota, firmada por Arturo Ángel, que se publicó el pasado 29 de noviembre en Animal Político. En dicha nota se presentan algunas cifras que son resultado, tanto del trabajo de investigación de dicho medio como del Monitor de Uso de la Fuerza Letal (un instrumento de análisis construido por expertos de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela).

El título de la nota de Animal Político (’Crece letalidad con AMLO’) deja ver el spin que se buscó dar a la información. Sin embargo, uno de los primeros hallazgos que se reporta es que, durante el actual gobierno, la participación de elementos de Sedena en enfrentamientos con criminales disminuyó. Desde que AMLO rindió protesta, en promedio, se ha registrado un enfrentamiento cada 36 horas. En contraste, el promedio durante el sexenio de Peña Nieto fue de un enfrentamiento cada 30 horas y con Calderón uno cada 24 horas.

Este primer hallazgo es consistente con las cifras que arroja el monitoreo de medios que yo coordino. Como mencioné recientemente en este espacio, de acuerdo con mi seguimiento, en 2018 hubo 54 masacres –con cuatro o más muertes– en las que participaron autoridades. En 2019 la cifra bajó a 48, y para 2020 a 36. Es decir que, en términos generales, con el gobierno de AMLO se ha observado una menor participación de autoridades federales en enfrentamientos, y muy probablemente también haya disminuido el número absoluto de personas abatidas en dichos enfrentamientos.

Por otra parte, en la nota de Animal Político se destaca que, a pesar de esta menor participación de Sedena en enfrentamientos, durante el actual gobierno el índice de letalidad del Ejército es de seis agresores muertos por cada herido. Dicho texto enfatiza que este indicador se sitúa por encima del nivel registrado en el gobierno de Peña Nieto.

Desafortunadamente, el análisis se hizo a partir de cifras oficiales. Es altamente probable que, a lo largo de la última década, el propio Ejército haya optado por ocultar los abusos más graves cometidos, pero que el grado de ocultamiento no haya sido uniforme a lo largo del tiempo. Considerando lo anterior, no es posible hacer comparaciones certeras entre sexenios cuando se utilizan datos oficiales. Es decir, no sabemos si con Peña Nieto el Ejército era efectivamente menos letal, o si simplemente tendía a ocultar más a los civiles muertos en enfrentamientos (algo que no sería extraño después de hechos como los ocurridos en Tlatlaya en 2014).

Creo que hay algunos indicios para pensar que AMLO al menos intentó moderar el uso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, en el despliegue de la Guardia Nacional. Por supuesto, esto no ha significado de ninguna manera que se terminen las ejecuciones extrajudiciales. Como se relata en la nota de Animal Político, no hay que ir muy atrás para encontrar casos preocupantes, como el enfrentamiento que tuvo lugar en septiembre de este año en Coahuila, en el marco del Operativo Noreste, con saldo de nueve civiles abatidos.

En los hechos, la instrucción del Presidente de dejar atrás el “mátalos en caliente” ha significado que las instituciones de seguridad del gobierno federal saquen las manos y que eviten confrontaciones. Un planteamiento adicional, igualmente importante, es definir si, en aquellos casos en los que el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional todavía intervienen, se ha logrado reducir el índice de letalidad, o si éste ha aumentado. Lo más probable es que nos quedemos en un diálogo de sordos. Sin una colaboración estrecha para documentar y validar la actuación del Ejército y la Guardia Nacional en operativos, será imposible evaluar con certeza cómo ha evolucionado la letalidad en el actual gobierno.

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