Durante la campaña electoral de 2012 se filtró un audio en el que se escucha a Josefina Vázquez Mota, en ese entonces candidata a la presidencia, diciéndole a un colaborador: “Manda un saludo cariñoso a Genaro García Luna que nos graba, en lugar de grabar al Chapo”. Algo debía saber Vázquez Mota para pensar que el entonces secretario de Seguridad Pública la espiaba. Nada se demostró, pero es muy probable que ella, junto con muchos otros políticos, líderes de opinión y empresarios, fueran ilegalmente espiados desde el búnker de la Policía Federal en Constituyentes.
El espionaje desde el Estado es un mal necesario. En un mundo sin terrorismo, sin cárteles y sin corrupción de alto nivel, sería preferible que no existiera. La secrecía propia de las agencias de inteligencia alienta todo tipo de abusos y malos manejos, al grado que es imposible saber a ciencia cierta para quién trabaja un agente. Incluso en las instituciones más consolidadas de vez en cuando surgen escándalos. Una búsqueda rápida en internet de las palabras “Ana Belén Montes” revela cómo Fidel Castro se burló de la CIA por años, valiéndose de una brillante estructura de agentes dobles, que filtraban información según los intereses del régimen cubano.
Lo único que ha salvado a la CIA, y las demás agencias norteamericanas del completo desprestigio, es que, aunque de cuando en cuando algunos de sus elementos cometan abusos o sean infiltrados, existe una comunidad amplia de profesionales, que ha hecho carrera al interior de cada organización a lo largo de décadas. Estos profesionales no le deben el puesto a nadie y no pueden ser removidos sin mayor explicación. Gracias a esa comunidad, los agentes corruptos –incluso los más encumbrados– terminan por caer tarde o temprano, de forma que es muy poco probable que un interés externo o un grupo criminal llegue a imponerse, más allá de alguna unidad aislada, en una agencia como la CIA. Dicho sea de paso, también gracias a esa comunidad fue posible evitar que se concretaran algunos de los peores excesos de Trump durante sus cuatro años en la Casa Blanca.
Esta comunidad de inteligencia, conformada por profesionales políticamente neutrales, es una pieza clave que ha estado ausente en la política de combate al crimen organizado en México. Tener una comunidad de inteligencia consolidada y autónoma permitiría tener una idea más clara sobre los contornos y los alcances de la delincuencia, y planear operativos más eficaces y menos riesgosos. Más importante todavía, permitiría atajar a tiempo los constantes intentos de los criminales por cooptar a las corporaciones policiales y las fiscalías de algunos estados, así como investigar el creciente papel de la delincuencia en las elecciones. No hay que olvidar que los cárteles y las mafias en México son poderosos, no tanto por el dinero o las armas a su disposición, sino porque han sido capaces de hacerse con el control de una parte del aparato de seguridad pública y de procuración de justicia.
El Cisen, a lo largo de sus años de desarrollo, formó algunos cuadros especializados. Sin embargo, ningún gobierno estuvo dispuesto a dejar de utilizarlo, al menos en parte, como un instrumento para proteger sus intereses políticos. Por regla general sus directores y sus principales mandos eran allegados del presidente o del secretario de Gobernación en turno (en contraste con lo que ocurre en otros países, donde las agencias suelen estar al mando de funcionarios que hicieron carrera en la propia comunidad de inteligencia). Por otra parte, la fortaleza del Cisen ha estado siempre en el ámbito de gobernabilidad (la radicalización de sindicatos, y de organizaciones agrarias y comunitarias), no en materia de crimen organizado.
Con el tiempo, la División de Inteligencia de la Policía Federal pudo haber llenado el vacío. Sin embargo, creció demasiado rápido. En unos pocos años en el sexenio de Calderón se reclutaron cientos de elementos. Rápidamente llegaron a ser 2 mil 500 agentes. Sin la experiencia y el peso institucional que sólo dan los años, la División de Inteligencia inevitablemente se convirtió en un instrumento al servicio de García Luna y su equipo. La sospecha de Vázquez Mota, y de muchos más, de que eran espiados por García Luna, nunca se probó, pero es perfectamente plausible. En este sexenio la División de Inteligencia fue transferida sin pena ni gloria a la Guardia Nacional, donde tiene un papel marginal. Los operativos de alto perfil se suelen plantear como siempre; a partir de la inteligencia que los norteamericanos generan y que comparten según les conviene.
Habría que aprender de los errores del pasado. Si algún gobierno en el futuro busca generar mejor inteligencia para combatir al crimen organizado, en lugar de intentar crear de forma exprés una nueva agencia, lo sensato sería que empezara poco a poco, formando unidades especializadas compactas y estrechamente vigiladas. Estas pequeñas unidades no podrían hacerse cargo de todo, pero tal vez sí podríamos confiar en ellas para que se ocupen de lo verdaderamente prioritario: detectar a tiempo los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades en las zonas de mayor riesgo.