Eduardo Guerrero Gutiérrez

Un pacto político para la paz

Un combate eficaz y duradero de la violencia necesariamente pasa por restablecer la independencia de las autoridades locales y estatales frente al crimen organizado.

AMLO inició su administración con un llamado a la paz y con una actitud paternalista hacia el crimen organizado; actitud que se resumía en una frase: abrazos, no balazos. Habrá quien no coincida, pero me parece que esta postura no fue meramente retórica. A partir de diciembre de 2018 comenzamos a advertir un cambio en la forma de operar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal (que, a la par, se transformaba en Guardia Nacional). A pesar de la supuesta militarización de la seguridad, en los hechos observamos que con AMLO la fuerza pública se alejó gradualmente de la lógica de guerra que marcó los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto.

El rasgo más notorio de este viraje ha sido la ausencia de episodios como los que tuvieron lugar en Tlatlaya en 2014 (la ejecución extrajudicial de 22 personas por parte de elementos de la Sedena) o en Tanhuato un año después (otra ejecución extrajudicial masiva, de 42 personas, esta vez perpetrada por policías federales). Las cifras disponibles confirman que hubo una disminución gradual de las confrontaciones letales entre autoridades y criminales a lo largo del sexenio. De acuerdo con Lantia Intelligence, en 2018 se registraron 54 masacres, con cuatro o más muertes, en las que participaron autoridades. Para 2019 la cifra disminuyó a 48, y para 2020 a 36. Al menos en alguna medida, el gobierno de AMLO cumplió su parte de la promesa de abrazos.

Desafortunadamente, lo anterior no se ha traducido en una pacificación del país. Una de las razones del fracaso tiene que ver con la lógica de negocios de los criminales. A principios de este sexenio anticipaba que, incluso si el gobierno renunciaba a golpear al crimen organizado, incluyendo los operativos de captura de líderes, que generalmente son los que más duelen, la violencia no disminuiría. Aunque quisieran, los grandes líderes del crimen organizado no pueden frenar el conflicto. La violencia es un componente esencial de algunos de sus negocios más rentables, como el cobro de cuota. Más importante todavía, los enormes ejércitos privados que han reclutado, y que no siempre actúan de forma dócil, instintivamente buscan expandirse y apropiarse de los negocios de organizaciones rivales.

Como en tantos otros temas, AMLO hábilmente ha encuadrado su política de seguridad en términos maniqueos; su promesa de paz en oposición al “mátalos en caliente” de sus antecesores. Por supuesto, se trata de una falsa disyuntiva. La dolorosa lección de los últimos tres años es que no habrá un desarme voluntario de la delincuencia. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya otras alternativas. Frente al fracaso, es necesario pensar en escenarios –más allá del exterminio o de la fantasía de pensar que el problema se resuelve con las capturas de algunos capos famosos– en los que sí sería posible imponer una reducción en el uso de la violencia por parte del crimen organizado.

Ya he hablado previamente sobre algunas de las características que estas otras alternativas podrían tener, en particular la concentración de operaciones en algunas pocas entidades federativas o en contra de un grupo criminal que pueda ser identificado como el más violento (como se hizo en contra de Los Zetas, con relativo éxito, en 2011 y 2012). Como explicaba aquí hace una semana, creo que AMLO tiene la mesa puesta para lograr un avance en este sentido en los próximos tres años.

Sin embargo, cualquier avance puede ser efímero. El problema de fondo que hasta ahora ha impedido una pacificación duradera del país es político. Los grupos criminales incurren en todo tipo de excesos porque saben que operan al amparo de las redes de protección que han construido al interior de las propias instituciones del Estado. Ésa es la constante que encontramos cuando analizamos de cerca las comunidades en las que la violencia se ha vuelto cotidiana: compadres de los criminales que despachan en los ayuntamientos o en la Fiscalía estatal, intervención de la delincuencia en campañas políticas, corporaciones municipales que fueron cooptadas o que, de plano, se esconden cuando reciben aviso de que un comando armado de la delincuencia no quiere que le estorben. Este año constatamos que, más que nunca, el crimen organizado quiere ser un jugador protagónico en el ámbito electoral.

Un combate eficaz y duradero de la violencia necesariamente pasa por restablecer la independencia de las autoridades locales y estatales frente al crimen organizado. Sin embargo, nadie se ha atrevido hasta ahora a poner sobre la mesa una ruta para lograrlo. Ello implicaría, de entrada, un acuerdo entre las cúpulas de todos los partidos, pues ninguna fuerza política se va a lanzar en solitario a asumir el enorme costo político que implicaría. También significaría marginar a muchos y romper lealtades al interior de los grupos que dominan la política en varias regiones del país.

Para hacer realidad lo anterior serían necesarias medidas mucho más estrictas para aislar, tanto a las campañas como a los candidatos, de la influencia criminal. Por ejemplo, un background check robusto para todos los candidatos y una revisión seria del origen del financiamiento político. En fin, sería cuestión de dar mucho más dientes a algún árbitro, que en principio debería ser el INE, para vigilar que la delincuencia no siga metida de lleno en las elecciones. ¿Suena a algo que vaya a pasar en el futuro próximo? No.

COLUMNAS ANTERIORES

¿Será 2022 un año de apogeo para los paramilitares?
Cuauhtémoc Blanco: cuando el río suena…

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.