Eduardo Guerrero Gutiérrez

AMLO tiene la mesa puesta

La pandemia y el consiguiente cierre de actividades contribuyeron con la disminución de algunos delitos.

Estamos a pocos días de que culmine la primera mitad del sexenio. Al igual que sus predecesores, en cuestión de seguridad, hasta ahora AMLO ha fracasado en lo medular: poner fin a la crisis de violencia homicida generada por el crimen organizado. Salvo que haya un cambio de aquí a fin de año, 2021 cerrará con unos 33 o 34 mil homicidios dolosos, prácticamente la misma cifra que la del último año del gobierno de Peña Nieto (que, dicho sea de paso, en su momento fue un año récord en materia de homicidios).

Sin embargo, no diría que los resultados de la 4T en materia de seguridad han sido hasta ahora desastrosos. En contraste con el homicidio doloso –que se ha estabilizado en niveles críticos–, la delincuencia común ha disminuido de forma perceptible. La pandemia, y el consiguiente cierre de actividades, contribuyeron con la disminución de algunos delitos (en particular los robos en la calle y en el transporte público que, sólo de 2019 a 2020, cayeron 24 por ciento). Sin embargo, también hay indicios de que la disminución de la incidencia delictiva comenzó durante el primer año de AMLO, y de que no estamos observando un ‘rebote’ generalizado con el fin del confinamiento. Por ejemplo, en el tercer trimestre de 2021 se denunciaron en todo el país 36 mil 346 robos de vehículos. Esta cifra está 15 por ciento debajo de la reportada en el primer trimestre de 2020 (justo antes de la pandemia), y es 33 por ciento menor a la del cuarto trimestre de 2018.

El indicador más contundente de que la delincuencia común va cayendo es que los mexicanos nos sentimos más seguros. De acuerdo con el más reciente levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), del Inegi, en septiembre pasado 64.5 por ciento de la población de las principales ciudades del país dijo sentirse insegura. Dicho porcentaje no sólo es significativamente menor al que se reportó en diciembre de 2018 (73.7 por ciento), sino que es el más bajo de toda la serie histórica de la Ensu, que comienza en 2013.

Creo que en los próximos tres años habrá una ventana de oportunidad para lograr una reducción significativa de la violencia. De hecho, a lo largo de este sexenio se ha logrado una cierta pacificación de entidades que hacían frente a una situación crítica hacia 2018. En términos generales, esta pacificación ha tenido lugar ahí donde gobierna Morena (como es el caso de la CDMX, donde los asesinatos del crimen organizado disminuyeron 43 por ciento al comparar el último trimestre de 2018 con el tercer trimestre de 2021), así como en estados que podríamos llamar de oposición ‘nominal’, donde el gobernador buscó mantener una postura conciliadora con el gobierno federal (el de Héctor Astudillo en Guerrero, que es donde la violencia letal más disminuyó en términos absolutos, es el ejemplo más claro).

El problema es que, en contraste, los homicidios literalmente explotaron en algunos estados con gobiernos que mantuvieron una actitud beligerante hacia el Presidente, como Chihuahua y Michoacán, así como en estados que tenían gobiernos de oposición y que fueron incendiados por conflictos criminales, como Sonora y Zacatecas.

Cada caso es distinto. Sin embargo, más allá de afinidades o diferencias políticas, un factor que probablemente tuvo un impacto sobre los niveles de violencia en todo el país fue, por un lado, la desarticulación de la Policía Federal y, por el otro, la gradual consolidación de la estructura de coordinación entre la Guardia Nacional y las autoridades locales, por medio de mesas para la construcción de la paz. Me parece plausible que, de manera consciente o inconsciente, el gobierno haya privilegiado que esta estructura de coordinación no sólo se instalara formalmente, sino que en los hechos fuera operativa, ahí donde había un mejor entendimiento político.

En lo que resta del sexenio el gobierno federal tendrá la mesa puesta para hacer que el modelo sea funcional en todo el país y, sobre todo, en aquellos estados donde su implementación resulta crítica. Para empezar, por la propia evolución y crecimiento en términos presupuestales de la Guardia Nacional. En segundo lugar, porque la mayoría de l@s gobernador@s entrantes son de filiación morenista, incluyendo Sonora y Zacatecas, y porque incluso entre algunos de los opositores duros que quedan, como Enrique Alfaro en Jalisco, se advierte un mayor interés en colaborar con Palacio Nacional. La Alianza Federalista, ese frente de gobernadores refractarios que tuvo cierto protagonismo el año pasado, se desinfló por completo (su página de internet ni siquiera se ha actualizado para quitar y poner a los mandatarios que cambiaron en los últimos meses).

En este contexto, se podría lograr a partir de 2022 una disminución importante del homicidio si la Guardia Nacional se enfocara en la pacificación de cinco o seis de los estados con los que se pueda establecer una buena relación de trabajo y que actualmente se encuentran en crisis. Baja California, Chihuahua, Michoacán, Sonora y Zacatecas serían candidatos lógicos, pues en el trimestre pasado concentraron 40 por ciento de los homicidios vinculados con el crimen organizado. Dentro de cada estado se podría trabajar para identificar y desarticular a las principales células que generan violencia, como se hizo en Guerrero en 2019. Lo anterior tendría mucho más impacto que el despropósito de dispersar esfuerzos en los 50 municipios con más homicidios del país, como se ha manejado hasta ahora.

COLUMNAS ANTERIORES

Una agenda pendiente: inteligencia y crimen organizado
Un pacto político para la paz

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.