Eduardo Guerrero Gutiérrez

Poder criminal en México: el punto de no retorno

No podremos avanzar hacia la pacificación en tanto el crimen organizado siga teniendo injerencia en los nombramientos de mandos policiales, comenta Eduardo Guerrero Gutiérrez.

Trece años. El tiempo que México lleva sumido en una crisis de violencia criminal. Para los jóvenes que apenas empiezan a incorporarse a la vida laboral, escuchar noticias sobre ejecuciones, enfrentamientos y narcobloqueos ha sido el pan de cada día, al menos a lo largo de su adolescencia. Trece años es un largo trecho. El mundo también se ha acostumbrado a vernos como una nación violenta. En los estereotipos globales sobre lo mexicano, la imagen pintoresca del Día de Muertos se mezcla y se confunde con el folclore del narco, de los sicarios y de la violencia armada.

Hace algunos días recibí algunas preguntas –formuladas para orientar una discusión con estudiantes de posgrado en una universidad estadounidense– sobre el panorama de seguridad: ¿el poder del crimen organizado en México ha alcanzado un punto de no retorno? ¿Puede el Estado mexicano recuperar control sobre su territorio? ¿Cuál es el papel que Estados Unidos puede desempeñar al respecto? Las preguntas son provocadoras, pero no descabelladas. Reflejan lo que buena parte de la gente al norte de la frontera piensa sobre México, incluyendo a altos funcionarios en el gobierno y el Ejército.

Hace unos meses, el general Glen VanHerck, titular del Comando Norte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, causó cierto revuelo al afirmar que entre el 30 y el 35 por ciento del territorio mexicano está bajo control del crimen organizado. Una declaración alarmista y una cifra sin mayor sustento. Sin embargo, en su momento el dato resultó perfectamente creíble para un público acostumbrado a escuchar noticias y ver imágenes de la violencia mexicana.

Lo impensable en cualquier país (al menos cualquiera que no esté en guerra civil) se ha vuelto más o menos habitual en México. No sólo hay, de manera cotidiana, enfrentamientos entre comandos armados. El crimen organizado también bloquea caminos por días o semanas, ataca establecimientos en destinos turísticos, obliga a comunidades enteras a desplazarse y destruye infraestructura. Mientras esta realidad no cambie, en el exterior tendrá sentido preguntar si en México es viable una solución doméstica, o si el país se dirige gradualmente a un escenario de ingobernabilidad extrema; si acaso en un futuro no muy lejano, tal vez en dos o tres lustros, será necesaria alguna forma de intervención militar externa.

No creo que México haya alcanzado todavía ese punto de no retorno. Bajo el liderazgo correcto, nuestras instituciones todavía podrían ser capaces de reformarse y de recuperar el control efectivo de todo el territorio y la paz. Coincido en cierta medida con la posición que expresó hace unas semanas el canciller Ebrard. No necesitamos que los americanos nos manden más armas ni más helicópteros. El problema de fondo no es que el Estado mexicano no tenga poder de fuego suficiente para hacer frente a los criminales.

Me temo, sin embargo, que el retorno es hoy más difícil que nunca. No podremos avanzar hacia la pacificación en tanto el crimen organizado siga teniendo injerencia en los nombramientos de mandos policiales (o de plano controle corporaciones policiales o ayuntamientos completos), y mientras siga corrompiendo o intimidando a elementos de las Fuerzas Armadas. Desafortunadamente, la clase política simplemente no ha reconocido que es necesario tomar medidas contundentes para acotar la penetración criminal sobre las instituciones de los tres órdenes de gobierno. Por el contrario, se ha permitido que los criminales desempeñen un papel cada vez más protagónico en la política. En las pasadas elecciones no sólo fue inédito el número de agresiones contra candidatos. La intervención también fue cualitativamente distinta. En algunas partes de Sinaloa, en la víspera de la elección, el Cártel del Pacífico secuestró prácticamente por completo a la maquinaria electoral del PRI.

Poner freno a la cooptación criminal de las instituciones del Estado es una labor que nos corresponde primordialmente a los mexicanos. Sin embargo, Estados Unidos y otros países podrían apoyar a México en la difícil tarea de limpiar sus instituciones. En cierto sentido ya lo hacen. Al norte de la frontera las agencias de seguridad y los fiscales tienen una herramienta que, a diferencia de los helicópteros, las autoridades en México no pueden comprar ni construir en el corto plazo: una red de informantes, que les permite contar con evidencia clave para llevar a juicio a funcionarios corruptos (se trata principalmente de criminales que fueron detenidos allá y que buscan colaborar para obtener algún beneficio).

Es por esa razón que las investigaciones más importantes contra funcionarios mexicanos vinculados con el crimen organizado, como la de García Luna y algunos de sus colaboradores, fueron iniciadas allá por el Departamento de Justicia, y no acá por la Fiscalía General de la República. Sin embargo, los juicios que se llevan en el exterior contra funcionarios y mandos mexicanos, aunque son de alto perfil, son apenas una gota en el océano de penetración criminal al interior de nuestras instituciones. Si queremos evitar llegar al punto de no retorno, es urgente encontrar otras formas de limpiar la casa.

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