Eduardo Guerrero Gutiérrez

¿Chiapas, al borde de la guerra civil?

Hablar de guerra civil probablemente sea un exceso retórico. Aun así, es innegable que la violencia y la conflictividad en Chiapas han tenido un aumento vertiginoso.

El viernes pasado un contingente afín al EZLN tomó las instalaciones de la representación del gobierno de Chiapas, ubicadas en el número 22 de la calle de Toledo, en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Poco antes, los zapatistas habían difundido un comunicado en el que denunciaban que el estado, gobernado por el morenista Rutilio Escandón, se encuentra al borde de la guerra civil. Hablar de guerra civil probablemente sea un exceso retórico. Aun así, es innegable que la violencia y la conflictividad en Chiapas han tenido un aumento vertiginoso en los últimos meses.

Por años, mientras otros estados se incendiaron, Chiapas permaneció en relativa calma. El estado estaba hasta cierto punto blindado. No por instituciones sólidas ni por gobiernos eficaces, pero sí por una conveniente ausencia de grandes negocios criminales. Chiapas queda lejos de las principales rutas de tráfico de droga, que corren de los puertos del Pacífico, como Lázaro Cárdenas y Manzanillo, a la frontera norte. Tampoco pasan por el estado grandes ductos que permitan a los huachicoleros operar a gran escala, como ocurre en Puebla. Incluso la ausencia de una economía dinámica de agroexportación –como la que ha surgido en Michoacán gracias al cultivo de aguacate– hacía que las zonas rurales del estado resultaran poco atractivas para las mafias dedicadas a extorsionar productores.

A lo anterior hay que agregar que la cohesión de las comunidades indígenas chiapanecas también ha contribuido a evitar que la delincuencia arraigue en el estado (de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en 2020 Chiapas fue, por mucho, el estado con la menor incidencia delictiva del país).

Desafortunadamente, la frágil paz que las comunidades zapatistas y el gobierno habían logrado mantener en Chiapas desde los 90 está llegando a su fin. En lo que va de 2021, el número de víctimas letales del crimen organizado ha aumentado 58 por ciento. Junio, julio y agosto fueron particularmente violentos.

La semana pasada los zapatistas alzaron la voz ante la privación de la libertad de dos líderes indígenas en Ocosingo. Sin embargo, otros focos de conflicto se han prendido. En Pantelhó se teme que, si la alcaldesa electa toma protesta, como se tiene contemplado para el viernes próximo, se susciten nuevos enfrentamientos y desplazamientos forzados de poblaciones. En Frontera Comalapa van varias balaceras en las últimas semanas. En Tapachula, y los caminos de todo el estado, se vive una auténtica crisis humanitaria ante la incapacidad de las autoridades para procesar a las decenas de miles de migrantes que actualmente buscan trasladarse a Estados Unidos.

No hay un factor único que explique el reciente deterioro de la situación en Chiapas. El aumento del flujo de migrantes provenientes de Centroamérica, de Haití y de Venezuela, sumado a la errática política del Instituto Nacional de Migración, ha contribuido a crear un enorme y lucrativo mercado de tráfico de personas, en el que no sólo están metidas bandas de polleros, sino también autobuses de pasajeros y hoteles, entre otros prestadores de servicios.

Sin embargo, el negocio criminal más boyante en Chiapas es el paramilitarismo. En varios municipios han proliferado grupos que utilizan armas de alto calibre y que alegan ofrecer protección frente a la delincuencia. Como es frecuente en muchas partes del país, de cuando en cuando aparecen mantas donde estos grupos prometen protección contra rateros, secuestradores y también contra los abusos de la policía.

La realidad es que los grupos paramilitares que operan en Chiapas, más que responder a un aumento en los delitos, son una nueva expresión de los conflictos comunitarios y políticos que desde hace décadas sacuden distintas regiones del estado. En este contexto, la espiral de conflictividad y violencia se explica en buena medida porque distintas autoridades han optado por dejar operar a los paramilitares, con el objetivo de favorecer a ciertos grupos de interés. Éste es el reclamo que los zapatistas hacen al gobierno de Rutilio Escandón, pero es un señalamiento que se replica en varios municipios. El problema es que, cuando un bando recurre al reclutamiento de paramilitares, sus adversarios inmediatamente optan por hacer lo propio. Rápidamente, las riñas se convierten en balaceras y desaparece cualquier posibilidad de diálogo.

Sería buen momento para que en Tuxtla Gutiérrez, o en su defecto en Palacio Nacional, se tomaran medidas para frenar la espiral de paramilitarismo en Chiapas, pues las células armadas que ahí operan son todavía relativamente pequeñas. Pero si el problema se subestima –como se hizo hace una década en Michoacán–, entonces el fenómeno se saldrá de control, y pasarán muchos años antes de que la paz regrese a Chiapas.

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