Desde junio pasado, los nuevos gobernadores comenzaron a tomar posesión. En los últimos días tocó turno a Baja California Sur, Chihuahua, Tlaxcala y Zacatecas. En Sonora, la toma de protesta es hoy. Uno de los momentos más esperados en estos días es el anuncio de los nuevos gabinetes. Ahí es donde empieza a ejercerse el poder, donde se recompensan lealtades y alianzas, y se reconoce el peso que tienen diversos grupos de interés en la política local. También es ahí donde –de vez en vez– los nuevos mandatarios buscan perfiles que les ayuden a resolver problemas graves o a echar a andar políticas ambiciosas. Creo que muchos mexicanos estarían de acuerdo en que la seguridad es el sector donde más falta nos hace ese último tipo de perfiles.
Desafortunadamente, me temo que algunos de los flamantes mandatarios se están dando cuenta por estos días que no tienen muchas opciones para el fichaje de sus secretarios de seguridad. De entrada, llama la atención que de los cinco estados mencionados, hay dos donde ni siquiera fue posible tener a alguien confirmado para el día del anuncio de gabinete. Es el caso en Tlaxcala, donde la gobernadora Lorena Cuéllar (Morena) tomó protesta al gabinete legal con Sergio Ramírez Manzur como encargado de despacho en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, al parecer, quien quedará como titular será Alfredo Álvarez Valenzuela, capitán retirado de la Secretaría de Marina. En Sonora, el último reporte era que Alfonso Durazo (Morena) ya tiene confirmados todos los nombres para todo su gabinete, con la única excepción de la Secretaría de Seguridad Pública.
En Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío (Morena) optó por pedir prestado, a la Secretaría de Marina, al también capitán Javier López García. En Zacatecas, David Monreal (Morena) ratificó en su cargo como secretario de Seguridad Pública a Arturo López Bazán (quien hace unos meses fue nombrado por recomendación del gobierno federal). Finalmente, en Chihuahua, el único de los estados con gobierno de oposición donde ya fue la toma de protesta, Maru Campos (PAN) nombró a Gilberto Loya Chávez, quien ha hecho carrera en corporaciones de policías municipales.
Son muchas las vueltas que da la política y ningún nombramiento es fácil de definir. Sin embargo, no creo que sea casualidad que, de los cinco estados donde se ha renovado el Ejecutivo hasta hoy, sólo en dos se tengan confirmados a secretarios de seguridad provenientes del ámbito civil.
La realidad es que asumir el cargo de secretario estatal de seguridad pública es, en buena medida, como ganarse la rifa del tigre. El riesgo personal es enorme. Los secretarios en estados violentos casi con seguridad recibirán amenazas y en algún punto tal vez se tendrán que resignar a que sus familias vivan lejos, incluso al norte de la frontera. La probabilidad de fracaso es enorme, pues van contra grupos criminales que muchas veces tienen mejor inteligencia y mayor poder de fuego que la Policía Estatal. Por lo mismo, la duración en el cargo depende, en gran medida, de mantener una buena relación con los comandantes de la Guardia Nacional y del Ejército.
Así es que muchas de las personas que estarían mejor calificadas para desempeñarse como secretarios de seguridad pública en los estados se la piensan dos o tres veces. Para colmo, los gobernadores –en teoría– no pueden ofrecer sueldos que compitan con lo que estas personas podrían ganar en el lucrativo mundo de la seguridad privada. La gente ve mal que los funcionarios públicos cobren bien, no importa si tienen a su cargo corporaciones con cientos o miles de elementos que arriesgan la vida todos los días. Por todo lo anterior, no es de extrañar que los gobernadores estén batallando para reclutar a sus secretarios de seguridad.
Ante esta dificultad, algunos optarán por contratar militares comisionados o en retiro, que al menos están cobijados por las prestaciones que les dan las Fuerzas Armadas. Otros gobernadores se resignarán a quedarse con perfiles más bajos, o con quienes les recomienden desde Palacio Nacional.
Pero otros más buscarán darle la vuelta al tema de los salarios. Es bien sabido que hay secretarios de seguridad que cobran por fuera mucho más de lo que oficialmente les paga el gobierno. En el mejor de los casos, el gobernador recurre al tradicional pase de charola. Reúne a un grupo de empresarios prominentes del estado, habla con ellos de la difícil situación con la delincuencia, se hace una vaquita para éste y para otros gastos inconfesables. Después del sablazo, los empresarios prominentes esperan, como mínimo, trato VIP. Recuerdo a un importante mando policial que me contaba que los fines de semana eran cuando su trabajo se ponía más pesado. No porque aumentara la delincuencia, sino porque era cuando le tocaba atender personalmente los incidentes de los VIP, de los hijos que se fueron de fiesta y no regresan, o los socios que salieron a hacer bici de montaña y tuvieron un accidente.
Eso, repito, es en el mejor de los casos. Además del empresariado tradicional, está la delincuencia organizada, que operó fuerte en las elecciones y que también estará muy al pendiente en ver quiénes se quedan al frente de las secretarías de seguridad en los estados. Será muy interesante hacer el análisis de los nombramientos que se hicieron en días pasados y de los que vienen en las próximas semanas.