Eduardo Guerrero Gutiérrez

¿El fin de la luna de miel con los movimientos sociales?

El regreso a clases, marcado en el calendario escolar para el próximo lunes 30, se perfila como el primer encontronazo entre AMLO y las organizaciones del magisterio, dice Eduardo Guerrero Gutiérrez.

La primera mitad de este sexenio no ha sido, ni de lejos, un tiempo tranquilo. Sin embargo, en medio de la violencia de los criminales y de los constantes pleitos de la clase política, hemos tenido un factor de relativa estabilidad. El magisterio, y los otros grandes colectivos sindicales y agrarios, esos que frecuentemente fueron el coco de los gobiernos del periodo “neoliberal”, han llevado la fiesta relativamente en paz.

Hay razones para que así haya sido hasta ahora. La 4T no buscó impulsar, como sí lo hicieron gobiernos anteriores, acciones que golpearan donde duele a los actores más combativos del país. En los 32 meses que AMLO lleva en Palacio Nacional no se ha buscado nada equiparable al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, que Calderón publicó –de manera sorpresiva y corriendo un enorme riesgo– en octubre de 2009 (el decreto afectó a un sindicato de 44 mil trabajadores que controlaban nada menos que el suministro de energía del Valle de México). Mucho menos se puede hablar de algo similar a la “reforma educativa” de Peña Nieto. En ese empeño se fueron años de forcejeos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que varias veces se salieron de control.

En contraste, a pesar de la difícil situación económica y de la emergencia por la violencia que experimentan varias regiones, este gobierno no ha hecho frente todavía a movilizaciones de gran calado que impliquen un desafío serio al orden público. Ciertamente es exagerado decir que hemos tenido una luna de miel. La iniciativa privada y buena parte de lo que se conoce como organizaciones de la sociedad civil han tenido, desde el principio, una relación áspera con López Obrador. Desde inicios de esta administración, hemos observado confrontaciones con contingentes feministas, con pacientes afectados por la escasez de medicamentos, y con elementos de la antigua Policía Federal. Sin embargo, ninguno de estos grupos ha puesto en jaque al gobierno. Los grandes sindicatos del sector público, los movimientos estudiantiles y las centrales agrarias, que son los actores con más músculo, han permanecido relativamente apaciguados.

Al principio de la pandemia, como ocurrió en otros países, en México hubo preocupación por un posible rompimiento del orden público. En marzo del año pasado, hubo una ola de saqueos. En pocos días se reportaron medio centenar (algunos se consumaron y otros se quedaron en tentativa). Sin embargo, se trató de acciones instigadas por pequeñas bandas delictivas que buscaban robar artículos de valor de tiendas de autoservicio. La policía las contuvo velozmente. La pandemia terminó por ser un periodo de desmovilización y de relativo orden en las calles.

Lantia Intelligence calcula el Índice de Conflictividad (ICon), a partir de cifras estatales de un amplio catálogo de incidentes de conflictividad que incluyen, entre otras variables, protestas, manifestaciones, huelgas, toma de instalaciones, linchamientos, incendios provocados y agresiones a figuras públicas. En algunas de las entidades federativas que comúnmente han sido las más conflictivas, se observa una clara tendencia de disminución de la conflictividad. En el segundo trimestre de 2020, Oaxaca, por ejemplo, obtuvo un puntaje global de 80.3 en el ICon, que la situaba en un nivel de conflictividad crítico; para el segundo trimestre había pasado a un puntaje de 46.7. También, durante el mismo periodo, el puntaje de la Ciudad de México bajó de 49.2 a 30.3; la capital actualmente registra los niveles más bajos de conflictividad de su historia reciente.

Sospecho que esta luna de miel a medias podría terminar pronto. El fin del confinamiento, el inicio anticipado de la carrera por la sucesión presidencial, y la propia dinámica del crimen organizado podrían propiciar que, antes de fin de año, observemos un cambio en la tendencia de los incidentes de conflictividad de alto impacto.

El regreso a clases, marcado en el calendario escolar para el próximo lunes 30, se perfila como el primer encontronazo entre AMLO y las organizaciones del magisterio, en particular la temible CNTE. El reciente descalabro electoral de Morena en las alcaldías de la CDMX también supone que el gobierno de Claudia Sheinbaum va a perder parte del control y de la capacidad de negociación que hasta ahora ha tenido para apaciguar al sinfín de actores con capacidad para generar caos en la capital.

Finalmente, la violencia del crimen organizado es otro factor que va a generar una mayor movilización social en los próximos meses. Lo anterior se debe a que la frontera entre conflictos criminales y conflictos comunitarios se vuelve cada vez más borrosa. La semana pasada comentaba en este espacio el caso de la Tierra Caliente de Michoacán, donde la población ha sido arrastrada a la guerra que libran el CJNG y las mafias aliadas al Cártel de Sinaloa. No es el único. En Chiapas también hay indicios de una preocupante expansión del paramilitarismo, con lo que esto implica en términos de ingobernabilidad (bloqueos carreteros, despojo de tierras y desplazamientos forzados de comunidades). La cantidad de frentes abiertos podría volverse abrumadora.

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