Eduardo Guerrero Gutiérrez

Tan lejos de Dios y tan cerca de los fabricantes de armas

Glock, Colt y Barrett, junto con otras empresas demandadas, son grandes proveedores del crimen organizado en México.

La semana pasada la Cancillería mexicana logró sacudir a la poderosa industria norteamericana de armas al presentar, en una corte federal en Boston, una demanda contra los principales fabricantes y distribuidores. El mérito de la demanda es que exhibe un lado oscuro, y hasta ahora poco comentado, de una industria que ha sabido eludir casi cualquier intento de regulación: Glock, Colt y Barrett, junto con las otras empresas demandadas, son grandes proveedores del crimen organizado en México, que no tienen mayor escrúpulo en obtener ganancias millonarias de los conflictos armados en nuestro país.

La demanda es sensata. No lo digo desde un punto de vista jurídico, sino desde la perspectiva de un observador preocupado por la violencia en México. Como la Cancillería aclaró, México no cuestiona la Segunda Enmienda ni la idiosincrasia norteamericana en lo relativo al derecho a comprar y portar armas. Lo que se pide es una compensación por el daño que los fabricantes y distribuidores han ocasionado al vender armas de alto calibre a sabiendas de que –muy probablemente– terminarán en manos de grupos criminales en México.

De acuerdo con la Cancillería, por ejemplo, los demandados diseñan armas “para que sean fácilmente modificadas para disparar automáticamente y para que sean fácilmente transferibles al mercado criminal”. En condados fronterizos de Arizona y Texas se venden al por mayor fusiles Barrett calibre 50 y cuernos de chivo que, en la mayoría de los casos, terminan al sur de la frontera. Incluso se apunta que uno de los demandados, Smith & Wesson, llegó a una serie de acuerdos con autoridades para reformar su sistema de distribución, con el propósito de evitar el suministro de armas al mercado criminal. Sin embargo, ante presiones de la industria, optó por incumplir tales acuerdos.

La demanda es una jugada hábil de Marcelo Ebrard. Incluso si pierde, ya logró poner el tema del tráfico de armas en la agenda pública, y de paso ganarse simpatías tanto en México como en Estados Unidos. Si México gana la demanda, Ebrard logrará reconstruir su imagen, dañada tras el trágico accidente de la Línea 12 del Metro, y posicionarse nuevamente para la sucesión presidencial en 2024.

No soy abogado y no sé si las probabilidades de la Cancillería de ganar el litigio son altas, bajas o nulas. Algunos comentaristas bien informados en Estados Unidos han dicho que la demanda es un long shot (algo así como una apuesta difícil), pero que no es imposible. Sin embargo, no nos hagamos ilusiones. Una cosa es que se trate de una causa que nos simpatice, otra cosa muy distinta que algo en México vaya a cambiar a raíz del litigio, incluso en el remoto caso de que en los próximos meses y años se logre una regulación más estricta de la venta de armas al norte de la frontera.

Es muy cómodo pensar que el tráfico de armas de Estados Unidos a México es un factor que contribuye de manera decisiva a explicar nuestra actual crisis de violencia. Como señala la propia Cancillería, entre 70 y 90 por ciento de las armas recuperadas de escenas del crimen en México fueron traídas ilegalmente de Estados Unidos. Sin embargo, lo anterior no implica que, si se acabara dicho tráfico ilegal, también veríamos una mágica reducción de entre 70 y 90 por ciento de los homicidios.

Si los grupos criminales en México no tuvieran fácil acceso a armas provenientes de Estados Unidos, simplemente invertirían el doble o el triple de recursos para conseguirlas en otras partes. Se multiplicarían los robos y saqueos a los arsenales de las policías (que, por cierto, ya ocurren de cuando en cuando). Los criminales también recurrirían, como hacen en países africanos grupos armados con mucho menos recursos, a redes globales de traficantes para traer las armas desde Rusia o China. Incluso si esto último no se pudiera, en México hay un enorme inventario en manos de particulares. Este armamento seguiría recirculando por años o décadas.

Qué bueno que el gobierno de México se anime a dar un golpe, aunque sea simbólico, a una industria voraz que lucra de forma descarada con la violencia en nuestro país. Sería todavía mejor que a la par se pensara en otras estrategias legales y políticas que, en el ámbito doméstico, sí tendrían un impacto sobre la capacidad de los criminales para generar violencia.

Están, por ejemplo, los vehículos, tan esenciales para las operaciones criminales como las armas (pero mucho más difíciles de esconder y de traficar), que los criminales actualmente utilizan sin placas, con toda tranquilidad, en amplias regiones del país. Están también los predios y locales que utilizan como centros de operaciones, con pleno conocimiento de la población local, y que sólo excepcionalmente han sido sujetos a procesos de extinción de dominio. Están las falsas empresas de seguridad privada que se usan como fachada para el reclutamiento. En fin, los fabricantes de armas en Estados Unidos merecen ser sancionados, pero no son el enemigo a vencer. Hasta donde recuerdo, jamás una guerra ha concluido por falta de parque.

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