El Presidente no pierde oportunidad para refrendar su respaldo a Sedena y a Semar, así como a la nueva fuerza armada, la Guardia Nacional. También quiere dejar muy en claro que ese respaldo no es retórico, sino que quedará plasmado, año con año, en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En los últimos días, frente a mandos militares, AMLO dijo que el presupuesto para la Guardia Nacional aumentaría en 50 mil millones de pesos. Para poner las cosas en perspectiva, este año el presupuesto de dicha corporación fue de 35 mil millones de pesos. El aumento es tan desproporcionado que causó confusión. Algunos analistas entendieron que el presupuesto aumentaría de 35 mil a 50 mil millones (es decir, un 40 por ciento, ya muy abultado); otros interpretaron que a la Guardia le tocarían 50 mil millones adicionales (es decir, un incremento del 143 por ciento). Sea como sea, lo de los 50 mil millones es una cifra alegre, una ocurrencia y una barbaridad. El propio AMLO matizó poco después y anunció que el aumento se realizaría a lo largo de tres años.
Sin embargo, lo importante por el momento no es la cifra exacta que asigne la Cámara de Diputados, sino la intención inequívoca del Ejecutivo de apostarle todas las canicas que se puedan a la Guardia Nacional y, por ende, a las Fuerzas Armadas. Como ya lo he expresado antes, yo no le tengo fobia a que la Guardia Nacional esté adscrita a Sedena. Coincido con el Presidente en que contar con un cuerpo intermedio, bajo el mando de las Fuerzas Armadas, es probablemente la mejor alternativa para hacer frente, en las calles, al actual desafío de violencia criminal. Sin embargo, sí veo varios despropósitos en la visión sobre la Guardia Nacional que se trasluce en las recientes intervenciones públicas del Presidente.
El primero es la fe, que parece ciega, en la honestidad castrense. Independientemente de las virtudes que se puedan atribuir a la disciplina militar, un incremento demasiado acelerado del gasto inevitablemente genera oportunidades para el descontrol. Basta con recordar lo que ocurrió precisamente en la Policía Federal –ésa que tanto desdeña AMLO– en tiempos de García Luna, cuando el número de elementos y el presupuesto se multiplicaron en pocos años. El gasto que se deja entrever en la Guardia Nacional, enfocado en la construcción de cuarteles, es particularmente delicado. Pocas cosas como la obra pública facilitan el desvío de recursos.
El segundo despropósito, el más importante, es que la Guardia Nacional se perfila como un cuerpo con presencia constante en todo el territorio nacional, sin importar si en el ámbito municipal existen o no instituciones locales que tengan las capacidades suficientes para garantizar la seguridad. Para tal fin, se va a gastar a manos llenas en construir cuarteles y unidades habitacionales donde los elementos puedan alojarse de forma permanente.
Tener a la Guardia Nacional patrullando los pueblos de Yucatán, o revisando mochilas en el Metro capitalino no nos hará mal. Otros países (como Chile y España) tienen cuerpos que se parecen mucho al proyecto de Guardia Nacional que el gobierno tiene en mente y que funcionan bien. Sin embargo, valdría la pena preguntarse si seguir expandiendo la Guardia Nacional de verdad es el mejor uso que se le puede a dar a 20 o 50 mil millones de pesos. Este enorme presupuesto se dejará de invertir en otros ámbitos donde los recursos son genuinamente urgentes. Pienso, sobre todo, en el sistema de procuración de justicia.
En contraste con las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República se percibe como una institución ineficaz y corrupta. Ya ni hablar de las fiscalías y las agencias del Ministerio Público en los estados. Por eso se explica que ningún gobierno, incluyendo el actual, haya querido destinarles recursos. Mientras que, en este sexenio, el presupuesto de Sedena ha aumentado casi 25 por ciento en términos reales, el de la FGR ha disminuido 4.4 por ciento.
La solución de fondo al desafío criminal en México no radica en tener a muchos elementos (civiles o militares) en tareas de patrullaje o reacción, por más disciplinados, capaces y honestos que sean. La guerra en las calles que por más de 12 años han librado la Policía Federal y las Fuerzas Armadas –y ahora la Guardia Nacional– no pasa de ser un preámbulo a la guerra, ésta sí decisiva, que se libra en los tribunales. Por lo tanto, la pacificación sólo será posible cuando las fiscalías y, sobre todo la FGR, sean instituciones robustas, con capacidad para investigar y con legitimidad plena para perseguir penalmente a los criminales más peligrosos, frecuentemente protegidos desde el aparato del Estado.
Consulta más columnas en nuestra versión impresa, la cual puedes desplegar dando clic aquí