Le escribo nuevamente, en seguimiento a la carta que en este mismo espacio le dirigí la semana pasada. En estos días la violencia criminal ha continuado en el centro de las noticias y la discusión pública. A las decenas de balaceras y homicidios que se registran diariamente se sumaron ataques a periodistas y hallazgos de fosas clandestinas. Considerando lo anterior, en esta ocasión le escribo, en primer lugar, para reiterarle mi reconocimiento por asumir su responsabilidad ante este fenómeno y por comprometerse públicamente a atenderlo.
En segundo lugar, me gustaría compartir con usted algunas de las conclusiones a las que he llegado, después de años de recopilar día a día datos sobre la violencia criminal, y de evaluar con esta información lo que sí funciona y lo que no funciona, cuando el objetivo es frenar la violencia criminal. En este punto, me parece necesario alertar que la intención que usted manifestó, de echar a andar acciones en los 50 municipios con mayor incidencia de homicidios dolosos, no tiene buenas perspectivas.
Se trata de algo que ya se intentó sin éxito. De hecho, en agosto de 2016 el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció también una estrategia de “atención integral” a los 50 municipios más violentos del país. No sabemos bien a bien en qué consistió tal estrategia. En su momento se dijo que se reforzarían las acciones de prevención social y fortalecimiento institucional. En cualquier caso, los resultados fueron desastrosos. De los 50 municipios que concentraban un mayor número de homicidios dolosos en 2016, durante el resto del gobierno de Peña Nieto, la violencia continuó en ascenso en 36 de ellos. Mi intuición es que el espacio en el que se pretendía intervenir en aquel entonces, al igual que ahora, era demasiado amplio y disperso como para lograr hacer una diferencia. Se trataba de 50 ciudades que no sólo están geográficamente alejadas unas de otras, sino que también experimentan lógicas criminales distintas y poseen grados desiguales de desarrollo institucional.
En contraste, las experiencias exitosas de pacificación han sido siempre esfuerzos focalizados donde, de forma temporal, se concentran recursos en una sola región y se establece una estrategia específica hacia los actores criminales que generan violencia en ella. Los casos más importantes en este sentido han sido hasta ahora los operativos Escorpión y Lince Norte que se lanzaron en 2011 en el noreste del país. Estos operativos no se enfocaron en la mera vigilancia ni en la captura de capos de renombre (lo que hasta ese entonces había sido una obsesión del gobierno de Felipe Calderón). Por el contrario, se buscó golpear la estructura operativa y logística de los brazos armados. Incluso se clausuraron algunos de los antros que utilizaban como centros de operación.
Aunque suene un tanto paradójico, acotar las intervenciones a un número reducido de municipios (o a una sola región) es el método más eficaz para lograr un impacto sobre la estadística nacional en el corto plazo. De 2010 a 2014 el total nacional de homicidios disminuyó 24 por ciento. Esta disminución se concentró en los estados donde se implementaron Escorpión y Lince Norte, y donde se ubicaba el conflicto entre Los Zetas y el Cártel del Golfo (Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas). Si su gobierno siguiera criterios adecuados para identificar la región o regiones idóneas, sería más eficaz con una intervención de este tipo que por medio de una estrategia en 50 municipios.
En el corto plazo, Escorpión y Lince Norte dieron resultados porque hubo concentración temporal de recursos del gobierno federal. A los pocos meses del inicio de estos dos operativos las masacres, los enfrentamientos en la vía pública y los ataques a bares y antros comenzaron a disminuir de forma acelerada. Por otro lado, se ha tratado de una pacificación duradera. Ello fue posible porque en el ámbito local existían recursos y capacidades que facilitaron una importante labor de reconstrucción de las policías estatales y municipales. En contraste, proponer una intervención en los 50 (o 20 o 100) municipios con mayor incidencia de homicidios es una salida simplista, que en esta ocasión tampoco dará resultados. No se toma en cuenta que en algunos de estos municipios no habrá recursos para sostener el esfuerzo, el día que se retire el despliegue de la Guardia Nacional.
En conclusión, las numerosas crisis de violencia que afectan diversas regiones del país no pueden resolverse de manera simultánea. Si su intención es cerrar el sexenio con una disminución sustancial de los homicidios dolosos, el camino más prometedor es seleccionar un número acotado de conflictos criminales en regiones donde las probabilidades de éxito son más altas y buscar, junto con las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las autoridades locales, el método para desactivarlos. Proceder de esta forma es políticamente costoso al principio (pues implica concentrarse en apagar algunos pocos fuegos en tanto medio país se está incendiando). Sin embargo, en el largo plazo es el curso de acción más responsable. Lograr primero la pacificación de las regiones con mejores perspectivas de éxito aliviaría en alguna medida la crisis, y nos colocaría en una mucho mejor posición para atender aquellas otras zonas que presentan mayor complejidad, y donde la pacificación será inevitablemente un proceso de largo plazo.