Eduardo Guerrero Gutierrez

¿Designar a los cárteles como terroristas?

La realidad es que el terror de los cárteles lo padecen sobre todo mexicanos o que son pobres, o que tienen la desgracia de vivir en ciertos rincones apartados de la geografía nacional, comenta Eduardo Guerrero Gutiérrez.

De nuevo hay voces al norte de la frontera que exigen que los cárteles mexicanos sean designados como organizaciones terroristas. La idea ya circuló, y pareció estar cerca de concretarse, durante el gobierno de Donald Trump (quien finalmente desistió, en un contexto de enérgico rechazo por parte del gobierno mexicano). La semana pasada el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, revivió la idea de la designación en una carta enviada al presidente Joe Biden.

Es poco probable que la solicitud que el gobernador Abbott plantea en su misiva sea retomada en el corto plazo por la administración Biden. Sin embargo, Abbott sí logró posicionar en los medios la idea de la designación de los cárteles como terroristas, la cual podría convertirse en una idea fija dentro de la plataforma de los republicanos. Cabe mencionar que el propio Abbott se perfila como un contendiente viable a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024.

Falta todavía aclarar cuáles cárteles estarían sujetos a la designación (aunque el CJNG seguramente encabezará la lista). Sin embargo, podemos conceder que no hace falta estirar demasiado la liga para que varios de los cárteles que operan en México encuadren en la definición de organización terrorista que se establece en la legislación federal norteamericana. El uso recurrente de explosivos y armas de alto poder, y la toma de rehenes (incluyendo elementos de las Fuerzas Armadas) claramente califican como actividades terroristas.

Hasta aquí mi lectura es que hay dos circunstancias que vale tener presentes. La primera es que es probable que los republicanos no quiten el dedo del renglón y que sigan impulsando esta propuesta. La segunda es que se trata de un planteamiento razonable, al menos de acuerdo con los criterios que establece la propia normatividad norteamericana en la materia.

El siguiente punto a analizar es si la designación de los cárteles como organizaciones terroristas sería lesiva para los intereses de México (considerando que el gobierno de AMLO, y varios líderes de opinión, actuaron en su momento como si sí lo fuera). Las consecuencias concretas serían fundamentalmente dos. La primera es que los miembros de las organizaciones designadas, o las personas vinculadas a éstas, recibirían sentencias más severas en caso de ser procesados en Estados Unidos. La segunda es que, al menos en principio, la designación podría dificultar que Estados Unidos aceptara las solicitudes de asilo de un alto número de migrantes bajo el pretexto de que, al pasar por territorio controlado por los cárteles y pagarles cuota (como en los hechos ocurre), los migrantes ofrecieron apoyo financiero a una organización terrorista.

La segunda consecuencia, en efecto, no parece deseable. Sin embargo, sospecho que la resistencia del gobierno tiene más que ver con temas de percepción o de prestigio. Por ejemplo, si la designación de los cárteles colocaría a México como una nación riesgosa para viajar o invertir (algo de lo que ya se encargan bastante bien los ataques y ejecuciones que cotidianamente reportan los medios); o incluso si la designación abriría las puertas para una eventual intervención militar norteamericana (una mera elucubración).

Colombia, España, Japón y Perú son algunos de los países que tienen o han tenido en su territorio grupos designados como organizaciones terroristas (junto con un largo listado de países de Oriente Medio y África). Antes de envolverse en el lábaro patrio y rechazar de tajo la designación, el gobierno de México haría bien en evaluar si las experiencias de designación han dado buenos resultados en su objetivo central: debilitar, desde el ámbito internacional, las estructuras de las organizaciones designadas.

El CJNG, el Cártel del Noreste o La Unión Tepito son organizaciones mucho más mortíferas de lo que fue la ETA en sus tiempos de mayor auge. Aun así, no pensamos en ellas como terroristas, no porque no cometan actos terroristas, sino porque no tienen una agenda que implique una amenaza directa ni para el Estado mexicano, ni para los principales grupos que concentran el poder económico y político en México (aunque eventos recientes como el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval y el atentado contra Omar García Harfuch, por no mencionar la actual ola de violencia electoral a nivel local impulsada por varias organizaciones criminales, tal vez comiencen a cambiar esta premisa).

La realidad es que el terror de los cárteles lo padecen sobre todo mexicanos o que son pobres, o que tienen la desgracia de vivir en ciertos rincones apartados de la geografía nacional. Los que se ganan la vida como policías o soldados rasos son, tal vez, los que corren el mayor riesgo. Tal vez sea justo reconocer de una vez que las emboscadas, los rafagueos, los desplazamientos forzados y la demás violencia que los criminales infligen en el México bronco son también formas de terrorismo.

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