La autora es directora de México Evalúa
La tragedia de Tlahuelilpan nos retrata. Esa nociva combinación de desprecio a la autoridad y aprecio por lo ilegal que está presente en muchas de nuestras conductas. Estamos acostumbrados a eso: insultar al policía y a ver las actividades ilegales como normales. La actividad informal y hasta ilegal está en nuestras vidas todos los días. Fue así que un enorme depósito de gasolina se convirtió en un festín para los pobladores del lugar. Y la autoridad dejó hacer y pasar. La tragedia es enorme.
El huachicoleo se ha convertido en una obsesión para el presidente. Independientemente de la sucesión de eventos alrededor de su decisión, esto es, si primero fue el desabasto y luego la declaratoria formal de combate al delito o viceversa, hoy es su prioridad. Y está muy bien que así sea. Es enorme el tamaño de este negocio criminal. Y su rápido crecimiento en los últimos años del gobierno de Peña se explica por negligencia o complicidad.
El fenómeno del huachicol es muy complejo porque no se trata sólo de un grupo de criminales perpetrando un delito. El huachicol tiene base social y, por lo que se sabe, localidades enteras organizan su actividad alrededor de este ilícito. Controlarlo va a requerir de mucha voluntad, pero también de muchos instrumentos. De un presidente fuerte, cierto. Pero también de un Estado fuerte. Y lo que veo es un enorme desfase entre uno y otro, y una tendencia a abrir esa brecha, esto es, más poder al presidente, menos a instituciones de Estado. La cuestión es que el presidente no puede solo.
Frente al crimen, el presidente ha decidido acompañarse de los militares. Su desconfianza en las instituciones civiles de seguridad parece total. También ha propuesto la prisión automática para quienes presuntamente se dediquen a esta actividad. No hay confianza en que el sistema de justicia pueda hacer su trabajo siguiendo un debido proceso. Por eso primero cárcel y después averiguamos.
Pero, por otro lado, el presidente reconoce que hay una vertiente social en el fenómeno y sostiene que no criminalizará la pobreza. A cambio ofrece transferencias monetarias para incentivar la sustitución de actividades para aquellos que ahora delinquen. Así, con los militares de una mano y una bolsa de dinero en la otra, el presidente busca desmantelar una red criminal de alto calibre.
Me parece acertado que el presidente ponga esta batalla en el centro de su agenda. Pero no creo que pueda solo.
El presidente necesita a las instituciones del Estado mexicano alineadas con sus objetivos.
Primero, hacerlo prioridad en los trabajos de la nueva Fiscalía. No es la mejor manera de arrancar una transformación profunda, pero la capacidad que existe en la institución debe ponerse al servicio de este objetivo.
Segundo, sumar al Sistema Nacional Anticorrupción en la estrategia. El Sistema está en cierta parálisis. Darle un objetivo tras cual alinearse, puede probar sus resortes. Las premisas a partir de las cuales fue estructurado.
Tercero, no desistir en el intento de profesionalizar a Pemex. La corrupción en la empresa podrá erradicarse cuando sus prácticas internas eleven sus estándares y su gobierno corporativo defina políticas alineadas con la generación de valor y productividad para la empresa. Dar marcha atrás es matarla.
Cuarto y último, convocar a gobernadores y a alcaldes. No ningunearlos. En el esquema en el que el presidente va solo, no tienen el menor incentivo a trabajar de su mano. Dejarán pasar y dejarán hacer.
El presidente tiene el motor de su voluntad puesto en turbo, pero no es suficiente. Necesita de instrumentos para lograr su objetivo. Entre la mano dura y la mano caritativa, hay más opciones. Pero tiene que reconocer que no podrá solo. Es posible que esta gran batalla que ha elegido como la primera, le lleve a reconsiderar su modelo de gobierno y de poder. Frente a la realidad que se hizo presente en Tlahuelilpan, no sólo necesitamos un presidente fuerte. También necesitamos construir Estado.