Escucho a la ministra Norma Piña ofreciendo su primer informe de labores. Me gusta mucho su forma de liderazgo y el fondo de sus planteamientos. A un año que tomó el encargo, parece que la Corte es otra. Bajo la anterior presidencia parecía una corte reprimida, con asuntos relevantes atorados en sus largas rutas procesales. Pienso en lo que hubiera sucedido si la presidencia de Arturo Zaldívar se hubiera ampliado como lo proponía el presidente: habría paz entre los poderes, pero también un debilitamiento marcado en nuestra democracia. Porque con el argumento de proteger a la Corte, el entonces ministro Zaldívar estaba desprotegiendo a los ciudadanos. Un integrante más en un colegiado, pero con los instrumentos de una presidencia que usó para el control. Por eso la salida de Zaldívar significó quitarle un dique al flujo de agua. Después de él, todo fluyo.
Los logros de este primer año de la presidencia de la ministra Piña son encomiables. Seguramente en la vida interna de la Corte se han operado cambios, hay algunos notorios en materia de transparencia de sus propios procesos, en la constitución de una comisión de turnos y en el orden que se quiere imprimir a la presentación de casos ante el pleno. Hay una agenda de reformas internas que no tienen la grandilocuencia del nombre de “reforma definitiva a la justicia”, pero que tienen el potencial de eficientar sus procesos y hacerlos transparentes para todos, los de adentro y los de afuera, porque también se siente la convicción de construir legitimidad para la Corte a partir de un diálogo con los ciudadanos. Este diálogo es posible en la medida en que la transparencia prive y que las sentencias, que deben ser públicas, empiecen a ser estudiadas. Es cierto que los juzgadores hablan a través de sus sentencias, a través de ellas conocemos la calidad de su trabajo. Es un cable de transmisión que permite la comunicación.
La construcción de legitimidad en un ambiente como el nuestro se antoja muy complejo. De manera muy frecuente el presidente arremete contra la Corte y a los mexicanos nos falta pedagogía democrática, o pedagogía judicial, de derechos, de fundamento, de pacto social. Esto hace que la cancha esté muy desnivelada a nivel de la opinión pública. Es así que la idea de una Corte electa por voto popular suene tremendamente atractiva. Porque es decirle “al pueblo” que ellos tienen el poder de elegir a los juzgadores sin caer en la cuenta de los riesgos de que los aplausos y la popularidad se adueñen del máximo tribunal, y que los financiadores de campañas de suspirantes a la judicatura nos lleven a una captura de los órganos jurisdiccionales por parte de intereses diversos. Este es el mayor riesgo que se cierne sobre la Corte y el Poder Judicial en este momento. Que el presidente encuentre el resquicio de construir una mayoría capaz de modificar la Constitución.
Este ambiente crispado en el que la Corte es enemigo del pueblo, no ha impedido que se hayan resuelto casos muy profundos. Frente a la intimidación a la que se quiere someter a los ministros, ellos responden con firmeza. Responden con sus sentencias. Me refiero, entre otras, a la resolución sobre la militarización de la seguridad. Ocurre de facto, pero la Corte ya se pronunció sobre su inconstitucionalidad. Las reformas electorales en sus distintas versiones fueron detenidas por el desaseo legislativo en las que se produjeron. “Sin debido proceso legislativo” las leyes aprobadas no valen. Los procedimientos no son monserga, son el camino para legislar bien y de acuerdo a nuestras leyes. Y esto es consistente con las resoluciones de la Corte por más de una década, no es una decisión ad hoc.
Mención especial merecen los distintos recursos interpuestos en materia de derecho a la información. El Senado ha sido omiso en la designación de vacantes en la integración del INAI y esa omisión paralizó el trabajo de su pleno con consecuencias muy grandes en término de recursos de revisión acumulados, pero sobre todo del ambiente para construir una “cultura” de transparencia. Con un órgano garante paralizado, hay festín para quienes buscan operar en la opacidad. Hay una licencia o permiso para ser opacos. Retrocesos graves en la construcción de un esquema solvente de rendición de cuentas. Regresamos paulatinamente a los tiempos de secrecía, discrecionalidad y lo que sigue: corrupción.
Tuve el enorme privilegio de participar en una mesa en la FIL Guadalajara con tres ministros (Margarita Ríos Farjart, Loretta Ortiz Ahlf y Alberto Pérez Dayán), y dos muy destacados periodistas, Carmen Aristegui y Javier Solórzano. El tema fue el derecho a la información, las resoluciones de la Corte y lo que viene. Para mí fue la expresión de un debate muy maduro entre los ministros, un acto de pedagogía democrática (seguro lo fue también para quienes estuvieron en la FIL). Nuestro máximo tribunal instó (ordenó) al Senado proceder al nombramiento de los comisionados del INAI que están vacantes. El plazo es este periodo de sesiones. Buena parte de la discusión se dio en torno a un posible desacato. Apasionante ver a las ministras y ministros discurrir respecto a lo que viene en este tema.
Hay un dicho que reza que sobre la desgracia, la gracia.
Es lo que tiene la ministra presidenta.
Gracia para poner a las personas en el centro del trabajo de la Corte.
Por hacer de la equidad de género un eje de su trabajo, así como la interculturalidad, los derechos de manera muy sustantiva.
Y sobre todo, gracia para reconocer el talento de sus pares, por saberse representante de ellos y una líder al servicio de la justicia.
Sobre la desgracia, gracia. Bonita manera de describir nuestro desafío.
La autora es decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey e integrante del consejo de México Evalúa.