En septiembre del año pasado se publicaron sendos reportajes sobre extorsión en varios municipios del país: Benito Juárez y Solidaridad (Quintana Roo), Tijuana, Ciudad Juárez y la zona platanera en Michoacán. Los realizaron periodistas muy afanosos en su labor, apoyados por México Evalúa.
Desde nuestra organización ya habíamos realizado un estudio a profundidad sobre la extorsión empresarial en Ciudad Juárez. También habíamos incursionado en el fenómeno en Baja California. Lo que nos impulsó a hacer todo ello fue la convicción de que se debería discutir más sobre un delito que permanece en silencio. Es necesario ver a la cara a esta ‘entidad alterna’ (que se da en el marco de la debilidad de la instituciones de Estado), que ofrece protección a cambio de un impuesto (un impuesto criminal).
Los invito a leer ese conjunto de historias. Son de lo más diverso. Todas calan profundamente. El hilo conductor es el crimen pero, más importante, el ciudadano.
La de Ciudad Juárez es la historia de la organización ciudadana. De personas, agrupaciones, mesas, esfuerzos que nunca cejaron, a pesar de que todo parecía estar en contra. Todavía recuerdo mis visitas a Juárez en los momentos más aciagos: se combinaban un miedo tremendo y una esperanza muy grande de que las cosas podrían cambiar. El reportaje que auspiciamos cuenta la historia de casos específicos de extorsión y sus víctimas, pero el acento, como en el estudio académico previo, está puesto en las acciones que se emprendieron para contener el problema.
Las víctimas de extorsión, en aquella región, se concentraban en el segmento de pequeños negocios, en zonas con alta conflictividad social y espacios urbanos deteriorados en el marco de autoridades débiles, en las que se confiaba muy poco. Se pudo darle la vuelta a la crisis gracias a la construcción de capacidades en las instituciones de seguridad y justicia, para romper la línea simbiótica entre autoridades y grupos criminales. También ayudó contar con apoyo de la Federación; la creación de una unidad extorsión con elementos incorruptibles; reforzar la inteligencia centrada en el universo de negocios más proclives a ser víctimas y la construcción de confianza para impulsar el ánimo de denuncia. Se activó así un mecanismo casi mágico en las instituciones formales: estuvieron en posición de dar respuestas más efectivas. El ‘plata o plomo’ de los grupos criminales se convirtió en ‘denuncia y acción penal’. Fue difícil lograrlo. El mérito de los que se esforzaron en ello es inmenso. Y hay una lección: hay que sostener una interlocución sostenida y enérgica con las autoridades, con demandas legítimas y bien fundamentadas. Cooperar y, a la vez, exigir. Una combinación particular que los juarenses dominan.
Otra de las historias tiene lugar en Coahuayana, Michoacán, municipio platanero asediado por el crimen organizado, que asesinaba, extorsionaba y obstaculizaba la actividad económica local. En Coahuayana no hubo mesas de interlocución ciudadanos-autoridades. Allá no hay Estado. No hay con quién sentarse, pues. Lo que se promovió fue la organización comunitaria para la autodefensa, que sostiene su particular pax. No soy partidaria de opciones fuera de la ley, pero hay que entender que hay regiones donde no hay quien la sostenga y la aplique.
En la administración de Enrique Peña Nieto se quisieron ‘formalizar’ a las autodefensas. El enfoque fue desactivar el conflicto y no plantear una solución estructural al problema. Por eso, Michoacán sigue siendo un territorio en el que el crimen se regodea. Y a la población, que se defiende con sus propios medios, se la ha dejado sola. Sabemos que la fragmentación de la violencia crea equilibrios efímeros, que terminan por romperse.
En Tijuana y la Riviera Maya se desarrollan nuestras otras dos historias. Ambas regiones son relativamente vibrantes y solventes: zonas urbanas con importante actividad económica, que atrae a la actividad criminal. En estos dos lugares la extorsión es boyante. Lo inferimos por el crecimiento de las poquísimas denuncias que se realizan, y porque es un secreto a voces, aceptado por las propias autoridades. La extorsión se cuela en todo lugar. En Tijuana, tomó como víctima al taquero de la esquina, que fue asesinado por no querer pagar el impuesto criminal. En Cancún, son las botargas de He-Man o la de Bob Esponja las asediadas por los criminales. A estas plazas no les faltan elementos para enfrentar el problema. Están a poco de un hartazgo ciudadano, que ojalá se encauce al estilo Juárez.
Se me acaba el espacio para seguir. He procurado explicar que, aunque complejo, este fenómeno criminal puede atenderse. Si se trabaja en él. Si se dan las condiciones básicas. Si los ciudadanos nos empeñamos en el difícil equilibrio de cooperar y exigir. Asumámoslo: este país se va a mover por la fuerza de sus ciudadanos. Si nos detenemos, el país se cae.
Twitter: @EdnaJaime