El jueves pasado dio inicio formal el Proceso Electoral que llevará a la jornada del 6 de junio del próximo año. Formal, porque el real inició hace meses cuando los diferentes actores políticos, al margen de la ley y a la vista de las autoridades electorales, resolvieron desplegar actividades que caben en lo que la norma califica como “actos anticipados de campaña”.
Comenzó también con la renuncia, horas antes, de la titular de la Secretaría Ejecutiva, cuestión no menor, ya que en esa instancia recae la responsabilidad de coordinar y supervisar a la estructura operativa de la institución, y garantizar que la norma y los acuerdos del Consejo General se cumplan cabalmente para llevar a buen término los comicios.
Vale la pena analizar los hechos a la luz del concepto “Integridad Electoral”, utilizado internacionalmente para calificar la calidad de la democracia electoral, lo que bien puede traducirse en el nivel de confianza que los actores políticos y la ciudadanía tienen sobre la organización de las elecciones en las que participarán, lo que finalmente se traducirá en la aceptación de los resultados y en la legitimidad con la que iniciarán sus tareas los funcionarios electos.
Dado el espacio, me referiré a sólo dos variables de la Integridad Electoral: reglas y aplicación de las mismas.
He sostenido en múltiples ocasiones que contamos con una hiperregulación electoral producto de nuestra historia de desconfianzas. Sin embargo, existen vacíos importantes que las autoridades en la materia han tenido que llenar para garantizar certeza y equidad.
El INE inició este proceso por lo menos con dos faltantes; uno, señalado por el consejero Arturo Castillo, tiene que ver con los actos anticipados de campaña. En diversas sesiones se tocó el tema y recayó en el consejero Jorge Montaño la responsabilidad de presentar un proyecto al colegiado para frenar y regular esas actividades, cuestión que hasta la fecha no ha sucedido.
El daño ya está hecho y la norma ha sido violada a los ojos de todo el electorado que vemos a lo largo y ancho del país espectaculares bardas y múltiples eventos que no son otra cosa más que campañas, aunque se les pretenda disfrazar.
Otro faltante tiene que ver con lo que se ha denominado “cancha pareja” para hacer referencia a la equidad en la competencia política y garantizar lo que está estipulado en la Constitución, evitar el uso de recursos públicos y la tribuna que da una determinada función pública frente al electorado.
Lo que hemos visto en los últimos meses, además de la violación al calendario electoral, es el despliegue de una gran cantidad de recursos respecto de los cuales, al menos, debemos preguntarnos sobre su origen y la autoridad electoral debería estar tomando nota para proceder.
No en todos los casos el INE ha sido omiso; además, algunas de sus decisiones ponen en riesgo la certeza, la neutralidad y la ciudadanización del proceso electoral. Esto se refleja, por ejemplo, en el acuerdo sobre “boletas planchadas”, aquellas que nunca ingresan a las urnas y sin embargo aparecen marcadas a favor de alguna candidatura; esas que en automático deberían anularse ahora podrán considerarse para el cómputo final.
De la misma manera, llaman la atención los acuerdos sobre representantes de Partidos Políticos y Observadores Electorales, quienes pueden estar dentro de la casilla el día de la jornada.
El INE acordó relajar las disposiciones para evitar que, abusando de esas figuras, lleguen a las casillas a presionar al electorado, militantes de partidos políticos o funcionarios públicos, en particular aquellos responsables de la administración y entrega de programas sociales.
Ahora bien, además de normas claras, lo más importante es la existencia de autoridades que las apliquen y sancionen en caso de incumplimiento.
Larga y costosa, en el más amplio sentido del término, fue la lucha en nuestro país por dejar en manos de autoridades autónomas e independientes algo tan delicado como el arbitraje electoral y el respeto a la soberanía ciudadana.
Lamentablemente, en esta materia estamos observando pasos en sentido inverso.
Bien dice el clásico: la forma es fondo. El jueves pasado, en el evento de inicio del proceso electoral, pudimos observar la presencia de la titular de la SEGOB. Lo que puede parecer un acto republicano, en este caso nos rememora los tiempos previos al 1996, cuando desde esa entidad se organizaban las elecciones con resultados cuestionables.
¿Pero qué necesidad? Una cuestión es la obligada coordinación con las distintas autoridades federales y locales para garantizar a Partidos y electorado las condiciones para el ejercicio de sus derechos en libertad, y otra la necesaria distancia para garantizar la neutralidad del árbitro.
Bien dicen los jueces profesionales que por ellos hablan sus sentencias, y lamentablemente, leemos hoy, en algunas de ellas, preocupantes sesgos lejos de la norma que debería aplicarse.
El caso más notorio es la “sobrerrepresentación” que otorgó inconstitucionalmente el Tribunal Electoral en 2024 a Morena y sus aliados. Para colmo, una vez más ese Tribunal, máxima autoridad en la materia, enfrentará el complejo Proceso Electoral en curso con sólo cinco de sus siete miembros y nadie ha dado una explicación convincente sobre la renuncia de Mónica Soto a esa responsabilidad. Malas señales que abonan a la desconfianza.
Tan solo con el análisis de estas dos variables podemos afirmar que el Proceso Electoral que recién inició está bajo sospecha. Al parecer, estamos volviendo a prácticas que cuestionan la credibilidad y la legitimidad de los comicios; esto lesiona profundamente a la ciudadanía y a la democracia.