Sobra decir que estamos ante un proceso de descomposición institucional.
Al parecer, las decisiones personales o de grupos se sobreponen a las responsabilidades públicas, a las reglas y a la constitucionalidad, entendida en su sentido más elemental: el acuerdo que hace posible la convivencia social.
Es la consecuencia de la concentración del poder y de la erosión de los contrapesos. Su ausencia confirma para qué servían; sin ellos, los caprichos facciosos se imponen y la política termina sometida a la ley del más fuerte.
Más allá de los señalamientos e investigaciones que se han hecho públicos sobre presuntas alianzas construidas por López Obrador para alcanzar y ejercer el poder —sin exonerar de responsabilidades a los gobiernos de la transición democrática—, la pregunta inmediata es otra.
¿Quién detonó este último episodio? ¿La presidenta fue informada o se encontró frente a un hecho consumado, como ella misma lo confesó?
No es menor lo sucedido este fin de semana: Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura de Sinaloa después de 112 días de licencia y, unas 34 horas más tarde, volvió a solicitar separarse del cargo.
El aparato político se movilizó de inmediato para cerrar filas en torno a la presidenta. Y los llamados a cerrar filas suelen aparecer cuando las filas ya se han abierto.
Es difícil recordar, en casi ocho años de la 4T, un episodio semejante, gobernadores, la dirigencia de Morena, Gobernación y el liderazgo de la Cámara de Diputados reaccionando, ipso facto, frente a una decisión tomada por uno de los suyos.
López Obrador fue proclive a llamar a la unidad y exhibirla, pero solía hacerlo anticipándose a los acontecimientos. Las decisiones al margen del centro de poder eran inadmisibles y recibían, cuando menos, la distancia del caudillo.
Las preguntas se acumulan.
¿Hasta dónde llega la indisciplina? ¿Se trata de una decisión “personalísima”, como se ha querido presentar desde el oficialismo, o expresa una disputa más amplia que alcanza al propio fundador del movimiento? ¿López Obrador está agraviado por lo ocurrido con su hijo, por el avance de los sectores moderados o por la creciente cooperación con Estados Unidos? Hasta el cierre de estas líneas no se ha pronunciado.
Si esta interpretación fuera correcta, estaríamos ante el momento en que Claudia Sheinbaum decide ser la presidenta de la República. He sostenido que difícilmente lo haría porque necesitaba a López Obrador para conservar disciplina dentro de sus filas.
Hoy concedo el beneficio de la duda, aunque con un matiz indispensable: no estaríamos ante una ruptura ideológica, sino ante una disputa por el liderazgo de un mismo proyecto, en un contexto internacional que obliga a Sheinbaum a un pragmatismo que incomoda a los sectores más duros del obradorismo.
Trump mantiene la presión. Sus amenazas de acciones directas contra los cárteles, sus señalamientos sobre el control territorial del crimen organizado y su política hacia América Latina han elevado el costo de cualquier ambigüedad del gobierno mexicano.
Al mismo tiempo, la cooperación entre las áreas de seguridad de ambos países al parecer se ha estrechado. Esa doble tensión —defender soberanía frente a Washington y a la vez profundizar la coordinación— atraviesa hoy buena parte de las decisiones de Palacio Nacional.
Y todo ocurre en vísperas de una elección decisiva. El proceso electoral 2026-2027 inicia formalmente el 10 de septiembre y la jornada será el 6 de junio próximo; se renovará la Cámara de Diputados federal, estarán en disputa 17 gubernaturas, además de miles de cargos locales.
Morena se adelantó a esos tiempos con su proceso interno para seleccionar “coordinadores” que serán sus futuros candidatos; 277 personas se registraron para las gubernaturas.
Después, el partido postergó su decisión; más que una demostración de orden, parece el reconocimiento de una dificultad para administrar sus propias tensiones antes de que se conviertan en rupturas.
Hay otros indicios del choque de tendencias, liderazgos y proyectos dentro del movimiento. Entre ellos, la reciente renuncia de Mónica Soto a la Sala Superior del Tribunal Electoral, efectiva a partir del 31 de agosto.
El órgano cuyas decisiones en materia electoral son definitivas e inatacables quedará una vez más con cinco de sus siete miembros. Puede operar jurídicamente con esa integración; sin embargo, la ausencia de dos magistraturas en vísperas de una elección de enorme relevancia no es un dato menor.
Más allá de las especulaciones sobre nombres, agravios y lealtades, lo verdaderamente preocupante es la fragilidad institucional. Cuando los contrapesos se debilitan, los desacuerdos dejan de procesarse mediante reglas y deliberación pública y se trasladan a la intriga palaciega.
El problema, entonces, no es solamente quién manda dentro del movimiento; el problema es que las disputas por el poder terminan sustituyendo la discusión sobre el país.
POSDATA
En medio de todo esto, no olvidemos el caso Ernesto Ruffo; es, entre otras cosas, una muestra de todo lo que está sucediendo; la 4T necesita distractores.