El 6 de junio de 2027, en menos de un año, la boleta de la elección federal ofrecerá a la ciudadanía un panorama más amplio.
En lugar de seis partidos políticos nacionales, habrá ocho opciones para elegir a quienes integrarán la Cámara de Diputados.
En diversas entidades federativas, la oferta será todavía mayor debido a la existencia de partidos políticos locales.
La pluralidad fortalece a la democracia cuando las nuevas fuerzas ofrecen alternativas reales, diferenciadas por sus propuestas, trayectoria, identidad y capacidad para expresar intereses sociales específicos, y no actúan como satélites del partido mayoritario.
Las alianzas son legítimas y necesarias para construir mayorías; distinto es presentar como opciones independientes a proyectos que simulan serlo cuando realmente son comparsa de otro.
México conoció esa práctica durante el largo periodo del PRI hegemónico, fenómeno que hoy, aunque con variantes, se repite.
El Consejo General del INE aprobó la semana pasada el registro de nuevos partidos políticos nacionales: PAZ y Somos México.
Esta resolución podría ser impugnada ante el Tribunal Electoral; si fuera el caso, no existe razón técnica ni jurídica para que el TEPJF revoque el registro de Somos México.
Paradójicamente, en el mismo acuerdo mediante el cual el INE otorgó el registro, le ordena a Somos México modificar, en 60 días, el nombre, el emblema y el color distintivo, bajo el argumento de que podrían generar confusión; no está por demás consignar que esa decisión resultó de una apretada votación de 6 a 5.
Esa determinación será impugnada ante el Tribunal Electoral; resulta difícil entender que, después de dieciocho meses durante los cuales el propio Instituto permitió el uso de esa identidad gráfica y denominación, ahora sostenga el criterio contrario.
A ello se suma un aspecto que trasciende lo jurídico y entra en el terreno de la comunicación política.
Durante ese periodo, Somos México construyó una identidad pública alrededor de un nombre y un emblema que se le permitió utilizar mientras se desarrollaba el proceso para obtener el registro.
Quienes conocen de “marketing” saben que posicionar una marca exige tiempo, consistencia y enormes esfuerzos.
Obligar ahora a cambiar esa identidad implica perder buena parte del reconocimiento ya alcanzado entre la ciudadanía y comenzar prácticamente desde cero, sin que exista razón jurídica alguna que lo justifique.
Más aún cuando también el propio Tribunal ya había validado previamente el emblema al concluir que no generaba confusión con el de otras fuerzas políticas.
Confiamos en que prevalecerá la certeza jurídica y se mantendrá la identidad con la que este proyecto ha sido construido.
Al registro de nuevos partidos suelen acompañarlo dos objeciones; la primera es que implica un incremento del gasto público, lo cual no es así.
El financiamiento destinado a los partidos no aumenta, simplemente se redistribuye entre un mayor número de fuerzas políticas.
La segunda objeción sostiene que nuevas opciones fragmentarán el voto opositor, lo que favorecerá al partido gobernante; eso lo resolverá el electorado.
Sin embargo, conviene recordar que en las elecciones intermedias el abstencionismo suele acercarse al 50 por ciento y valdría más preguntarse si nuevas alternativas podrían, por el contrario, atraer a quienes hoy se mantienen al margen de la política.
La abstención obedece a diversas razones; una de ellas tiene que ver con la falta de opciones o con que el electorado no se siente representado por las existentes.
Ese es precisamente el propósito de Somos México, no sólo disputar el espacio de otros partidos, sino convocar a los millones de ciudadanos que en su escepticismo han optado por la abstención como expresión de desencanto.
Su propuesta parte de la defensa de la democracia, el Estado de derecho, las libertades, la seguridad, una educación de calidad, un sistema de salud eficaz, la igualdad de oportunidades y una ciudadanía con mayor participación en las decisiones públicas.
También busca diferenciarse en la forma de hacer política. Sus estatutos establecen que quienes ocupen la dirigencia nacional no podrán ser candidatos a cargos de elección popular mientras ejerzan esas responsabilidades.
La intención es sencilla: que el partido no sea un instrumento para construir candidaturas personales, sino una organización dedicada a representar a la ciudadanía y a formar liderazgos desde la sociedad.
Ese compromiso, junto con sus principios, programa de acción y propuestas de políticas públicas para resolver los problemas que nos aquejan, será finalmente lo que deba ser considerado por los ciudadanos en las urnas.