La presidenta de la República ha llamado a mantener “cabeza fría” frente a las amenazas del presidente estadounidense, quien habla de intervenir directamente en el combate al crimen organizado en el continente y particularmente en México.
La postura del gobierno mexicano ha sido clara: prudencia, defensa de la soberanía nacional y búsqueda de soluciones políticas que eviten cualquier injerencia externa en los asuntos internos del país.
Sin embargo, esa misma prudencia y búsqueda de soluciones políticas parecen no aplicarse cuando se trata de un tema igualmente sensible para la vida nacional, la democracia y la integridad de las reglas electorales.
La semana pasada se presentó la esperada propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante meses se generaron expectativas sobre su contenido y alcance. No obstante, al analizar el documento, la iniciativa resulta no solo insuficiente, sino que, tal y como se presentó,siembra más dudas que certezas.
Más allá de su contenido específico, la propuesta revela una forma de proceder en la vida política nacional que guarda continuidad con el estilo de Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de imponer una visión sobre la organización del Estado y las reglas de acceso al poder, antes que construir acuerdos con los distintos actores.
En cualquier democracia, una reforma electoral debería surgir de un proceso deliberativo amplio en el que se contrastan propuestas y se construyen reglas aceptables para todos.
Ese fue el sello que acompañó los principales avances de la transición democrática mexicana. Pero en este caso ocurre lo contrario. Mientras hacia el exterior se reclaman soluciones políticas, hacia el interior se busca imponer desde el poder una concepción del sistema electoral.
La iniciativa presidencial no podría ser considerada por ningún legislador que tome en serio su responsabilidad.
Una reforma de este calado debería haber estado acompañada de la propuesta de reforma a las leyes a través de las cuales se traduce el alcance y la implementación del texto constitucional, cuestión que se omitió, desde mi punto de vista, no por ignorancia.
La debilidad técnica de la propuesta resulta particularmente reveladora; ni siquiera la exposición de motivos cumple con los más elementales requisitos de técnica legislativa, que explique qué se pretende resolver y cuál es su alcance.
En lugar de un diagnóstico preciso, lo que se encuentra es un recetario ideológico acompañado de una lectura trasnochada de la historia del país.
Presentar una reforma constitucional con estas características y con escasas probabilidades de prosperar, presupone el siguiente paso: abrir la puerta para presentar posteriormente la verdadera reforma, el cambio en las leyes secundarias, particularmente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
A diferencia de la reforma constitucional, estas modificaciones solo requieren mayoría simple en el Congreso, para lo cual Morena cuenta, en ambas Cámaras, con esa mayoría para aprobar las reformas sin necesidad de negociar ni con sus aliados coyunturales.
En este escenario podrían aparecer las reformas que durante años han sido anunciadas, haciéndolas pasar como legales cuando podrían tener realmente un alcance constitucional, como fue el caso del Plan B de López Obrador, el mismo que fue frenado en su momento por la SCJN, con la diferencia de que en este momento la Corte Constitucional ya no ejerce ese papel.
De ser así, lo que hoy se presenta como un eventual “Plan B” habría sido, en realidad, el verdadero Plan A desde el principio.
La lógica sería clara: utilizar la correlación actual de fuerzas en el Congreso para modificar las reglas del juego electoral sin necesidad de acuerdos amplios.
El objetivo último sería asegurar condiciones políticas e “institucionales” más favorables de cara a los próximos ciclos electorales, incluidos los comicios intermedios de 2027 y, sobre todo, la elección presidencial de 2030.
El contraste resulta inevitable. Mientras el gobierno mexicano critica la pretensión de Washington de imponer por la fuerza su estrategia para enfrentar un problema grave como el crimen organizado, en el terreno interno se reproduce la lógica de imponer unilateralmente una visión sobre las reglas fundamentales de la democracia.
La defensa de la soberanía nacional frente al exterior es legítima. Pero la legitimidad democrática hacia el interior exige algo más que mayorías legislativas.
Exige diálogo, deliberación y reglas que todos los actores puedan reconocer como propias. Esa ha sido la base de la estabilidad electoral en México y es precisamente lo que hoy parece ponerse en riesgo.
Esa consideración sería también la mayor fortaleza del Estado mexicano ante el convulso contexto internacional.