Cuando en un país la educación pasa a segundo o tercer plano y, por lo tanto, deja de ser importante para dar paso en su nombre a componendas políticas, lo que se hace es ensombrecer el futuro, es condenar a las siguientes generaciones y con ellas al país todo a la decadencia, de esa nadie se salva.
Quienes hoy transitan por las aulas de un sistema educativo decadente se incorporarán al mercado laboral sin las herramientas ni las habilidades necesarias para desplegar sus potencialidades. A ello se suma el desgaste en valores e identidad.
Lo que está en juego es la competitividad internacional del país y lo más crítico, la agudización de tensiones internas que polarizan aún más a la sociedad entre extremos de pobreza y riqueza, tanto en la distribución del ingreso como en el acceso a la cultura y el desarrollo de oportunidades.
Lo anterior cobra relevancia a propósito del incidente relacionado con la separación del titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, área estratégica encargada de definir el contenido de los libros de texto que reciben millones de niñas y niños, quienes, sin contexto ni antecedentes críticos, tienden a asumir lo impreso como verdad.
La historia ofrece lecciones claras: la Secretaría de Educación Pública fue pieza clave para el desarrollo del país. Desde el periodo posrevolucionario y en particular durante el llamado “Desarrollo Estabilizador”, acompañó el crecimiento económico no solo con alfabetización masiva, sino con una formación que permitió a generaciones enteras integrarse a un mercado laboral en expansión. Desde José Vasconcelos, los proyectos educativos se enriquecieron con avances de nuevos contenidos y técnicas educativas cada vez más eficaces, claro, con pausas y claroscuros.
Sin embargo, muchos de esos esfuerzos no alcanzaron plenamente los resultados esperados y, a partir de la llamada Cuarta Transformación, no sólo se frenaron procesos de incorporación de nuevos conocimientos y herramientas tecnológicas, sino que se advierte un franco retroceso.
La Secretaría perdió calidad técnica y peso institucional; la lealtad política pesó más que la capacidad profesional, como López Obrador lo expresó y ejecutó.
Se invoca ahora a la “Nueva Escuela Mexicana”. Pero cabe preguntar, ¿cuál es su propósito?, ¿cuál es su base pedagógica? Lo que se observa en los nuevos libros de texto gratuitos es la introducción progresiva y sistemática de juicios de carácter ideológico-político.
Más que fortalecer habilidades, se privilegia una narrativa que roza el adoctrinamiento; para muestra está lo que ha expresado Marx Arriaga y que ahora arguye para permanecer en el cargo.
Los resultados de evaluaciones internacionales como el “Programme for International Student Assessment” (PISA) muestran una caída sostenida en el desempeño de los estudiantes mexicanos, incluso en herramientas de lo más elementales como la lectoescritura y el razonamiento aritmético, sin las cuales es impensable construir algo.
La reciente confrontación pública tras la salida del titular de Materiales Educativos evidencia el “mal trato” a lo sustantivo, a lo más delicado: la formación de quienes en pocos años se harán cargo de la conducción de nuestro país.
Quien es separado del cargo acusa al titular de la Secretaría de traición al obradorismo —argumento ideológico y de camarilla política— y le imputa actos de corrupción, lo que exhibe una disputa política que nada aporta a la mejora educativa; al contrario, la degrada. Lo que está en juego es la calidad de la educación y, con ello, el país y la ciudadanía que se está formando.
No es la primera vez que el nombre de Mario Delgado aparece vinculado a señalamientos de corrupción.
En el reciente libro de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez “Ni venganza ni perdón”, se le menciona directamente, junto con otros funcionarios, en entramados de manejo de recursos de origen ilícito y desde ahí financiamiento a campañas políticas de personas que hoy ostentan posiciones de gran responsabilidad.
Delicado, por decir lo menos, que quien tiene la responsabilidad de conducir la educación pública del país sea parte de hechos que deben ser esclarecidos.
Más allá de las contradicciones internas de la 4T, que toca a sus liderazgos resolver, como ciudadanía nos corresponde concentrarnos en lo sustantivo y exigir cuentas y transparencia, para que áreas estratégicas y estructurales como la educación no queden atrapadas en corrillos, venganzas o ajustes de cuentas.
Frente a la magnitud de lo que está en juego, esas disputas resultan mezquinas. Empobrecen no solo el debate público, sino el porvenir inmediato y mediato del país.