Meses atrás advertí desde este espacio y reiteré, en múltiples ocasiones, que la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, lejos de solucionar los problemas estructurales de la justicia en México, los profundizará.
Esta iniciativa no fue concebida como un mecanismo para mejorar la impartición de justicia, sino como una estrategia política para cooptar al Poder Judicial y subordinarlo al Ejecutivo.
Por esa razón, y contraviniendo principios que he defendido por años, opté por no acudir a votar. Lo hice por respeto a la autonomía del Poder Judicial, por respeto a la alta responsabilidad de los juzgadores que deben dirimir conflictos entre particulares y entre éstos y el Estado, y por respeto a la democracia misma.
Porque la democracia no consiste en elegir todo, sino en elegir a quienes nos representan. Y los jueces, magistrados y ministros no son representantes del electorado; tienen la delicada tarea de aplicar la ley sin más. Esa es su legitimidad, su función social, no granjearse la popularidad.
En este país siempre ha habido elecciones, incluso durante los regímenes autoritarios como el que tenemos hoy. De manera tal que la mera existencia de urnas, boletas y casillas no garantiza un ejercicio democrático. La democracia exige condiciones mínimas: información clara sobre lo que se elige, a quién se elige, con qué atribuciones y cuáles son las opciones reales. En esta ocasión, el ejercicio fue incomprensible para la mayoría. No tuvimos respuesta a ninguna de las anteriores preguntas y, en todo caso, el único compromiso que deberían tener los diversos candidatos es hacer respetar la ley en sus términos, sin sesgos, sin filias y sin fobias. Nada de esto estuvo en juego el día de ayer.
Esta colaboración la escribo al mediodía de la jornada electoral. Aunque no tengo una bola de cristal, desde hace semanas era posible anticipar el desenlace. Existían evidencias contundentes: los “acordeones” distribuidos por Morena y sus aliados, las cuotas impuestas a gobernadores, diputados y senadores para movilizar votantes, y la participación de grupos de interés, incluido el crimen organizado, con capacidad de operar territorialmente.
En ese contexto, el resultado es previsible: quienes tienen la maquinaria para movilizar electores serán quienes elijan a “sus jueces”.
Estamos, pues, ante un ejercicio no democrático, aunque para ello se nos haya convocado a las urnas. En este país, como en otros que vivieron y viven bajo regímenes autoritarios, sistemáticamente hay elecciones, aunque el resultado de ese ejercicio se conozca de antemano y, por lo tanto, se trate de una simulación más allá de la expresión de la voluntad ciudadana. Ejemplo de ello son Venezuela, Cuba o el pasado priista y el presente que se está construyendo en nuestro país.
El saldo de esta elección traerá consigo la cooptación del Poder Judicial y la destrucción de lo que nos quedaba del Estado de derecho, ya que, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, los jueces estarán pensando más en sus electores que en la aplicación estricta de la ley. Estamos cruzando una línea muy delicada, la de la politización de la justicia, de lo que hemos visto reiteradas evidencias en el último año.
Nos encontramos ante una elección cuyas prácticas, procedimientos y sentencias han revertido las garantías de respeto al voto y la ciudadanización de la organización de los comicios y con ello la credibilidad y legitimidad de los mismos.
Todo ello per se es deplorable, pero lo peor podría ser que se quieran dejar como reglas institucionalizadas para futuras elecciones, materializadas en una próxima reforma electoral.
Al momento en el que usted lea estas líneas, ya deberíamos conocer los resultados de quienes integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las tendencias de otros cargos en disputa, dadas a conocer por las autoridades electorales mediante conteos rápidos. También deberíamos contar con un avance significativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Sin embargo, no disponemos de nada de eso. Ni el INE ni los OPLES realizaron estos ejercicios. En el mejor de los casos, apenas estamos conociendo los niveles de participación ciudadana a partir de una encuesta levantada por el INE al cierre de las casillas.
Es previsible que, a estas horas, diversos actores políticos se proclamen vencedores. Pero los resultados oficiales tardarán 12 días. Así de profunda es la incertidumbre.
Pero además, como sabemos, la ciudadanía no participó en el conteo de los votos en las casillas ni en la anulación de las boletas no utilizadas. A ello se suma la baja participación, que no solo refleja desinterés por esta elección, sino que también pone en entredicho la legitimidad del proceso.
Esta elección no fue un ejercicio de soberanía ciudadana, sino una puesta en escena. Con urnas, boletas y discursos triunfalistas, se pretendió legitimar lo que, en el fondo, es un intento de desmontar los contrapesos institucionales y consolidar un poder sin límites.
Cuando los jueces comienzan a responder a quien los vota y no a la ley, lo que se inaugura no es una etapa de justicia, sino una era de arbitrariedad. Y cuando las elecciones dejan de ser instrumentos para canalizar la voluntad ciudadana, se convierten en herramientas para imponer los intereses de unos cuantos. Lo que ocurrió ayer no fue una elección democrática, sino una simulación con graves consecuencias, entre otras, provocar aún más desánimo político de la ciudadanía para que el gobierno siga gobernando con supuestas mayorías.