Los aranceles de Donald Trump violan la Constitución. Esto, en pocas palabras, es lo que ha dicho la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, provocando la furia de quien se cree rey del mundo.
Con una votación de 6 a 3, el máximo tribunal de EU determinó que Trump excedió sus facultades constitucionales al utilizar una ley de emergencia para imponer aranceles sin autorización expresa del Congreso.
Así, el presidente, que sigue a la baja en las encuestas, se quedó con una varita mágica maltrecha a la hora de castigar o premiar al mundo.
El presidente estadounidense impuso aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), aprobada en 1977 en reemplazo de la vieja Ley de Comercio con el Enemigo (1917), que otorgaba poderes amplios al presidente en tiempos de guerra.
La nueva ley buscó limitar tales poderes en tiempos de paz.
Así, la IEEPA permite al presidente: declarar una emergencia nacional ante amenazas inusuales y extraordinarias, congelar activos, prohibir transacciones financieras e imponer sanciones económicas.
En distintos momentos, ha sido utilizada para sancionar a países como Irán, Rusia o Corea del Norte, y contra redes terroristas.
Nunca, sin embargo, había sido invocada para imponer aranceles generales.
Así, la Corte concluyó que el presidente no puede atribuirse una facultad que la ley no le otorga expresamente.
Como se recordará, al comenzar febrero, Trump decretó aranceles generales de 25 por ciento a nivel global, invocando la IEEPA y declarando emergencias relacionadas con el déficit comercial, la migración y la crisis del fentanilo.
México fue responsabilizado, en esa lógica, de las muertes por fentanilo, la migración masiva y el superávit comercial.
El 4 de marzo los aranceles entraron en vigor, aunque posteriormente se acordó una pausa para México tras negociaciones bilaterales que incluyeron el refuerzo de la seguridad fronteriza, la coordinación en control de armas y la instalación de mesas de trabajo en seguridad, comercio y migración.
Desde la óptica mexicana, tales aranceles violaban el vigente T-MEC.
De abril de 2025 a febrero de 2026, Estados Unidos recaudó aproximadamente 240 mil millones de dólares con los aranceles de Trump.
Al declararse inconstitucionales, el gobierno deberá reembolsar al menos 120 mil millones de dólares (aproximadamente 0.5 por ciento del PIB estadounidense), lo que impacta los objetivos de reducción del déficit fiscal.
Si se suman reclamaciones por intereses y daños, el efecto podría ser mayor y contraproducente respecto a la estrategia fiscal de Trump.
Tras el fallo, Trump anunció que recurrirá a otros mecanismos legales, además de que firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel global temporal de 10 por ciento.
Tales herramientas, sin embargo, exigen procedimientos formales y son temporales, lo que reduce la capacidad de presión del Ejecutivo estadounidense.
Las repercusiones inmediatas para México son que se eliminan los llamados “aranceles por fentanilo” y el gravamen general de 25 por ciento (aplicado a bienes fuera del T-MEC).
Sin embargo, se mantienen los aranceles sectoriales, como el 50 por ciento al acero y aluminio, y 25 por ciento a autos y autopartes. Así, la industria automotriz sigue enfrentando una fuerte presión.
El arancel global temporal (150 días) de 10 por ciento deja fuera la mayor parte de las exportaciones mexicanas (83 por ciento, que cumplen con las reglas del T-MEC).
El acotamiento de las facultades presidenciales deriva en un mejoramiento de la posición negociadora de México y nos recuerda que el T-MEC ofrece estabilidad frente a la volatilidad global de la política comercial estadounidense.
Para México, el fallo judicial representa un alivio parcial, una mejora en su posición negociadora y una reafirmación de la estabilidad que ofrece el T-MEC.
Para Trump, implica la pérdida de su herramienta de presión más inmediata y la obligación de operar dentro de procedimientos legislativos más estrictos.