Además de lo complejo de encontrar ubicaciones idóneas a las mil sucursales que Andrés Manuel López Obrador quiere para su Banco del Bienestar, hay otro obstáculo nada menor: no hay cajeros automáticos.

El jueves pasado el Presidente reconoció que no podrá cumplir en el próximo junio, mes de las elecciones intermedias, su objetivo de tener habilitadas mil sucursales en todo el país.

"En junio vamos a inaugurar ya mil en distintos pueblos, un poco menos, como 880, porque el general secretario me ha informado que se están consiguiendo cajeros, porque son tantos que no hay en el mercado los equipos que se requieren", dijo.

Y sí, solo hay tres grandes proveedores mundiales: Diebold, NCR y Hyosung. La primera fabrica cerca de 50 mil al año, la segunda 40 mil y la tercera 200 mil. Esta última tiene 42 por ciento del mercado estadounidense.

El tema de los cajeros ha sido el principal talón de Aquiles de este proyecto estratégico de López Obrador, crucial porque el Banco del Bienestar es la arteria por donde fluyen los dineros de todos sus programas sociales.

En el arranque del sexenio la institución que dirige Diana Álvarez tenía unos 120 cajeros, los que eran del extinto Bansefi, y se anunció con bombo y platillo la adquisición de hasta ocho mil para apuntalar el proyecto.

Fue ese contrato que ganaron Alejandro del Valle y Carlos Cabal y que después la Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera canceló por falta de presupuesto; el proveedor era esa misma coreana Hyosung.

Posteriormente, el entonces director, Rabindranath Salazar, hizo una estrategia para asignar directamente a Saque y Pague un cambio de los cajeros que el banco tenía originalmente con otra compañía llamada PROAC.

Salazar metió una cláusula en el contrato para que se instalaran los mismos 180 cajeros con la posibilidad de un crecimiento de hasta mil dispositivos. Fue una asignación que no autorizó la entonces oficial mayor Raquel Buenrostro.

Al final la Secretaría de la Defensa, que comanda Luis Cresencio Sandoval, también echó para abajo este otro contra que a todas luces era irregular: Saque y Pague iba a ser financiado por Grupo Carpio, de Saúl Carpio.

El contrato para la adquisición de esos mil cajeros representa una inversión de mil 300 millones de pesos. La Defensa alista ya oootro proceso de compra.

A la fecha no se sabe bien a bien cuántas sucursales se han construido. El último dato disponible al cierre de 2020 era que se concluyeron no más de 220, pero entraron en operación cerca de 80.

El rezago en la construcción de las sucursales es otra arista que tampoco se ha logrado superar.

EL GREMIO DE las casas de bolsa está cerrando filas contra la circular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que las obligaría a reservar en beneficio de la nueva Bolsa Institucional de Valores (Biva) 30 por ciento de las posturas pasivas diarias. Hay una molestia generalizada por la intervención del regulador a favor del grupo de Santiago Urquiza. No es la primera vez. Recuerde que previo al inicio de sus operaciones, en julio de 2018, a estas mismas intermediarias las obligaron a invertir en nueva infraestructura y tecnología para conectarse a la bolsa que dirige María Ariza. GBM, de Diego Ramos, ya manifestó su rechazo. Atrás vienen Banorte de Carlos Hank González, BBVA de Eduardo Osuna, Santander de Héctor Grisi, Bank of America-Merrill Lynch de Emilio Romano, Morgan Stanley de Jaime Martínez-Negrete y Accival que dirige Miriam Bullé. La comisión que preside Juan Pablo Graf podría llevarse un chasco por haber apostado todo a Biva. La artífice de semejante pifia es Itzel Moreno, la vicepresidenta de supervisión bursátil.

LE PLATICABA AYER del Tren Suburbano. Fíjese que el gobierno de la 4T quería que Roberto Alcántara le entrara a la ampliación del ramal que busca conectar Huehuetoca con el aeropuerto Felipe Ángeles, pero la situación financiera por la que atraviesa IAMSA hace prohibitivo aplicar recursos a otros negocios. Este conglomerado del que descuelgan las líneas de autobuses ETN, Costa Line, TAP y Turistar, arrastra pasivos por cerca de 200 millones de dólares, cuyo pago se ha complicado por el impacto del Covid-19 en las tradicionales corridas de autobuses. Alcántara posee 8 por ciento del Suburbano en tanto que CAF, de Max Zurita, otro 43 por ciento.

SE DESATARON LAS especulaciones en torno a la permanencia de Jorge Arganis en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El funcionario criticó el lunes que sean ingenieros militares los que estén al frente de las obras civiles, en referencia a la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, parte del Tren Maya, las sucursales del Banco del Bienestar y próximamente el aeropuerto de Tulum. Entre que sea cierto o no su salida, un nombre ya se soltó: Jorge Nuño Lara. Se trata del jefe de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda. Es el encargado de estructurar precisamente los paquetes de infraestructura. Guarde el dato por si acaso.

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS Aeroméxico va a sustituir seis aviones Boeing 737. No es un crecimiento como tal, porque la compañía que dirige Andrés Conesa se mantendrá con una flota de 102 aparatos prácticamente todo el año. Lo que sí es que mejorarán sus equipos. En breve llegarán seis 737-Max, pero al mismo tiempo se van seis 737 NG. Desde la semana pasada la jueza de la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, Shelley C. Chapman, autorizó el ajuste. A más tardar en un par de meses se sustituirán también dos Dreamliner 787-8 por dos 787-9. Antes de la pandemia la empresa que preside Javier Arrigunaga tenía 130 aviones.

A PROPÓSITO DE la jueza Shelley C. Chapman, tiene detenido el Chapter 15 de Oro Negro hasta el 25 de mayo. El proceso de quiebra en Nueva York quedó suspendido en tanto se logre o no la venta de esa compañía, otrora contratista de Pemex en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña. Hace alrededor de diez días Ama Capital presentó una oferta por cerca de 20 millones de dólares. Es la segunda del año. La primera en enero que fue rechazada por el juez Benito Zurita quien de nueva cuenta tiene otro ofrecimiento. El ofertante es un vehículo creado por los bondholders de Singapur, que son liderados por Contrarian Capital.

RECIÉN LE INFORMÉ de la sentencia que condenó a daño moral al emblemático Google, en agravio de Ulrich Richter Morales y Claudia Ramírez Tavera. Pues resulta que el gigante tecnológico que preside Sundar Pichai, a través de Google México, presentó un recurso de aclaración de sentencia para deslindar a la filial local que dirige Julian Coulter de la condena impuesta a Google Inc. La directora jurídica de Google en México, María Andrea Valles, emprende ya los recursos legales en contra de esta sentencia, que le decía constituye un importante precedente en esta era tecnológica.

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