Flotis para la ministra

¿LE ALCANZARÁ AL Rector de la UNAM, Enrique Graue, la cuerda para que la máxima casa de estudios se sacuda a la ministra Yasmín Esquivel?

La respuesta es no. La esposa del contratista favorito de Andrés Manuel López Obrador, léase José María Rioóbo, cuenta con una suspensión que detiene la investigación de su supuesto plagio.

Así, si mañana la UNAM defenestrara a la ministra, ésta no estaría obligada a dejar su puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La abogada operó bien: consiguió alargar el proceso y ganará tiempo.

Yasmín Esquivel apuesta a la salida de Graue en noviembre, y a que el nuevo rector inicie de cero el análisis de su caso, claro, no sin antes cabildearlo, para revertir el fallo de la UNAM en su contra.

En esa tesitura, los reflectores se voltean a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que preside Norma Piña. ¿Está en la máxima instancia de procuración de justicia mantener en sus filas a Esquivel?

Por lo visto, no. Esquivel, Arturo Zaldívar y Loretta Ortiz son los ministros incondicionales de López Obrador, los contrarios que siempre votarán a favor de las causas del tabasqueño.

Hasta ahora la ministra Esquivel sigue siendo el elefante en la sala, pero más agravante es la inacción de la Corte para resolver este penoso caso que pone en riesgo la reputación del Poder Judicial.

Yasmín y López Obrador sellaron una alianza de mutua conveniencia que mira a la salida de Graue y la llegada de un nuevo rector que sea más condescendiente con la 4T, para que la señora ministra no sea botada.

El candidato del obradorato, y por añadidura de Esquivel Mossa para despojarse de la posibilidad de que le cancelen la licenciatura por un supuesto plagio se llama Imanol Ordorika.

El director General de Evaluación Institucional de la UNAM es candidato de la 4T, que junto con Carlos Imaz, ex esposo de Claudia Scheinbaum, encabezaron el Consejo Estudiantil Universitario en 1986.

La ministra Esquivel confía que tras la salida de Graue y la llegada de un nuevo rector, sobre todo afín a la 4T, garantizará su permanencia en la Corte.

Claro, siempre y cuando y sus pares en la SCJN, que cada vez se distancian más de ella, lo sigan consintiendo.

A LA VENTA de Banamex se suma un hecho más: fuentes cercanas al caso aseguran que durante la administración de Emilio Lozoya en Pemex el banco cobró cantidades multimillonarias en intereses, comisiones y penas convencionales, en franca colusión con funcionarios de la petrolera. Para ello amparó con contratos de factoraje financiero las operaciones hechas por las empresas contratistas de Pemex, imponiéndoles un contrato leonino y una tasa de interés usurera, aprovechándose de la falta de liquidez de las empresas. Con ese esquema se apropió dolosamente del IVA, mutilando la posibilidad de que los contratistas lo entregaran al gobierno federal, hechos por los que actualmente Banamex está siendo investigado y que al día de hoy se desconoce el destino de dichos recursos públicos. Adicionalmente, al margen de la ley, constituyó fideicomisos con el único propósito de evitar las reservas que la ley le impone por cada peso colocado como crédito, medida ilegal que le reportó ganancias millonarias en perjuicio de todos los mexicanos. Las utilidades de Banamex, según la cuenta concentradora número 87000016340 a nombre del propio banco, en dónde operó movimientos superiores a 88 mil millones de pesos, superan con mucho las cifras que se han manejado en “la estafa maestra de Rosario Robles”, o en los sobornos publicados del caso “Odebrecht”, este último en claro contubernio también con Lozoya Austin, quién continúa en prisión.

EL 23 DE febrero, es decir, 40 días antes de que lo anunciara, Andrés Manuel López Obrador había adelantado a un selecto grupo de la burguesía española el acuerdo que estaba alcanzando con Iberdrola para poner punto final a una tortuosa relación que se recrudeció desde el primer día que se sentó en la silla presidencial. Fue en Palacio Nacional, cuando recibió al prestigiado abogado Javier Cremades, asesor legal de grandes consorcios hispanos y presidente de la World Jurist Association; a su socio, Diego Solana, hijo del afamado Javier Solana, ex secretario general de la OTAN, y a Juan Luis Cebrián, fundador del periódico El País. Cremades y Calvo Sotelo es el bufete de abogados del gigante que preside José Ignacio Sánchez Galán y que acompañó en el último año y medio la negociación que culminó en el acuerdo de compra de sus 12 plantas de ciclo combinado y una planta eólica.

MANUEL BARTLETT OPTÓ por el silencio. Quizás porque siempre estuvo al margen de la negociación con Iberdrola, que desde finales de 2021 lideraron el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y el director del fondo Mexico Infraestructure Partners, Carlos Robles Gil. La CFE fue solo un mirón de palo: no compró, no controlará, ni tampoco gestionará las 13 plantas. Bartlett, el principal instigador contra el grupo español, era de la idea de expropiar a la mala. Galvanizaba su narrativa machacando con el trato preferencial y de negocios que dio a Iberdrola a Felipe Calderón, quien cometería el error de dejarse contratar por la propia empresa. De lo único que Bartlett puede jactarse es de acuñarle a Andrés Manuel López Obrador una equivocada frase para compararlo con el expresidente Adolfo López Mateos: la “nacionalización” de la industria eléctrica. Pero ni siquiera eso: AMLO debió referirse a una “mexicanización”.

ALENTADA POR UN sicario de la política, Roberto Gil Zuarth, la aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República en el 2024 por el PAN, Lilly Téllez, hizo el ridículo en el acto de la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska. Mediáticamente atrajo reflectores y despistados seguidores, pero los miembros del Consejo político del PAN y los comités estatales del blanquiazul consideran que a Lilly le hace falta empaparse de lo que son los principios de Acción Nacional, conocer la historia del partido en los estados y lo más importante: ganar el apoyo de los simpatizantes y de la ciudadanía. Muchos panistas sienten a Lilly estridente, carente de una propuesta seria que los refleje y muy vinculada a sectores impresentables. Y lo peor: fue políticamente catapultada por Andrés Manuel López Obrador y en política no hay nada peor que la traición, aunque sea el pan de cada día en el mundillo político.