La Cuarta Transformación

Nieto tras la ruta del dinero en Tamaulipas

El proceso judicial y las investigaciones que se siguen contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca estarían por reactivarse en septiembre.

CON LA DERROTA electoral que sufrió el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, viene de regreso la ofensiva de la 4T en contra de un grupo político ligado al calderonismo.

Por lo pronto se cae el manto protector de un exfuncionario al que se señala por acumular desde el estado que será gobernado por Morena, recursos millonarios, sin recurrir siquiera a una complicada red financiera.

Se trata del exsenador del PAN, Salvador Vega Casillas, integrante del grupo de legisladores que según el inquilino de Palacio Nacional recibieron beneficios por apoyar la reforma energética de Enrique Peña.

En el equipo del gobernador electo, Américo Villarreal, se tiene claro que el secretario de la Función Pública en el sexenio de Felipe Calderón cobró con cargo al erario del gobierno saliente de Tamaulipas.

Lo hizo a través de la empresa denominada Estrategob S.C., con la que devengó tan solo en 2019 más de 26 millones de pesos por supuestamente resolver irregularidades en la cuenta pública estatal.

Pero también se tienen datos sobre la recepción de otros 17 millones de pesos en sus cuentas personales desde noviembre de 2018, un par de meses después de que terminara su periodo como senador.

Incluso los recursos provenientes del gobierno de García Cabeza de Vaca siguieron fluyendo a la cuenta del ‘Gallo’ 4681000191861344 del BBVA todavía hasta ya bien entrado el 2021.

Los sabuesos de Villarreal detectaron que la mayoría de los recursos provienen de cuentas vinculadas a José de Jesús Cárdenas Jiménez, militante del PAN en Michoacán, justo el estado natal del exfuncionario.

Por otro lado, las cantidades se dirigen a cuentas registradas a nombre de la empresa DV01 Servicios y Soluciones Especializadas S.A. de C.V., relacionadas con familiares del mismo.

A lo anterior habría que agregar reportes de operaciones inmobiliarias, como adquirientes y enajenantes, con cantidades que se colocan por debajo de los costos inmobiliarios reales de mercado.

Por ejemplo, en septiembre de 2018 Vega Casillas registró la venta de un edificio en 2.8 millones de pesos al Banco Bx+, que preside Antonio del Valle Ruiz.

Tan solo el departamento que reportó como domicilio particular, un penthouse ubicado en la calle Lafontaine de la colonia Polanco, tiene un costo publicado por empresas inmobiliarias de 2.5 millones de dólares.

El inmueble de marras tiene una renta calculada en alrededor de siete mil dólares al mes, inalcanzable para alguien que pasó los últimos 12 años en el sector público.

El proceso judicial y las investigaciones que se siguen contra el gobernador Cabeza de Vaca estarían por reactivarse en septiembre, una vez que deje el cargo y pierda también el blindaje del fuero constitucional.

Pero todo parece indicar que este trance no lo enfrentará solo, y que la pesquisa del gobernador electo de Tamaulipas que está operando su flamante asesor jurídico, Santiago Nieto, se ampliará a otros panistas.

EN LAS ÚLTIMAS semanas se ha puesto en la mesa el tema de las corresponsalías bancarias entre México y Estados Unidos. Éstas son elemento básico para las transacciones transfronterizas, no solo financieras y de inversiones, sino también para el flujo de remesas. Diversas voces advierten de las dificultades regulatorias y las reglas obsoletas para ellas, las cuales inhiben un mayor flujo financiero entre ambos países. La Asociación de Negocios de Texas y la Asociación Nacional de Banqueros apoyaron la realización de un estudio econométrico sobre los efectos económicos y sociales adversos no deseados que han tenido las actuales regulaciones de Estados Unidos contra el blanqueo de dinero y la lucha contra el terrorismo financiero en la relación de la banca corresponsal transfronteriza entre Estados Unidos y México. El estudio fue elaborado por Robert Shapiro, asesor y ex funcionario económico de la administración Clinton. Cuenta de manera clara y puntual el estado actual del tema, señala las deficiencias regulatorias y detalla los impactos negativos. Pero sobre todo da recomendaciones claras. Días previos a la Cumbre de las Américas, Maxine Waters, presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que pidió aprovechar las conversaciones de ese encuentro para agregar como tema el acceso financiero e inclusión, en particular para promover soluciones al fenómeno de reducción de riesgo de la banca (de-risking). Posteriormente, apoyando este tema, Rosario Marín, tesorera en la administración de George W. Bush, escribió un artículo donde señaló que debía permitirse a los bancos estadounidenses tener relaciones de banca corresponsal. En la actualidad únicamente dos instituciones financieras estadounidenses proporcionan servicios bancarios corresponsales.

CON LOS VOTOS de los ministros Jorge Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena y Norma Piña Hernández, la ausencia de Margarita Ríos-Farjat y el voto a favor de Juan Luis González Alcántara Carrancá, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó ayer la solicitud de atracción presentada por la familia Jenkins y sus abogados para estudiar la supuestamente ilegal reapertura de la carpeta que terminó en orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero solicitada por la Fiscalía General de la República. La resolución resultó una victoria para el fiscal Alejandro Gertz Manero, que mantiene una batalla legal y personal contra los hermanos que lidera Roberto Jenkins, a los que acusó por la malversación de fondos por el presunto desfalco de 750 millones de dólares. La familia Jenkins puso todos los huevos en esta canasta, pensando que así se librarían de lo que aseguran es una venganza personal de Gertz, estrategia que les resultó fallida y que Guillermo Jenkins, la contraparte, ha insistido que no se trata de ninguna vendetta, sino de un quebranto en perjuicio de la filantropía mexicana. Ahora lo que toca es un largo proceso que durará de 18 a 24 meses para que finalmente se defina su situación, todo esto con las órdenes de aprehensión vigentes y pesando sobre ellos la ficha roja de Interpol.

LA DECISIÓN DE Grupo Alfa de escindir su negocio de telecomunicaciones Axtel y buscar su próxima colocación en la Bolsa Mexicana de Valores como negocio independiente, es consistente con su estrategia corporativa. Baste recordar que hace algunos años las huestes que ahora preside Armando Garza Sada separaron de la holding su división de autopartes, Nemak, y la hicieron una emisora independiente. Y es que Alfa se convirtió al paso de los años en un grupo industrial muy diversificado que lo mismo vende embutidos (Sigma) que servicios de telefonía e internet (Alestra y Axtel), que produce petroquímicos (Alpek) y fabrica autopartes (Nemak), lo que le restaba valor al grupo y a sus subsidiarias y lo alejaba de su foco.

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