México pagó ya 250 mdd de laudos perdidos

MÉXICO FUE DEMANDADO por inversionistas internacionales por 2 mil 270 millones de dólares y los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pagaron alrededor de 250 millones, es decir, 10 por ciento.

Todavía se están litigando dos laudos en tribunales locales que tendrá que pagar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: uno de Lion Consolidated por 50 millones de dólares y otro de Posh por 7 millones.

Es cierto: ninguno de esos arbitrajes iniciaron en el gobierno de la 4T, pero los que ya se están acumulando desde 2020 harán palidecer los 2 mil 270 millones que se juntaron en los dos últimos sexenios.

La gran mayoría de los litigios se están concentrando en el sector energético y son atribuibles a la Secretaría de Energía de Rocío Nahle y a la Comisión Reguladora de Energía de Leopoldo Melchi.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, estima en 30 mil millones de dólares la inversión atorada por la reforma energética de López Obrador, pero otros expertos la calculan en 60 mil millones.

Algunos de esos inversionistas ya avisaron del inicio de sus procedimientos para dirimir sus diferencias vía arbitrajes internacionales conforme a los propios acuerdos de libre comercio que México firmó.

Abogados mexicanos ya reaccionaron y en manos de algunos podría quedar la tarea de combatir la reforma a nivel internacional. ¿Qué despachos han llevado este tipo de arbitrajes en México?

Destacan White & Case y Holland & Knight, que lleva aquí Ismael Reyes Retana y Luis Rubio en defensa de privados, y Curtis, Mallet-Prevost, que encabeza Eloy Bárbara de Parres, con gobiernos.

Asimismo los bufetes que capitanean Claus von Wobeser y Ricardo Ramírez, Von Wobeser y Sierra y RRH Consultores. Se trata de dos de los abogados mexicanos con mayor experiencia en arbitraje internacional.

El primero cuenta con la mayor participación en procedimientos de arbitraje y hoy es presidente del capítulo mexicano de la Cámara Internacional de Comercio (ICC).

A su vez el segundo fue presidente del máximo tribunal de comercio en la Organización Mundial de Comercio y hoy es árbitro designado como presidente en más tribunales arbitrales.

Otro es el reconocido Eduardo Siqueiros, que en los últimos años comenzó su trabajo de manera independiente, y el afamado Hugo Perezcano, ex consultor jurídico de la Secretaría de Economía.

Por ahí pasarán seguramente el cúmulo de litigios en contra de las reformas energética y eléctrica, que desde la Secretaría de Economía que lleva Tatiana Clouthier, deberá litigar el gobierno de López Obrador.

EL VIERNES REGRESÓ a Estados Unidos otro grupo de inspectores de la Federal Administration Aviation (FAA). Estuvieron aplicando una nueva revisión técnica de las condiciones de seguridad que hay en México para recuperar la Categoría 1. No hay nada que augure que no encuentren nuevos hallazgos que subsanar, sobre todo exámenes médicos a pilotos y tripulaciones, sueldos de controladores y acuerdos administrativos entre la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, de Jorge Arganis, y la Agencia Federal de Aviación Civil, de Carlos Antonio Rodríguez. En dos semanas la FAA debe informar qué detectaron. No se ve que la recuperación de la ‘Cat 1′ llegue antes de noviembre, y en una de esas, que ni siquiera alcance a salir este año.

LA OFERTA PÚBLICA de Bachoco quedó en suspenso. Recordará que desde el 25 de marzo el grupo de Francisco Javier Robinson Bours anunció su intención de adquirir 27 por ciento de los títulos que poseen inversionistas minoritarios. Ofreció 81.66 pesos por acción, valor que le fue cuestionado por algunos de aquellos, quienes argumentaron que estaba muy por debajo de un valor razonable del negocio. GBM tomó la estafeta de la rebelión. Pues bien, otro grupo ya saltó a la palestra y podría proceder contra la casa de bolsa de Alonso de Garay y Diego Ramos. Argumentan que si Bachoco cancela su OPA les causará un daño patrimonial, toda vez que los Bours ofrecieron una utilidad de 20 por ciento a quienes la apoyaran.

PUES NADA, QUE un conjunto de empresas pretende denunciar ante diversas instancias legales su molestia por los juicios ‘a modo’ que lleva a cabo el Juzgado 61 Civil de la Ciudad de México. Se sabe que frecuentemente, para apoyar a grupos importantes de multinacionales, la jueza Flor del Carmen Lima Castillo resuelve a su favor, aún y cuando no le asista la razón jurídica. Ello aparentemente con el visto bueno o complacencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez. Siempre se trata de casos en los que están en juego decenas de millones de pesos en diversos litigios.

LLEGÓ VENDIÉNDOSE COMO un “gran gestor político” y en sus primeros meses se ha caracterizado por su misoginia y malos tratos que, nos dicen, ya se los documentaron. Se trata del nuevo director de ECOCE, Carlos Sánchez Gasca, político de la vieja guardia que viene del gobierno de Enrique Peña en el Estado de México y de ahí saltó a la dirección de la Zofemat de la Secretaría del Medio Ambiente. Es un abogado que carece de conocimientos técnicos de manejo de residuos. La industria del reciclaje de Mexico se pregunta qué intereses están detrás de su nombramiento, ya que queda claro que el impulso al tema del acopio y reciclaje no lo es.

Y YA QUE hablamos de Enrique Peña Nieto, hasta Madrid fueron a verlo hace un par de meses Eduardo Henkel y su esposa Rosaura. No fue precisamente una visita de cortesía a quien durante su mandato les abrió la puerta a millonarios negocios por la amistad que los primeros trabajaron con el jefe del Ejecutivo gracias a su entonces esposa, Ángelica Rivera. La audiencia tuvo que ver para tratarle lo que se empieza a configurar como un grave problema con ‘La Gaviota’ y que el dueño de Grupo Bavaria quiere desactivar rápidamente. Nos dicen que el expresidente se terminó deslindando del tema que se viene.

DERECHO DE RÉPLICA

Sr. Director:

El pasado 17 de junio, en la columna “La Cuarta Transformación” se señala que “la red de abogados que quiso defraudar a Banorte puede llegar hasta Gabriel Pérez Ríos, en la actualidad abogado de Santander”.

Al respecto es necesario aclarar lo siguiente:

El abogado Gabriel Pérez Ríos, director Ejecutivo Jurídico Procesal de Santander México nunca ha sido parte de algún juicio en contra de Banorte; y no forma parte de una “red de abogados que quiso defraudar” ni a ese banco ni a ningún otro, por lo que la afirmación de que este asunto “puede llegar” al abogado Pérez Ríos, carece de fundamento.

Atentamente.

Gamal Durán Castellanos,

Director Ejecutivo de Comunicación Externa

Banco Santander México.