La Cuarta Transformación

Quinn Emanuel vs. Estado mexicano

La demanda de Oro Negro contra el Estado mexicano ilustra el riesgo que corre el gobierno de la 4T si no desactiva los cerca de 50 arbitrajes que pesan sobre él.

LA DEMANDA DE Oro Negro contra el Estado mexicano, que se dirime en Washington desde hace cuatro años, ilustra el riesgo que corre el Gobierno de la 4T si no desactiva los cerca de 50 arbitrajes que pesan sobre él.

Inversionistas estadounidenses, azuzados por los accionistas mexicanos Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo, traen una cartera muy honda que están utilizando sin miramientos para poner de rodillas a Pemex.

Oro Negro contrató a Quinn Emanuel, que no le debe estar cobrando por honorarios menos de un millón de dólares al mes, para hacer cumplir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador una indemnización de mil millones de dólares por la rescisión de contratos petroleros.

Hablamos de la firma fundada por John Quinn y Eric Emanuel, que lo mismo defiende a reputados corporativos que a políticos acusados de corrupción, pasando por presuntos narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco, hasta celebridades.

A principios de este mes que mañana termina, se desahogó la parte sustancial del arbitraje que se resuelve en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.

En la última sesión se pudo ver a un feroz abogado de Quinn Emanuel, David M. Orta, más preocupado en justificar los altos honorarios de su firma siguiendo el script de lo que parecía un thriller hollywoodense, que defendiendo la causa jurídica de su cliente.

El exproveedor de plataformas marinas de Pemex acusa al Estado mexicano de haberle provocado la quiebra, tras haber sido dizque despojada de sus contratos en la recta final del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Orta metió al mismo sacó de su defensa argumentativa a las autoridades federales y a las autoridades de la CdMx, a priistas y morenistas y a la corrupción imperante en Pemex bajo la administración de Emilio Lozoya Austin.

En las últimas audiencias del arbitraje de principios de mayo en Washington asistió el propio Gonzalo Gil, pero no en calidad de accionista y fundador de Oro Negro, sino curiosamente como testigo, intentando engañar a los árbitros que integran el panel, haciendo creer que no tiene un interés directo en el caso.

Frente a las extravagancias de Quinn Emanuel, la defensa del Estado mexicano corrió por cuenta de Orlando Pérez, el director general de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, que prácticamente sin los recursos y la parafernalia de su contraparte, está haciendo lo que puede con el activo más valioso: la razón.

Y la razón es muy sencilla: Gonzalo Gil ya no pudo seguir cobrando rentas diarias de 170 mil dólares que le asignó su primo, Juan José Suárez Coppel cuando era director de Pemex, por el arrendamiento de cinco plataformas en el sexenio de Felipe Calderón, mismas que mantuvo Lozoya y que después José Antonio González Anaya bajó a menos de 115 mil dólares.

Oro Negro fue el único contratista que no aceptó ajustar a la baja sus cuotas y decidió emprender una lucha, que solo en pago por servicios a sus abogados, ya le costó alrededor de 200 millones de dólares.

En la fase final se desahogaron los testimonios de ambas partes: la materia penal con las declaraciones de los testigos expertos, José Luis Izunza por Oro Negro y Javier Paz Rodríguez por Pemex; los testigos expertos en materia administrativa y concursal, Alfredo López Melih por la denunciante y Jorge Asali por la petrolera; y los testigos expertos en daños Carla Chavich por Oro Negro y Juan José Alberro por Pemex.

Vienen ahora los alegatos finales para dilucidar si la cancelación de los contratos de Oro Negro por parte de Pemex fue una violación a los acuerdos del Tratado de Libre Comercio.

El panel arbitral, presidido por el argentino Diego P. Fernández Arroyo y el chileno Andrés Jana Linetzky y el también argentino Gabriel Bottini, debería tener una resolución en el tercer trimestre de este año.

EL MIÉRCOLES DE la semana pasada la afamada jueza del Tribunal de Quiebras de Delaware, Kate Stickles, emitió una resolución que equivale a ponerle un cascabel a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la gestión de su presidente, Arturo Zaldívar. Resulta que promovió una “moción de descubrimiento” o “motion discovery” contra Alloy Capital. Se trata del acreedor que desde hace un año viene impidiendo que fluya el concurso mercantil de AlphaCredit, la financiera de Augusto Álvarez y José Luis Orozco, que arrastra pasivos por unos 800 millones de dólares y que en México no ha podido avanzar por diversas trabas legales que no suenan lógicas. La jueza Stickles ordenó a Alloy, que tiene como su abogado al bufete de Alonso Rivera Gaxiola, entregar comunicados, mensajes de correos electrónicos, de WhatsApp, grabaciones y documentos entre ejecutivos y representantes legales que permitan dilucidar desde el desechamiento de dos solicitudes de concurso mercantil el año pasado, primero por el juez 12 de Distrito Víctor Manuel Bravo Melgoza y después por la juez Primero de Distrito Elizabeth Vargas Lira, así como la filtración a Alloy de la resolución de desechamiento de Bravo antes de que fuera pública. Asimismo la revisión de las última medidas cautelares que obtuvo Alloy por las cuales embargó en exceso cuentas del prestamista. El discovery se obtuvo a petición del despacho White & Case.

A PROPÓSITO DE controversias binacionales y páneles arbitrales, ayer continuaron los encuentros en Palacio Nacional con las empresas estadounidenses conflictuadas con la reforma energética del gobierno de la 4T. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Timothy S. Duncan, el CEO de Talos Energy. Esta compañía presentó en septiembre del año pasado un “aviso de disputa” contra el Estado mexicano por la decisión de la Secretaría de Energía de darle el control del yacimiento Zama a Pemex. En el encuentro de ayer participaron Rocío Nahle y Octavio Romero, aunque este expediente particular lo está gestionando el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presente también. López Obrador también tuvo un encuentro con Jeff Martin, CEO de Sempra, quien le manifestó el interés de estar cerca de las necesidades de licuefacción, sobre todo en el Corredor Interoceánico, a través de nuevos gasoductos. Con ellos estuvo presente también el director de la CFE, Manuel Bartlett. Tanto a Talos como a Sempra los llevó el embajador Ken Salazar. Asimismo el tabasqueño recibió a Mike Garland, de Pattern Energy, compañía que posee dos plantas solares en nuestro país, una de las cuales se encuentra suspendida desde enero de este año.

PUES NADA, QUE la Secretaría de Marina, que comanda el almirante José Rafael Ojeda Durán, declaró desiertas la semana pasada las dos licitaciones para rehabilitar los 787 kilómetros del Corredor Transístmico. Y no solo eso, también declaró desierto los otros dos concursos para la construcción de 613 puentes que están sobre ese par de vías férreas que corren de Ixtepec a Ciudad Hidalgo y de Coatzacoalcos a Palenque. Las cuatro licitaciones implican alrededor de 40 mil millones de pesos. Muchas de las ofertas incumplieron requisitos técnicos y las que fueron solventes en ese rubro se fueron muy por arriba del presupuesto. Grupo México de Germán Larrea y Mota-Engil de José Miguel Bejos pelearon duro. Pero también apunte a ICA que dirige Guadalupe Phillips y Gami de Manuel Muñozcano.

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