Collado, el alto costo para Gertz

NUNCA IMAGINÓ EL Fiscal Alejandro Gertz Manero que un criterio de oportunidad con el abogado y gestor de expresidentes, Juan Collado, lo llevaría a la mayor exposición pública del abuso de autoridad, falta de ética y ridículo institucional.

La denuncia del abogado Collado, artífice de los videoescándalos de 2004, podrá derivar incluso en investigaciones directas en contra del titular de la Fiscalía General de República (FGR).

En una audiencia maratónica de 23 horas, el Ministerio Público (MP) expuso prolijamente una imputación que nunca fue, la de Julio Scherer. Su nombre retumbaba en todo momento, pero la Fiscalía nunca tuvo el valor de acusarlo.

En esas largas y tediosas horas, el MP repitió el nombre del ex consejero jurídico de la Presidencia, en un burdo y evidente afán de exponerlo, e insistió en vulnerar sus derechos humanos.

Buscaba negarle, por su ausencia, la oportunidad presencial de defenderse. A manera de suplentes, la batería se dirigió hacia César Omar González y Juan Antonio Araujo Riva Palacio, abogados connotados.

La falta de sustento hizo que la pólvora se humedeciera y desembocara en el mayor fracaso de una fiscalía, al determinar el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna que todo se hizo con “mala fe y mala intención”.

Ahora, como la acostumbrada patada de ahogados, la FGR amenaza que irá contra el juez y, conforme a los caprichos del fiscal, apelará la resolución.

Pero los medios y las personas en audiencia fueron testigos del incompetente actuar e improvisación de la FGR.

Aunque usted no lo crea, una persona que lleva tres años en prisión por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, intentó manipular al polémico Gertz para abandonar la cárcel a cambio de su reputación.

Si algún mérito pudo tener esa causa fallida de la Fiscalía General de la República es demostrar la enorme importancia de que los mexicanos contemos con un Poder Judicial autónomo y profesional del que, sin exagerar, dependen la justicia y el desarrollo del país.

Sin duda, sin un Estado de derecho que garantice libertades, derechos y obligaciones, nuestro país seguirá languideciendo en la mediocridad de un territorio sin ley.

Con este nuevo revés Gertz debería renunciar, y no por el hecho de que la Fiscalía haya perdido un caso más, sino porque la resolución del juez evidenció la mala fe, el uso de atribuciones y el abuso de poder.

Hay qué decirlo: el bajo estándar moral del fiscal Gertz Manero y de algunos de sus más cercanos colaboradores precipitan a la Fiscalía a la ignominia.

¿Qué harán quienes fueron objeto de esta injusta e infundada persecución? Demandarán por los daños? Asumirán estoicamente el efecto corruptor de una acusación que puso en vilo su suerte, su sosiego y sus vidas.

Es tan contundente la resolución del juez, que ordenó investigar posibles responsabilidades penales de quienes condujeron una investigación amañada y de los particulares que denunciaron.

Pronto la responsabilidad recaerá en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que deberá ver las violaciones del caso.

Una investigación así será la espada de Damocles que penda sobre la suerte de una fiscal que simuló ser independiente y que solo fue presa de sus fobias y venganzas.

AQUÍ OTRO CASO que demuestra lo que parece ser ya un modus operandi de las fiscalías: el 28 de noviembre de 2021 la Fiscalía General de Justicia de la CdMx (FGJCDMX), que comanda Ernestina Godoy, anunció la orden de aprehensión, misma que fue solicitada y obtenida por un ministerio público, deteniendo a Julio César Serna, derivado de la información aportada por Miguel Ángel “N”, quien actualmente se encuentra bajo proceso penal. En todos los comunicados de la FGJCDMX acerca del arresto, vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa de Serna, se hacen referencia a las declaraciones obtenidas por Miguel Ángel Vázquez. Pues bien, ayer las huestes de Godoy salieron a comunicar que el susodicho Vázquez regresó a prisión toda vez que los datos aportados al MP no constituyeron una prueba. El ex funcionario se acogió a un criterio de oportunidad y se convirtió en testigo colaborador de la fiscalía, pero la información que dio fue irrelevante y no resultó suficiente para que se tomara con prueba. Si la fiscalía capitalina hace referencia en todos sus comunicados que Serna fue detenido y está en prisión por esas declaraciones sin valor de prueba, entonces ¿qué será lo que venga para el ex director del CEDA?

AL IGUAL QUE en el tema de los cubrebocas, Hugo López-Gatell debe tener “otros datos” que muchas otras agencias de salud de todo el mundo ignoran. Ayer emitió una alerta máxima contra el uso de vapeadores, señalando que contienen sustancias tóxicas de alto riesgo y reiterando su prohibición absoluta. Gatell mantiene desde hace años una férrea postura de prohibición contra los cigarros electrónicos, a pesar de que la prestigiada Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos o sus similares de Inglaterra y Alemania, entre muchos otras, con base a evidencia científica y no a mera ideología, han reconocido que los vapeadores son una alternativa menos dañina para los fumadores adultos y, en lugar de prohibirlos, han optado por emitir regulación que incluye pruebas sofisticadas como requisito para autorizar su comercialización. Con ello evitan la venta de productos de dudosa calidad o toxicidad, el consumo por parte de menores de edad y, de paso, incorporan al comercio formal un producto de altísima recaudación fiscal. Mientras las tabacaleras tradicionales festejan la política pública de Gatell, la realidad es que, con o sin la alerta sanitaria de ayer, es innegable que el mercado está inundado de vapeadores que de no regularse lo seguirá estando, aunque con nulo control sanitario y su venta libre a menores de edad.

Y EL QUE casi ya tiene un pie fuera de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) es su titular, Ricardo Sheffield. Hace 16 días fue llamado por el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, para ser notificado de que le desmantelarían lo que en Palacio Nacional ya se había reportado como una red de corrupción. Nos referimos a las 38 oficinas o delegaciones diseminadas en todo el país, las cuales se convirtieron en auténticos cotos que se dedicaron a extorsionar a todo tipo de prestadores de servicios y comercios, marcadamente a las gasolinerías y gaseras. Sheffield fue de los pocos funcionarios que tuvo manga ancha desde el principio. No le impusieron a nadie, lo que le permitió repartir las 38 delegaciones entre allegados, la mayoría ex colaboradores de él a su paso por diferentes posiciones en su natal Guanajuato, incluida la presidencia de León. Lo mismo sucedió con los subprocuradores. A todos los están removiendo.

DERECHO DE RÉPLICA

Sr. Director

En la columna “La Cuarta Transformación” del 19 de mayo se hace referencia a una supuesta sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León en contra del banco. Al respecto es necesario aclarar lo siguiente:

Es falso que Santander haya sido “condenado” a pago alguno.

El caso comentado, como señala el artículo, no es cosa juzgada y se encuentra en proceso, en el cual el banco ha acreditado que cumplió con sus responsabilidades, y no ha sido dictada una resolución final. Por ende, no existe una condena firme que obligue al banco a pagar cantidad alguna. Es también erróneo señalar que las cartas fueron copias simples y que fueron consideradas como apócrifas en el procedimiento. Existe ratificación de la donación ante notario público.

La Primera Sala de la Suprema Corte está considerando la atracción del amparo interpuesto contra la resolución de la Séptima Sala Unitaria, misma que no ocurrió hace un mes como se afirma.

Atentamente

Gamal Durán Castellanos

Director Ejecutivo de Comunicación Externa Banco Santander México.

RESPONDE EL COLUMNISTA

La sentencia de la Séptima Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, fue dictada en cumplimiento de una sentencia de amparo directo que amparó para vicios de fondo a las señoras Garza. Por tanto, no cabe recurso alguno ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Artículo 61-IX de la Ley de Amparo). Las cartas son falsas, tal y como lo determinó el Tribunal Colegiado, y como lo señala la sentencia de la Séptima Sala, que a la letra dice: “Es fundado el incidente de falsedad de documentos promovido por las actoras respecto de los documentos exhibidos en la contestación de demanda presentada por Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander”. La sentencia sí condena al banco, en los siguientes términos literales: En lo que respecta a la prestación E, se condenó a Banco Santander al pago del valor del mercado que represente la cantidad de 36′700,000 acciones, al pago de la cantidad que resulte por la ganancia lícita (dividendos) que ingresaron y/o dejaron de ingresar y/o fueron indebidamente dispuestos en perjuicio del patrimonio fideicomitido, a partir de la fecha de su celebración, por las 36′700,000 acciones dispuestas indebidamente por culpa del Banco demandado. En lo que atañe a las prestaciones G y H, se condena a Banco Santander al pago de intereses ordinarios y moratorios; respecto de los intereses moratorios, se deberán calcular a partir del 16 de junio de 1994.