¿De qué está hecha la Corte?

ESTA SEMANA SERÁ clave para el sector eléctrico. Y es que mañana el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá y resolverá dos controversias constitucionales y una acción de inconstitucionalidad que impugnan la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) promovida por la actual administración.

Los tres proyectos de resolución, a cargo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, recién llegada a la Corte apenas hace tres meses y fuertemente vinculada con la 4T y Morena, fueron publicados en un ejercicio de transparencia que permite anticipar un arduo debate en el pleno.

Los tres asuntos que las y los ministros resolverán esta semana fueron planteados por una minoría de senadores de la República; por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), cuando la presidía Alejandra Palacios, y por el gobierno de Colima, entonces encabezado por José Ignacio Peralta.

Si bien cada asunto tiene sus particularidades, en todos se plantea que las reformas legales impulsadas por la 4T son inconstitucionales, al colisionar con las disposiciones de la reforma constitucional de diciembre de 2013 impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La Cofece planteó específicamente violaciones y regresiones importantes con la reforma en términos de competencia y libre concurrencia; el gobierno de Colima hizo valer violaciones en materia medioambiental y de transición energética, alegando sus facultades concurrentes en esa materia con la Federación; mientras que la minoría de cuando menos un tercio de las y los senadores formularon un planteamiento más amplio de inconstitucionalidad de prácticamente todas las disposiciones reformadas.

PARA TENER CONTEXTO, hay que recordar que estas reformas a la LIE constituyen la segunda intentona del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por revertir la reforma energética de 2013.

El primer intento, que fue un fracaso estrepitoso, fue un acuerdo de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que quiso emitir una Política de Confiabilidad por la vía de un decretazo, cambiando las reglas del juego sin reconocer las autonomías de los reguladores ni la fuerza vinculante de la propia LIE y de la Constitución.

Aquella Política de Confiabilidad fue impugnada vía amparos por los diversos jugadores de la industria, y también en controversias constitucionales ante la Corte.

En aquella ocasión, además de la Cofece, se tuvo registro de controversias constitucionales de los gobiernos estatales de Colima, Jalisco y Tamaulipas. Pero un descuido del equipo jurídico de la Sener dio al traste con toda la Política de Confiabilidad.

Y es que después de que el famoso juez Segundo Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, concediera una sentencia de primera instancia con un amparo de efectos generales contra la Política de Confiabilidad, Energía no interpuso su recurso de revisión en tiempo.

Por ello la sentencia quedó prematuramente firme y obligó a la propia secretaría a abrogar, de otro plumazo, su intento de contrarreforma eléctrica. Al quedar sin efectos el ‘acuerdo de Nahle’, tanto los demás juicios de amparo como las controversias constitucionales que estudiaba la SCJN quedaron sin materia y fueron sobreseídas.

Ahora, con la reforma a la LIE aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso, se dará un debate central en la Suprema Corte. Y es que no solo está en juego la validez de la ley como tal, sino también el futuro de la reforma constitucional en materia de electricidad que podría estar lista para discutirse en la Cámara de Diputados tan pronto como la próxima semana.

NO DEBE PASAR desapercibido el contexto propio de la Corte, que apenas el pasado lunes ordenó la liberación de las señoras Alejandra Cuevas y Laura Morán en un fallo histórico de once votos. A nadie ha sorprendido que los proyectos de Ortiz Ahlf propongan declarar la validez de las reformas a la LIE. La ministra es, tal vez, la persona con mayor y más claros vínculos políticos que ha llegado a la Suprema Corte desde 1995, además de Sergio Valls, quien llegó a la Corte en 2004, dieciséis años después de haber sido diputado.

Ortiz Ahlf ha sido la única que primero fue diputada federal, de 2012 a 2015, y luego ministra, denotando un fuerte grado de afiliación político partidista que no es común en la integración de tribunales constitucionales. De hecho, ha circulado en días recientes un video de sus participaciones en la Cámara de Diputados precisamente cuando se discutió la reforma energética de 2013 y luego el paquete de leyes secundarias en 2014, en la que llamó “traidores a la patria” a los legisladores que las aprobaron.

Así que nada nuevo desde el lado de los proyectos, que por supuesto están impregnados de esa misma visión política y proponen todos los argumentos posibles para validar y apoyar la contrarreforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador.

En concreto, el debate en la Corte implicará que las y los ministros establezcan qué ordena la Constitución vigente (reformada en 2013) respecto de la industria eléctrica. Una revisión de aquella reforma revela que el régimen constitucional está basado en dos grandes ejes: uno, la sustentabilidad y la transición hacia energías limpias, y dos, la creación de mercados con condiciones de libre competencia y concurrencia.

Bajo esos dos grandes ejes, la reforma de 2013 buscó terminar con una era de estancos y monopolios estatales, detonar la inversión privada generando incentivos para que se diera en energías limpias, crear órganos reguladores neutrales que no favorecieran a una empresa solo por el hecho de ser propiedad del Estado, y detonar una sólida y progresiva transición energética en el país.

Y AQUÍ EL primer problema de los proyectos de Ortiz Ahlf y la trampa metodológica que contienen. Los proyectos analizan artículo por artículo las disposiciones impugnadas, pero no presentan una visión sistemática de la LIE reformada. De esa manera, los proyectos omiten la cuestión central, que es que la reforma a la LIE es regresiva en términos de sustentabilidad y transición energética, y que también lo es en materia de competencia y libre concurrencia.

De hecho, no es necesario ir muy lejos en los detalles. Basta tener presente que toda la reforma a la LIE busca un objetivo central que es fortalecer a la CFE.

¿Qué se podría opinar si mañana se presentara una reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que de manera abierta y expresa se propusiera fortalecer a Telmex, el agente preponderante?

De ese nivel es el absurdo que los proyectos de la ministra Ortiz buscan sortear, pues independientemente de que la CFE es del Estado, los ciudadanos no se beneficiarán por tener un monopolio estatal que desplace a los inversionistas privados, sino por el contrario, tendrán que volver a pagar los costos de la ineficiencia histórica de la CFE, además de que se dará preferencia, encubierta o no, a energías generadas a partir de la quema de combustóleo sobre la electricidad de fuente eólica o fotovoltaica.

Habrá que estar atentos a cómo se plantea el debate y cómo se organiza la discusión mañana en el pleno de la Corte. Se anticipa que la ministra Yasmín Esquivel se pronuncie a favor de los proyectos y por la validez de la reforma a la LIE, pero no está nada claro quiénes más se sumarían para alcanzar la suma mágica de cuatro votos en el pleno.

Esto, dado que para que la Corte logre invalidar con efectos generales, es decir, eliminar completamente del orden jurídico, las reformas a la LIE, se requieren ocho de los once votos posibles, así que el gobierno está apostando por lograr un mínimo de cuatro votos favorables.

Tiempos importantes para México, para nuestra transición energética y también, por supuesto, para la autonomía de la Corte que preside Arturo Zaldívar. Otra prueba de fuego para los ministros.

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