Ahora caso Jenkins vs. Gertz

NO REPUESTO AÚN de la paliza que 10 de 11 ministros le propinaron el lunes, el fiscal general de la República estará nuevamente, hoy, en el centro de otra discusión en el Poder Judicial.

Y es que este miércoles está listada la petición del ministro Juan Luis González Alcántara Carancá, para discutir en sesión la facultad de atracción de otro caso explosivo: el de la familia Jenkins.

Lo que la Primera Sala abordará hoy es si le entran al tema de la determinación de si es constitucional la reapertura de la carpeta de investigación que generó las órdenes de aprehensión.

Otra vez Alejandro Gertz Manero y su brazo derecho, Juan Ramos López, ya como números uno y dos de la Fiscalía General de la República (FGR) reabrieron este otro expediente para litigar un asunto personal.

Revocaron el no ejercicio de la acción penal que había conseguido el clan que lidera Roberto Jenkins Landa, reabrieron la investigación contra la familia, consignaron el asunto y libraron las órdenes de aprehensión.

Los Jenkins están acusados por un desfalco de 720 millones de dólares en perjuicio de la Fundación Mary Street Jenkins, que es uno de los ángulos que persigue el fiscal general de la República.

Pero el otro es un viejo conflicto con la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) que le compete a él porque se vincula a una controversia marcaria con la Universidad de las Américas (UDLA), de la que es dueño.

La historia del actual fiscal ha estado ligada a la de la UDLA de la Ciudad de México desde 1985, pero desde el año 2000, él mismo contó con poderes de actos de dominio sobre la universidad.

De hecho, son asociados de esta institución de educación privada dos hijas del fiscal, Alejandra y Mercedes Gertz Lozaiga, además del yerno Julián Antuñano Olvera.

Adicionalmente han sido apoderados de la UDLA AC el actual fiscal de control competencial, Juan Ramos López.

Apunte también a otros altos funcionarios de la FGR cercanos al titular de la dependencia, como Hilario Sánchez Cortés, Gustavo Gutiérrez Calderón y Alfredo Ramírez Guerrero.

En 2007 esa alineación de abogados en nombre de Gertz solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la declaración administrativa de nulidad del nombre, logotipo y lema de la UDLAP.

Además denunciaron penalmente a la institución poblana por “uso y apropiación fraudulenta del nombre Universidad de las Américas”. El caso fue desechado por la entonces PGR.

Pero ahora en pleno gobierno de la 4T Gertz lo reabrió. Hoy el ministro González Alcántara Carrancá pedirá atraer el expediente que podría poner otra vez en el banquillo al polémico fiscal.

POR CIERTO QUE el affaire Alejandro Gertz Manero-Juan Ramos López causó ooootro encontronazo entre la presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Claudia de Buen, y su primer vicepresidente y potencial relevo el año próximo, Víctor Olea. Y es que en la grabación que le interceptaron ilegalmente al fiscal general de la República y a su fiscal de control competencial, se oye claramente que el primero se refiere a Olea como un actor relevante en esta lamentable, vergonzosa y horrorífica historia que han vivido las señoras Alejandra Cuevas y Laura Morán. “Vamos a ver qué dice Víctor porque el sí tiene una situación de la chingada”, en alusión al proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que conoció con anticipación y que no recogía supuestos acuerdos. La exhibida a Olea provocó una oleada de manifestaciones de… ¡solidaridad! de muchos barristas que comparten un chat en WhatsApp hacia el abogado, cuando debió ser todo lo contrario por haberse prestado a un trabajo que pasó por encima de la legalidad. De Buen no se aguantó las ganas de decirle “falso” cuando aquél trató de justificar lo injustificable. Incluso asegura en una parte de sus mensajes que no es abogado de Gertz, cuando el mismo fiscal lo menciona en la grabación. De Buen terminó saliéndose del chat y fue apaleada por sus colegas. Por cierto, todos los espontáneos solidarios eran hombres.

LA DETENCIÓN AYER de Jaime Rodríguez, El Bronco, cuyo abogado defensor curiosamente es Víctor Olea, pega en el índice de flotación de José Antonio Fernández Carbajal. Fue el famoso Diablo, mandamás de Fomento Económico Mexicano SA (FEMSA), el que convenció al Grupo de los 10, los empresarios más acaudalados de Monterrey, para que respaldaran y llevaran a la gubernatura de Nuevo León a este expriista como candidato independiente, elecciones que ganó en 2015. Se trató del castigo de los hombres del dinero al partidor tricolor, a su gobernador Rodrigo Medina y a su candidata Ivonne Álvarez, todo orquestado por los principales capitanes de los emporios regiomontanos.

POR CIERTO QUE el mismo José Antonio Fernández Carbajal está virtualmente defenestrado de FEMSA. El líder del explosivo crecimiento de FEMSA a la muerte en 2008 de Eugenio Garza Lagüera, vive una especie de exilio obligado en España. La responsable de aislarlo de los negocios de la familia fue ni más ni menos que la propia señora Eva Gonda Rivera, viuda de don Eugenio y su suegra. La decisión se tomó como resultado de los constantes y sistemáticos ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador a FEMSA en general y a la cadena de tiendas Oxxo en particular, marca cuyo vertiginoso crecimiento no se explica sin el liderazgo del Diablo. El negocio simplemente estaba ya en riesgo.

EL GRUPO DE los 10 ya tiene otro líder. En ausencia de José Antonio Fernández Carbajal, el que tomó su rol es Armando Garza Sada. A diferencia del Diablo el presidente del Grupo Alfa tiene una relación personal y cordial con el inquilino de Palacio Nacional y ha tendido puentes con el resto de sus colegas. Fue activo promotor de Francisco Cervantes desde que llegó a la Concamin hace tres años y ahora como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Garza Sada también es la voz de los principales corporativos regiomontanos. Lo dicho hace unos días: un cambio de enfoque más colaboracionista de los empresarios para con Andrés Manuel López Obrador en los tres años que le quedan.

ALGUNOS ACREEDORES DE Altán Redes andan molestos con la dirección de la compañía. Y es que dicen que en la virtual ruta de quiebra en que está, los ejecutivos de alto rango siguen cobrando millonarios bonos de desempeño. Altán, que preside Bernardo Sepúlveda y dirige Salvador Álvarez, no ha podido levantar capital. Socios del negocio como Izzi que comanda José Antonio González Anaya, Walmart que capitanea Guilherme Loureiro y Megacable que lleva Enrique Yamuni han dicho que no. La falta de una ruta más clara hacia una reestructura de más de 25 mil millones de pesos inquieta cada día más a Huawei, Nokia, el China Development Bank y a la Corporación Andina de Fomento (CAF).

DONDE TAMBIÉN HAY acreedores inquietos es en Crédito Real. Al parecer porque la prestamista que preside Ángel Romanos se está tardando en presentar un plan de reestructura financiera. De los 54 mil millones de pesos de deudas, la bancaria garantizada por los portafolios de préstamos de la Sofom representa 19 por ciento. Estamos hablando de cerca de 10 mil millones donde BBVA de Eduardo Osuna, Banorte de Carlos Hank González, Multiva de Olegario Vázquez Aldir y el japonés Sumitomo son los más expuestos. La financiera ha expresado a todos sus acreedores su intención de reestructurar ordenadamente y ha privilegiado en todo momento la comunicación.