La Cuarta Transformación

Pagarían al SAT con acervo cultural de Banamex

López Obrador fue un detractor de la privatización bancaria y en particular de que Hernandez y Harp vendieran Banamex sin pagar impuestos y enviaran al Fobaproa el quebranto del banco.

TRES RAZONES PESARON en la decisión de Citi de vender Banamex y retirarse de la banca de consumo y empresarial en México.

Ciertamente, la más importante fue el cambio de estrategia global para concentrarse en grandes clientes, pero también el clima de negocios provocado por la 4T y porque fueron rebasados por la competencia.

Citi compró Banamex a Roberto Hernández y Alfredo Harp hace 20 años y en los primeros ocho años recuperó los 12 mil 700 millones de dólares que pagó. Lo demás fueron jugosas ganancias.

Andrés Manuel López Obrador fue un detractor de la privatización de la banca y en particular de que Hernandez y Harp vendieran Banamex sin pagar impuestos y que enviaran al Fobaproa el quebranto del banco.

Rogelio Ramírez de la O, ahora flamante secretario de Hacienda de López Obrador y principal consejero económico del ahora Presidente, fue testigo de ese robo en despoblado como asesor de Citigroup.

Desde que Jane Fraser era consultora de McKinsey para Citi en Nueva York, creía que la banca de consumo en México cada vez era más onerosa operarla e iba perdiendo terreno por la creciente competencia.

Banamex costaba mucho y cada vez perdía más mercado: casi la mitad de sus ingresos importantes venían y siguen viniendo de la banca corporativa y la tesorería, que solo se opera con unas 500 personas.

La venta de Banamex, que hoy tiene 37 mil 500 empleados, era una decisión que McKinsey le recomendó a Citi hace un lustro, que Fraser empezó a instrumentar hace un año y que se anunció a la 4T en diciembre.

Entre los ‘citibanqueros’ de Nueva York se dice extraoficialmente que la venta de Banamex ya se pactó, y que el precio acordado con el potencial comprador roza los 12 mil millones de dólares.

López Obrador y Ramírez de la O habrían pedido una tregua para que “un grupo de empresarios mexicanos” pudieran presentar una oferta. La 4T estaba pensando en Carlos Slim como líder de ese grupo.

En Citi tienen muy claro que una de las aduanas importantes que debe pasar el nuevo dueño de Banamex es la Reserva Federal y que el gobierno de Joe Biden va a cuidar que los recursos tengan un origen lícito.

Respecto al patrimonio cultural de Banamex, nos aseguran que desde hace 20 años existe un adendum que establece que las más de dos mil obras están en un registro especial y no se pueden sacar del país.

Testigos de este convenio fueron los excolaboradores del secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari: Pedro Aspe, léase Eduardo Fernández, Patricia Armendáriz y Javier Arrigunaga.

Además del entonces presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (ahora diputada de Morena), y del director del Fobaroa, figuraron los entonces directores del INAH y el INBA.

El responsable de cuidar hoy el patrimonio cultural de Banamex es Andrés Albo, académico y sociólogo del ITAM, ex consejero presidente del entonces IFE, director de Compromiso Social de Banamex.

Un excitibanquero dice: “es una tentación muy grande para los banqueros nacionales y extranjeros tener en sus colecciones privadas este patrimonio cultural de México. Hablamos de la colección privada de arte más grande que existe en el país”.

Hay muchas obras de Diego Rivera, Frida Khalo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Pedro y Rafael Coronel, Manuel Felguérez, Arnaldo Coen, Remedios Varo, Leonora Carrington y Gilberto Aceves Navarro, entre muchos otros artistas más.

Para disfrute de los mexicanos, toda esa obra debería estar expuesta y resguardada para que no termine usurpada en colecciones privadas de empresarios o hasta de exfuncionarios y funcionarios.

EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR quizá no podrá determinar a los compradores de Banamex, pero lo que sí no se le va escapar es el pago de impuestos que tendrá que asumir el valiente que se lo quede. Estamos hablando de una cantidad considerable. El tabasqueño no va aceptar lo que sí hizo en 2001 el entonces presidente Vicente Fox: que su gobierno no se los cobrara a Roberto Hernández y Alfredo Harp cuando se lo vendieron a Citibank. El futuro del patrimonio cultural del banco y el rescate hasta donde sea posible de los 37 mil 500 empleos es crucial para el régimen de la 4T. No se descarta que en el primer caso los impuestos de la transacción se salden con las obras artísticas y edificios históricos que posee Fomento Cultural Banamex. Pasarían al control del Estado. Y apenas sería una pequeña parte. Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, ya se empezó a frotar las manos: otra medalla que se va a colgar.

EL VIERNES HUBO asamblea de accionistas en Aeroméxico. Fue aprobada toda la capitalización de la compañía como parte del proceso del Chapter 11, del que deberá salir en los primeros días del próximo mes de febrero. De los acuerdos relevantes destacó la formación de un nuevo consejo de administración integrado por 13 miembros. Aparentemente cambió la composición: en lugar de siete mexicanos serán siete miembros extranjeros, lo cual es congruente con el hecho de que los nuevos dueños de la aerolínea son fondos y prestamistas que no son nacionales. Serán designados principalmente por Delta Airlines y Apollo Global Managment. Aquí un ejemplo más de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede ir contra la realidad. El año pasado invitó a cenar a Palacio Nacional a Eduardo Tricio, Valentín Diez Morodo, Antonio Cosío y Jorge Esteve, los accionistas mexicanos. Ofreció el respaldo del gobierno federal para la reestructura. Pero solo les pidió una cosa: mantener el control de Aeroméxico en mano de mexicanos.

ADEMÁS DE GICSA, que presiden los hermanos Abraham y Elías Cababié, otra empresa que enfrentará vencimientos el mes próximo es Crédito Real, que preside Ángel Romanos. La financiera tiene encima el pago de un bono suizo por tres mil 405 millones de pesos. Desde finales del año pasado han trabajado en la obtención del financiamiento y parece que ya tienen un arreglo con un banco. En el ínter se alistan movimientos de fondo en la compañía. Crédito Real, que tiene entre sus principales accionistas a José Luis y Eduardo Berrondo y a Jorge Esteve, ha estado buscando la asesoría de la prestigiada firma de consultoría McKinsey, que lidera aquí Sergio Waisser, para realizar una reingeniería de negocios y enfrentar el pago de pasivos que este año suman más de siete mil millones de pesos entre senior notes y líneas de crédito.

PARECE HABER QUEDADO atrás la revocación de la licencia de Accendo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entonces a cargo de Juan Pablo Graf. El banco que fuera de Javier Reyes de la Campa fue suspendido por bajo nivel de capital y liquidez. Lo pongo al día: desde el 28 de septiembre pasado que se informó de la cancelación de su licencia, se designó a la consultora KPMG como la encargada de llevar a cabo la liquidación. Ya inició la venta de sus activos, unos 72 créditos que suman cerca de dos mil millones de pesos que se subastarán el próximo mes. KPMG, que dirige Víctor Esquivel, contempla enajenar la mayoría antes de marzo, lo que representaría la liquidación rápida en la historia de las intervenciones de bancos en México.

LA SECRETARÍA DE Relaciones Exteriores, que comanda Marcelo Ebrard, difirió para este miércoles el fallo de la licitación LA-005000999-E87-2021 para la contratación de los servicios integrales de centro de contacto para la programación de citas e información de sus oficinas. El viernes debió emitirse, pero hubo una inconformidad de uno de los tiradores. Trascendió que Bufete Empresarial GTI, de Mario Nava, ya tenía prácticamente en la bolsa el contrato que ronda los 700 millones de pesos. Compiten además Infocredits, TKM Customer Solutions y Coll Management, consorciado con Integrated Solutions Bureau y Grescoce.

FUERON SEIS SOCIOS Y dos asociados los que salieron hace unos días de las filas de White & Case, que comandan Francisco de Resenzweig y Carlos Mainero. Se trata de Alvaro Garza, Guillermo Aguayo, Daniel González, Antonio Cárdenas, Roberto Ríos y Mauricio Valdespino, quienes además de otros dos abogados juniors, se fueron al bufete DLA Piper, que lideran Eduardo Gallástegui y Gerardo Lozano.

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