Perderle el asco al PRI

LEJOS DE HABER perdido trascendencia, el PRI, que encabeza el campechano Alejandro Moreno, ha recuperado espacios en la política nacional, al convertirse en el objeto del deseo tanto para quienes buscan aprobar la reforma eléctrica como para los sectores que se oponen a ella.

Y es que, además de estar en juego la iniciativa tan defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo más relevante de este póker político es la elección presidencial de 2024.

“Alito” conoce a la perfección los dos escenarios que tiene en sus manos. El primero significaría aliarse con Morena para entregarle los votos suficientes de los 71 que dispone en la Cámara de Diputados para pasar esta controvertida reforma.

La moneda de cambio sería una alianza político-electoral con el hoy partido mayoritario de cara a las elecciones que se avecinan para 2022 en seis estados, en 2023 en dos entidades y la madre de todos los procesos en 2024.

El presidente López Obrador sabe muy bien que los votos del PRI tendrán un costo y éste podría ser la construcción de un frente con el tricolor que le asegure la desarticulación del bloque opositor y un fácil triunfo en todas las elecciones que vienen de aquí a tres años.

El PRI se encontraría en condiciones de aliarse con Morena y de negociar candidatos en 4 de las 6 elecciones de 2022, esto es Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes, Quintana Roo y Durango, y un abanderado en uno de los dos comicios del 23, léase Estado de México y Coahuila.

Para ello, López Obrador tendría que dar un giro de 180 grados a su discurso y resucitar al tricolor, algo que se antoja difícil, pero no imposible.

El segundo escenario que se le presenta a Alejandro Moreno y a sus principales operadores es la alianza con el PAN, el PRD y la iniciativa privada para rechazar la reforma eléctrica.

Esto implicaría, para los hombres de negocios, dejar atrás la serie de descalificaciones que en un pasado no tan lejano propinaron al PRI por los temas de corrupción en tiempos de Enrique Peña Nieto, doblar las manos y aceptar un trato con el tricolor.

La posición crítica del PRI implicaría relanzar la alianza opositora de cara a todas las elecciones que vienen y vislumbrar una candidatura común en 2024, por qué, no con el campechano a la cabeza.

Cual sea el escenario que se presente, ‘Alito’ ha sabido coquetear con uno y con otros. Ha elevado el costo de los votos del PRI en San Lázaro.

La primera señal se verá en la posición que este partido adopte en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía en Diputados, instancia en donde se encuentra actualmente la iniciativia y en donde los votos del PRI, muy seguramente, serán decisivos para dar continuidad al proceso legislativo.

Queda claro que, tanto para el inquilino de Palacio Nacional como para la los hombres del dinero, se trata de dar el paso hacia adelante, de perderle el asco al PRI.

¿PARA DÓNDE VA la regulación financiera en México? ¿Y qué pretende hacer la 4T con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)? La imposición de Jesús de la Fuente como su nuevo presidente violó todos los preceptos de la ley. De entrada, el nombramiento lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien otra vez dejó en ridículo al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien no pudo colocar a alguien de su entera confianza y le arrebataron la facultad de hacer la designación. Segundo, De la Fuente no cumple con los requisitos mínimos para el puesto: no ha ocupado ninguna posición en el gobierno. Y lo que es peor, se arroga experiencias que tampoco tiene, como el lavado de dinero, donde los verdaderos especialistas no tienen referencias de su trabajo. Hay preocupación en la banca, más allá del desafortunado saludo del presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, de a dónde están enfilando a la CNBV. La primera estocada se la dieron con el nombramiento de Lucía Buenrostro como vicepresidenta de Regulación, orden que como la de De la Fuente, salió de Palacio Nacional sin que ni Ramírez de la O ni el propio Juan Pablo Graf pudieran hacer algo. Para poner a Buenrostro, a quien como exdirectora de Crédito y Garantías le atribuyen el disparo de la cartera vencida del Banco del Bienestar en el último año, quitaron a José Antonio Quesada, considerado como uno de los que más saben del tema regulatorio bancario. ¿A dónde va la CNBV?

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES vence el plazo para que Emilio Lozoya Austin presente las pruebas que dice tener en contra de sus denunciados o, supuestamente, la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, tendrá que ejecutarle los delitos que se le imputan. Difícilmente ocurrirá eso. La defensa del exdirector de Pemex, que se dice es realmente el penalista José Miguel Castillo, discípulo del afamado Alonso Aguilar Zínser, puede solicitar una nueva prórroga, misma que el juez estará en posición de otorgar. Así como en el caso de Rosario Robles no hizo falta que Gertz se sacara un as bajo la manga, solo bastó que el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos determinara que existía un elevado riesgo de fuga para dejarla en prisión, en el expediente Lozoya el juzgador podría dar una nueva extensión para que el exfuncionario presente sus pruebas y aplazar otros tres meses, por lo que también se reprogramaría la audiencia de cierre de investigación en su contra, prevista para el 19 de noviembre próximo. Quien desde ahora está gritando a los cuatro vientos que ya convenció al fiscal especializado en Delitos Federales, Juan Ramos, de que se siga extendiendo el plazo es su padre, Emilio Lozoya Thalmann. Ya veremos.

TAN PRONTO COMO la próxima semana, el ministro Arturo Zaldívar podría estar notificando la vacante del ministro Fernando Franco, quien dejará esa posición el último día de diciembre. Estará puesta la mesa para que Andrés Manuel López Obrador envíe su terna. Más allá de los desencuentros del tabasqueño con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, externada en temas como la despenalización del aborto o la prohibición de la prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales, la relación sigue siendo muy institucional. Tan es así que el presidente ya confirmó su asistencia en la segunda quincena de diciembre al informe 2021 de Zaldívar. Asistirán representantes de los tres poderes de la unión y el gabinete legal. Después habrá una comida que los ministros ofrecen al jefe del Ejecutivo. López Obrador ha tomado distancia de los ministros, incluso de los tres que él mismo promovió: Margarita Ríos-Farjat, Jasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá. De los otros mejor ni hablamos.

POCO ANTES DE tomar posesión, la nueva gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, estuvo apunto de ir a la cárcel, acusada por su antecesor, el mandatario saliente Javier Corral, de delitos de corrupción. Hoy este polémico político está a punto de ser sentado en el banquillo de los acusados, más allá de que su nombre a nivel federal se mencione para ocupar un lugar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Corral dejó al estado con una deuda de 75 mil millones de pesos, pendientes con proveedores por 14 mil millones de pesos y más de 800 millones en irregularidades detectadas en dependencias de esa entidad. Moraleja: en política, como en finanzas, nunca subestimes a tus adversarios, máxime si juegan en tu misma cancha.

Y YA QUE hablamos de gobernadores, los que también quieren agarrar hueso son los de Baja California, Jaime Bonilla, y el de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. El primero dice a todo el que quiere oirlo que va o a la secretaría de Comunicaciones, o la del Trabajo o a Pemex. El segundo no dice nada, pero está operando para entregar a Morena al estado y la ariete es Mara Lezama, la alcalde de Cancún. Si todo sale bien, el hermano de Pedro Joaquín Coldwell podría terminar o en la Secretaría de Turismo o como embajador en Cuba. Pero no pierda la jugada de Movimiento Ciudadano. El partido de Dante Delgado ya ve en Roberto Palazuelos a su gallo. En Cancún, una ciudad joven, Mara no es muy querida, hartazgo que puede catapultar al Diamante Negro.

SORPRESA CAUSÓ EN el sector aéreo el anuncio de Volaris, que dirige Enrique Beltranena, de operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a partir de marzo próximo. ¿Qué incentivos recibió del gobierno federal, además del TUA de 120 pesos, para que se aventurara a afirmar que la estructura de costos del AIFA será “sustancialmente más baja” que la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando ni siquiera están concluidos los estudios de aeronavegabilidad ni las vías de acceso rápidas? En el medio se bromea que en unos meses Volaris mandará un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores para informar que su tercer ruta será del AICM al AIFA, por aquello de que a sus clientes no se les vaya el avión.