DESDE LA SEMANA pasada comenzaron a llegar citatorios a diversos miembros de la academia y comunidad científica relacionados con el Conacyt y su Foro Consultivo.
Por la Fiscalía General de la República (FGR) desfilaron Patricia Zúñiga, Gabriela Dutrénit, Julia Tagüeña y José Franco. Que se sepa hasta ahora no hay más emplazamientos en puerta.
Un dato: el fiscal Alejandro Gertz Manero y el fiscal especializado en Delincuencia Organizada, Alfredo Higuera, no pueden zafarse de entregar copia de las carpetas de investigación a los 31 denunciados.
Increíblemente, y a pesar del desechamiento de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero por parte de un juez del Altiplano, cuyo criterio quedó técnica y jurídicamente firme por no haber sido apelado, les notificaron con muy buenos modos que los investigan por los mismos delitos.
No han sido citados los 31 académicos iniciales, y no es visible aún conocer los criterios que ha seguido la FGR para citar a unos sí y a otros no.
Pero habiéndose iniciado las defensas formales de algunos de ellos al haber acudido a la Fiscalía, se ha vuelto relevante preguntar: ¿quién defiende a los científicos?
La respuesta se la podemos dar hoy: un conjunto de abogados muy diverso pero muy competente. Algunos se han sumado por amistad con ellos, otros de manera pro bono, y otros más cobrando solo los gastos necesarios u honorarios que compensen estrictamente el tiempo que una defensa merece.
Si bien el grupo de abogados ha acordado no revelar quién defiende pro bono y quién no, sabemos que los siguientes litigantes penalistas son los que encabezan las defensas de los científicos.
Apunte a Ricardo Sánchez Reyes Retana, Manuel Reyes Retana, Lorena Maraboto, Rafael Mateos, Marco Tulio Martínez, Óscar Zamudio, José Zapata, Ramón Cabrera, Óscar Superano, Alejandro Ramírez, Juan José Zubieta, Alfredo Del Río, Jesús Moreno de Leija, Ramón Cabrera y Eduardo Amerena, entre otros.
Los científicos no están solos y tienen buenos abogados, que están comprometidos, unidos y en comunicación. Sin embargo las acusaciones son muy graves, por delitos que fueron hechos para combatir al narcotráfico y secuestro y delitos que dejan cantidades billonarias para contratar ejércitos de abogados y corromper autoridades.
También estos delitos se están usando en contra de empresarios, políticos y opositores que de alguna manera pueden pagar una defensa de primera. En el caso de los científicos, no sólo los están tratando de acabar reputacionalmente: muchos rehúsan a defenderse en medios por miedo a que los corran y pierdan sus únicos ingresos.
Y una defensa de éstas en manos de un abogado competente puede arruinar económicamente a cualquiera. Cuesta lo mismo esto que un tratamiento de cáncer sin seguro.
Es por eso que es digno de subrayarse que todos los abogados, de acuerdo a sus posibilidades, están ayudando en esta defensa para que no los acusados no queden mermados económicamente, por esta acusación sin sentido.
No sólo los están atacando en su reputación, que es lo único de lo que vive un científico. Porque deben administrar subsidios y apoyos para sus investigaciones, la honestidad es tan importante para ellos como su inteligencia.
El rechazo a Gertz con todo y sus plagios no fue un asunto personal, no es un rechazo a la persona, fue una protección a la academia y a la seriedad de la ciencia mexicana.
EL DETONADOR DE las órdenes de aprehensión giradas hace un par de semanas contra Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, deben tenerlas muy presentes los diputados y senadores que se están embarcando en la que se avizora ya como la madre de todas las batallas legislativas del gobierno de la 4T: la aprobación o rechazo de la contrarreforma para empoderar a la CFE. Andrés Manuel López Obrador ya los amenazó con sacarles los trapos sucios si se oponen a su propuesta. Que los legisladores se miren en el espejo del líder de los senadores priístas, Miguel Osorio Chong. Diez días antes de que se activaran las órdenes de captura, el ex secretario de Gobernación no respondió a las insistentes llamadas que venían del gobierno federal. Al ex gobernador de Hidalgo se le urgía a apoyar un tema de interés en Palacio Nacional, pero prestó oídos sordos. Tras Álvarez Puga y su mujer se giraron otras diez órdenes de aprehensión, todos ex colaboradores suyos.
EN LA MEDIDA que lo requiera, el presidente Andrés Manuel López Obrador irá estirando más la liga sin importar el compromiso que adquirió con el ya el ex presidente Enrique Peña Nieto, pactó de no agresión que por instrucciones del ahora inquilino de Palacio Nacional operó y procesó su entonces hombre de todas las confianzas, Julio Scherer Ibarra. La lista de supuestos intocables que pidió Peña Nieto era muy corta. Luis Videgaray, José Antonio Meade, Emilio Lozoya Austin, José Antonio González Anaya, Angélica Rivera, Miguel Osorio Chong y Rosario Robles. Todos, excepto la ex secretaria de Desarrollo Social, fueron palomeados por el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación. Pero a la vuelta de tres años Scherer dejó la Consejería Jurídica de la Presidencia y a López Obrador le están creciendo los enanos, por lo que no habrá acuerdo que valga.
EN ESA MISMA línea échele el ojo a César Augusto Peniche. Ya se lo adelantábamos el jueves. Al ya ex fiscal del gobernador panista saliente Javier Corral lo han visto por las oficinas de la Fiscalía General de la República. Se afirma que fue llamado por el mismísimo Alejandro Gertz Manero para que haga las pruebas de control de confianza porque va a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Su posible arribo de tendría la finalidad de apretar a los priístas. El ex fiscal es famoso por su animadversión a ellos que se vio no solo en la persecución del ex gobernador César Duarte, sino en su destacada participación en la llamada Operación Safiro, que investigó los desvíos de recursos de algunos gobiernos estatales en favor de los candidatos del PRI. En su epicentro se encontraban Luis Videgaray y Manlio Fabio Beltrones.
SE VE MUY complicado que Rogelio Ramírez de la O pueda mover de la dirección de Nafinsa y Bancomext a Juan Pablo de Bottón Falcon. Dicen que es un joven muy brillante, quizás sin las cualidades de banquero, pero un genio matemático. Y tiene de dónde: su papá, Sergio de Botton Emmert, fue el promedio más alto de 10 grupos de 50 alumnos cada uno de la prepa del CUM entre 1974 y 1977. Años después fundaría la escuela LOGOS, en la Colonia del Valle, la misma donde por cierto según el presidente Andrés Manuel López Obrador viven los de pensamiento más conservador incluso por encima de los de Las Lomas. Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo Alfonso López Beltrán estudiaron ahí toda la secundaria y preparatoria y trabaron una sólida relación con el joven De Bottón Falcon, amistad que hoy más que nunca está vigente.
LA DECISIÓN DE Miguel Alemán Magnani de fichar al penalista Agustín Acosta Azcón tiene su lógica. El litigante cuenta con arraigo, reconocimiento y buenos contactos en Francia, donde aquél se encuentra prófugo y blindado con su ciudadanía. Acosta fue el abogado estrella que defendió y llevó de regreso a su país a Florence Cassez, en un histórico juicio que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el que la secuestradora contó con el respaldo de la entonces ministra Olga Sánchez Cordero. Ahora el hijo del ex gobernador priísta Miguel Alemán Velasco recurre al hijo de otro ex gobernador veracruzano tricolor, Agustín Acosta Lagunes, para que lo defienda de las acusaciones de defraudación fiscal que le fincó el SAT de Raquel Buenrostro por el caso de Interjet.