La Cuarta Transformación

Temporada de patos

Celis comenta sobre Olga Sánchez Cordero, Concanaco, la Universidad de las Américas Puebla y el encarcelamiento a ex funcionarios del Infonavit.

AL JUEZ DANIEL Ramírez Peña lo trajeron del penal de Puente Grande. Fue quien libró órdenes de aprehensión en el caso Telra Realty-Infonavit y el primero en conocer de la orden contra Raúl Beyruti.

Sin miramientos encarceló en Almoloya a los ex funcionarios del Infonavit, Omar Cedillo y Alejandro Cerda, por el daño patrimonial que se alega hasta por unos 5 mil millones de pesos a ese organismo.

Ramírez se convirtió en el instrumento de la 4T para recluir en cárceles de máxima seguridad, reservada a narcotraficantes y miembros del crimen organizado, a los adversarios del actual régimen.

Este juez es el que ahora emplazó a Carlos Treviño a comparecer por el caso Odebrecht. Treviño es uno más de los que Emilio Lozoya Austin embarró en su declaración de supuesto lavado de dinero.

Misma carpeta y mismo asunto que hoy tiene en la cárcel a Jorge Luis Lavalle, que tiene exiliado a Ricardo Anaya y que ahora tiene contra la pared a Treviño. Pero este caso le abre una ventana a la 4T.

No tiene por qué manejarse igual. Los feroces sabuesos de la Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero, y la misma 4T, están en la coyuntura de reivindicarse frente a sus adversarios.

Están en la posición de deslegitimizar a Anaya como perseguido político y el autoritarismo con que apresaron a Lavalle. En la tesitura de alinearse a la máxima que tanto pregona Andrés Manuel López Obrador: “el que nada debe nada teme”.

Deben permitir a Treviño defenderse en libertad. Iniciar el juicio vía remota para después “invitarlo” a acudir presencialmente al Antiplano para aplicarle la prisión preventiva, es una táctica condenada al fracaso.

A Treviño, ex Tec de Monterrey, ex director de Pemex, pero sobre todo panista y cercano a Felipe Calderón, el juez Ramírez lo quiere preso, para que desde el penal de Almoloya declare contra el ex presidente.

Oscar Zamudio es su abogado. Un joven penalista que se formó en los despachos de prestigiados litigantes. Primero con Eduardo Amerena y despues con Alberto Zinser y Julio Esponda, por cierto, recién fallecido.

ALONSO ANCIRA DECIDIÓ echar al bote de la basura la negociación con el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, con quien ya había pactado un acuerdo reparatorio para regresar 216 millones de dólares por la venta de la planta de AgroNitrogenados a Pemex, entonces dirigida por Emilio Lozoya Austin, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ancira no soportó más agravios de Andrés Manuel López Obrador y se la reviró. El acuerdo con Scherer fue no pisar la cárcel y lo metieron al Reclusorio Norte 76 días. Pero no hubo mal que por bien no viniera. Durante su estancia el “Rey del Acero” tuvo muchas tardes para fraguar su revancha. Con Juan Collado como asesor, su vecino de celda, y entre whiskies y habanos, trazó su ruta legal. El abogado de Carlos Salinas le recomendó al penalista Mauricio Flores, muy cercano a la directora jurídica de Pemex, Luz María Zarza, y hermano del ex presidente del Presidente del Tribunal Superior de Puebla, Roberto Flores. El primer paso fue desconocer el acuerdo. El segundo fue asentarse en Texas, para desde ahí operar la venta de una parte de AHMSA con el blindaje legal de su ciudadanía estadunidense. Es de esperarse otra orden de aprehensión, pero Ancira se reporta listo para dar la batalla a la 4T y defenderse de la extradición. Ya fichó al bufete más feroz de Estados Unidos: Quinn Emanuel. Su abogado es el litigante penalista Martín Cano, discípulo del afamado Alonso Aguilar Zínser. ¡Cierren las puertas señores!

EL EX SENADOR Roberto Gil Zuarth salió como ajonjolí de todos los moles. Un sector de la 4T lo tiene en la mira desde hace varios meses, pero para otro opera como aliado. Tiene abierta una investigación por presuntos actos de corrupción. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción lleva meses integrando el expediente con vistas a su judicialización. María de la Luz Mijangos se apoyó en toda la información que le aportó la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto. La pinza la cierran con el penalista Agustín Acosta. El ex secretario particular de Felipe Calderón es otro que tampoco ha escapado a la extorsión para que le den carpetazo a su caso. En el otro frente, Gil está jugando en la cancha del Consejero Jurídico, Julio Scherer, en el conflicto de la Fundación Jenkins. Ofreció ayudar al grupo de Guillermo Jenkins, que junto con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, tratan de quedarse con el control de la Universidad de Las Americas. El caso lo lleva el abogado Guillermo Barradas, litigante al que ya le picharon a Gil para ir juntos, en otra pista, en la defensa de Jorge Luis Lavalle, su amigo y socio. Entre abogados te veas, así dicen, ¿Qué no?

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador tomó la decisión de irse por la ruta de la radicalización en la segunda parte de su gobierno. La instrucción que está saliendo de Palacio Nacional es endurecer a la 4T frente a todo lo que huela a oposición a ese proyecto. Por eso y otras cosas se decidió a cesar a Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación. Antes le había dicho que necesitaba alguien con “mano dura” en esa cartera. El miércoles por la noche le avisaron a la ministra en retiro que hasta ahí llegaba y que se iría al Senado. Ricardo Monreal fue informado el jueves muy temprano la posición que ocuparía, la de Presidenta, para darle una salida digna. Sánchez Cordero ya no era bien vista ni por el tabasqueño ni por su primer círculo. En Gobernación enredó casos como el de Ayotzinapa, la amistía a presos sin sentencia y la relación con los líderes de oposición. Su ineficiencia y los intereses con Carlos Slim y Juan Collado, para quienes operaba, fue calentando los ánimos en su contra. Pero la gota que derramó el vaso fue su intención de proteger a varios acusados de Emilio Lozoya Austin por el caso Odebrecht, donde está centrada la estrategia contra Ricardo Anaya y Felipe Calderón.

LA PELEA POR los liderazgos de las cúpulas empresariales está al rojo vivo. Como aquí se narró hace una semana, se juega el contrapeso con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su segundo tramo de gobierno. La Concamín y la Concanaco, que el mes entrante dejan Francisco Cervantes y José Manuel López Campos respectivamente, es la primer aduana. Pero la mira de los adversarios del inquilino de Palacio Nacional está en el relevo de Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial hacia marzo del 2022. Gustavo de Hoyos y José Medina Mora de la Coparmex, Enoch Castellanos y Rodrigo Alpízar por la Canacintra y Juan Carlos Pérez Góngora por la Concanaco impulsan al ex presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega. El candidato del tabasqueño es, precisamente, Cervantes.

A PROPÓSITO DE Juan Carlos Pérez Góngora, candidato a la presidencia de la Concanaco, aunque rechaza estar en incumplimiento fiscal y asegura que no ha sido requerido por autoridad alguna, el 14 de mayo pasado la Procuraduría Fiscal que comanda Carlos Romero presentó querella porque consignó ingresos acumulables en su declaración de ISR en el ejercicio fiscal 2016 por un millón 829 mil 36 pesos, siendo que en realidad obtuvo 7 millones 712 mil 672 pesos resultando un impuesrto sobre la renta omitido por 2 millones 18 mil 138 pesos. Por los hechos denunciados la Fiscalía General de la República inició la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM/CDMX/309/2021, misma que se está integrando por el delito por defraudación fiscal equiparada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.


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