La madrugada del jueves, la candidata puntera a la presidencia de Valle de Bravo, Sudykey Rodríguez, se escapó de su casa. Un grupo de empresarios de alto nivel atendieron su llamada de auxilio y le dispusieron los medios para fugarse de la vigilancia de la Familia Michoacana.
La velocista mexicana fue regresada apenas horas antes, luego de que la secuestraran y llevaran ante uno de los líderes de esa organización para ordenarle que abandonara la carrera, so pena de matarla. Como pudo, Sudykey logró mandar una señal de auxilio.
Burló la vigilancia de sus captores, saltó por una casa contigua, se pasó a otra y logró llegar al otro lado de la calle, donde ya la esperaban para ser trasladada a la Ciudad de México.
En cuestión de horas el operativo de rescate terminó en una casa de la zona de San Ángel, donde informó a ese grupo de empresarios el detalle su captura, la entrevista con presuntamente Johnny Hurtado Olascoaga, ‘El Pez’, y la exigencia de que declinara a favor de la candidata de Morena, Michelle Núñez.
Sudykey decidió dar una rueda de prensa, se contactó al PRI nacional y se convocó a todos los medios de comunicación para ese mismo jueves a las 6 de la tarde para informar el caso de su secuestro. El líder del tricolor, Alejandro Moreno, voló de Mérida a la CDMX para estar presente.
Pero cuando se emitió el boletín saltó el Gobierno del Estado de México y, particularmente, dos cercanos a Alfredo del Mazo: Alejandra del Moral y Ernesto Nemer, presidenta del PRI en la entidad y secretario de Gobierno del mismo, respectivamente.
Gente del Edomex contactó simultáneamente, tanto al alcalde actual de Valle de Bravo, Mauricio Osorio, como a la propia Sudykey. Seguramente Del Moral y Nemer negarán los hechos, pero la versión coincide con la que todo el empresariado en Valle comenta.
“Tu familia está en riesgo, que no hable”, le mandaron decir, pues la integrante del Ejército Mexicano al parecer estaba echada para adelante en continuar su campaña. Los mensajeros fueron más allá, al advertirle que el crimen organizado “volaría una gasolinería con gente” si salía a medios a denunciar su secuestro y amenaza.
Fue entonces que la candidata por la coalición PRI-PAN-PRD, que aventajaba en las preferencias, decidió callarse. Vino entonces la cancelación abrupta de la conferencia de prensa a la que había convocado el PRI. Hasta ahora nada se sabe de ella.
Ayer, en la conferencia mañanera, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reveló que hasta ese momento la competidora olímpica no había presentado denuncia alguna, que no había declarado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y que no existía carpeta de investigación.
Es evidente que Sudykey no confía en el gobierno de Alfredo del Mazo. También es claro para la comunidad de Valle de Bravo, los grandes empresarios que tienen sus residencias ahí y que coordinaron su rescate, que ese mismo gobierno no hizo nada para ayudarla, incluso obstaculizaron todo.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ Obrador abrió ayer la caja de Pandora y metió más ruido inncesario a los mercados financieros. Y es que rompió lanzas con el Banco de México y defenestró, con siete meses de anticipación, a su gobernador, Alejandro Díaz de León. El presidente tendría que mandar una señal más precisa del perfil del sustituto, algo que diga más que un “economista con dimensión social, un partidario de la economía moral”. El berrinche presidencial por no haber recibido los famosos remanentes desconcertó a Díaz de León, quien en los últimos meses le ha explicado varias veces las razones al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y este por lo visto ha sido incapaz de hacerle entender a su jefe. El golpe de López Obrador en el índice de flotación al gobernador de Banxico es tal que debilita al propio instituto central. Y a río revuelto el que ya se ve en la silla es el subgobernador Gerardo Esquivel, quien ya busca apoyos tanto de Alfonso Romo como del propio Herrera. Volviendo a los remanentes, hay quienes señalan que el error estratégico de Díaz de León fue no haber dado un guiño al presidente: pudo haber trasferido una parte, aunque sea mínima, de los 160 mil millones de pesos que registró el banco en señal de buena voluntad. Sin embargo no fue solo su decisión porque la junta de gobierno, en la que está el mismo Esquivel y los otros dos alfiles de la 4T, Jonathan Heath y Galia Borja, votaron en contra. El rechazo a la petición presidencial no es exclusiva de Díaz de León. Guillermo Ortiz nunca estuvo de acuerdo en dar remanentes a Hacienda. Quien sí resultó muy generoso fue Agustín Carstens con Felipe Calderón y Enrique Peña. A este último en 2017 le traspasó 321 mil millones de pesos. Fue la última vez que se dio un remanente al Gobierno federal.
EL LUNES LA Representante Comercial estadounidense, Katherine Tai, puso en la mesa la protesta de las petroleras de su país que han sido afectadas por los incumplimientos de Pemex. Aunque no se mencionaron nombres, se trata de las compañías que participaron en las rondas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Fueron tres las adjudicadas de campos de exploración y explotación en el Golfo de México. Talos Energy formó parte del consorcio ganador de la Ronda 1, mientras que Exxon-Mobil y Chevron se quedaron con el bloque 2 y 3, respectivamente, de la Ronda 2 que abarcó la zona del Cinturón Plegado. Todos ellas invirtieron, pero el giro que dio Pemex con Andrés Manuel López Obrador llevó a la empresa dirigida por Octavio Romero a suspender pagos. Lo mismo sucedió con contratistas como Schlumberger, Halliburton y GE. Todas comprometieron inversiones y ejecutaron proyectos y ahora se los incumplen y encima de ello no se los quieren pagar. Si el Gobierno de la 4T no les da solución México enfrentará una demanda internacional.
OTRA: LA CANCILLERÍA, que capitanea Marcelo Ebrard, se metió de último momento a operar el rescate de la Categoría 1 de la seguridad aérea de México. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuvo de octubre a abril para atender las recomendaciones de la Federal Aviation Administration (FAA), pero Jorge Arganis se entrampó en la tubería burocrática de la 4T y fue incapaz de cumplir. El regulador que encabeza Steve Dickson está a horas de degradar a Categoría 2 a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), cuyo director, el general Carlos Antonio Rodríguez, en un acto totalmente fuera de tiempo, envió apenas este jueves el estatus del dizque cumplimiento. En la Cámara Nacional de Aerotransportes ya se preparan para recibir el golpe reputacional, sabedores de que no son las empresas, sino el gobierno federal, el culpable de que Estados Unidos nos repruebe.
EL PRÓXIMO LUNES será la Asamblea General Ordinaria de la Liga MX que conforman los dueños de los 18 clubes de primera división. Es la primera de Mikel Arriola, quien presentará para aprobación su Plan Estratégico a corto, mediano y largo plazos, que tiene tres ejes centrales: económico-comercial, deportivo y orden corporativo. Los objetivos son estabilizar los ingresos que perdieron los clubes por la pandemia (alrededor del 40%), mejorar la competitividad y el espectáculo del fútbol y ordenar y transparentar las finanzas de los equipos en beneficio de esta poderosa industria, que vale más de 2 mil 100 millones de dólares y aporta el 0.6% del PIB. Sin duda, la pandemia ha significado el mayor desafío para el futbol mexicano en su historia reciente y Mikel les tiene un buen plan para darle la vuelta a esta crisis y recuperar la ruta del crecimiento en este mismo 2021.
EL AMPARO QUE se le concedió a Gonzalo Gil por el Quinto Tribunal Colegiado en el caso Oro Negro, es importante porque resalta las profundas diferencias entre la justicia a nivel federal y el fuero común. Parecía que México se había convertido en un país que premia la corrupción y se castiga a quien la denuncia. Desde que el Wall Street Journal publicó en un amplio reportaje las grabaciones que revelan la red de corrupción que impera en Pemex, y la represalia de la que fue objeto el contratista por negarse a pagar sobornos, el hijo de Francisco Gil Díaz se convirtió en el enemigo público número uno. Proliferaron en la CDMX órdenes de aprehensión notoriamente arbitrarias y carentes de sustento jurídico, al tiempo que se desató una campaña incesante de desprestigio. Mientras tanto, la corrupción institucional exhibida en las grabaciones fue sepultada del discurso público y de la procuración de justicia.