La Cuarta Transformación

México al banquillo

La demanda por presuntas violaciones a la libertad sindical en una planta de GM, en Guanajuato, es apenas la punta del iceberg de una serie de reclamos.

La primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del TMEC que inicia hoy y termina mañana entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, será una prueba de fuego para la 4T y en especial para Tatiana Clouthier.

La demanda inicial contra México, por presuntas violaciones a la libertad sindical en una planta de General Motors en Silao, Guanajuato, es apenas la punta del iceberg de una serie de reclamos que los gobiernos de Joe Biden y Justin Trudeau tienen contra Andrés Manuel López Obrador por la forma en que empieza a gestionar la relación trilateral.

La reunión entre Clouthier y sus pares Katherine Tai y Mary Ng no va a ser un día de campo para la secretaria de Economía de México, dada la nula experiencia que tiene en negociaciones comerciales y por este jaloneo trinacional. Por la actuación del gobierno que representa no va a ser remoto que reciba quejas de sus interlocutoras.

Desde hace unas semanas la representante comercial estadounidense, Tai, ha mandado señales muy fuertes y claras sobre el papel de México respecto al tratado comercial de América del Norte.

Hay una serie de preocupaciones de cómo México está manejando sus obligaciones en el TMEC. Y ha advertido que la administración Biden “no teme utilizar las herramientas de aplicación del acuerdo”. Pide que las reuniones con sus contrapartes sean “francas y honestas”.

Un exdiplomático mexicano y experto en negociaciones internacionales entre los tres países dice que Estados Unidos y Canadá van a llegar a la reunión con un ramillete de violaciones por parte del gobierno mexicano en el sector energético, agrícola (retrasos burocráticos para obtener permisos), laboral e inversión extranjera.

Los reclamos para México se van a centrar en dos rubros: inversión extranjera en el sector eléctrico y democracia sindical efectiva. En ambos temas coinciden Estados Unidos y Canadá y van a presionar para que López Obrador cumpla los compromisos suscritos en el TMEC y se olvide de hacer un monopolio estatal a la CFE.

Pero no menos importante que el empecinamiento de Manuel Bartlett con su rancia política, es que el gobierno de México se comprometa a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, empezando, precisamente, por la CFE y por Pemex, la otra que dirige Octavio Romero.

El gobierno de la 4T va a fuego permanente por parte de la AFL-CIO y los sindicalistas canadienses en el cumplimiento de la democracia sindical y el respeto a los derechos de los trabajadores de aquellas industrias orientadas al comercio exterior.

Por eso decimos que entre hoy y mañana veremos de qué está hecha la ‘tía Tatis’: va a ser su prueba de fuego, fuego entre mujeres. O saca la casta y algún conejo de la chistera, o se va olvidando de sus aspiraciones presidenciales.

SI LA FEDERAL Aviation Administration (FAA) tuviera que emitir hoy su reporte, degradaría la calificación a México en materia de seguridad aérea a categoría 2. El gobierno no cumple los estándares de este regulador que preside Steve Dickson. No se aplicó desde octubre, cuando recibió la primera notificación ni tampoco en abril cuando concluyeron las últimas visitas de los supervisores estadounidenses. Y no lo hizo por el entramado burocrático y desorden que creó Andrés Manuel López Obrador con su ley de austeridad. Más de 100 supervisores de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que dirige el general Carlos Antonio Rodríguez Munguía, no recibieron capacitación. Además la política aeronáutica fue cooptada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que capitanea el otro general, Luis Cresencio Sandoval, desplazando a los civiles de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que conduce Jorge Arganis, que eran los rectores de esa política. Se sabe que en este tiempo extra que la FAA otorgó a México la misma Sedena acaba de obtener recursos emergentes y extraordinarios para tratar de subsanar las observaciones de la FAA. A ver qué logra la 4T.

FUENTES DE ALTÁN aseguran que la empresa no está en default porque logró un acuerdo de capitalización de intereses con Bancomext y Nafin, que dirige Juan Pablo de Botton, y con Banobras, a cargo de Jorge Mendoza. Le referí que debieron haber pagado alrededor de 600 millones de pesos el mes pasado. Se ve claramente la mano del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para reflotar a Altán. Asimismo, se afirma que el 30 de abril la compañía que preside Bernardo Sepúlveda y dirige Salvador Álvarez liquidó en tiempo y forma otros 200 millones de pesos de derivados contraídos con Santander, que capitanea Héctor Grisi. Altán considera que los acuerdos alcanzados con la banca de desarrollo significan un gran respiro porque es su principal acreedor.

GERARDO MALDONADO FUE nombrado conciliador del concurso mercantil de Senda. Abogado, corredor público, participó en las reestructuras financieras de Vitro de Adrián Sada y Pulsar de Alfonso Romo. Le platiqué que el expediente de este grupo, el principal de autotransporte de pasajeros en el norte del país, fue admitido por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil de Monterrey. La semana pasada la misma jueza María del Carmen Leticia Hernández desechó un concurso que en agosto de 2019 promovió el BBVA contra la empresa de Jaime Rodríguez Silva. La parte más pesada de su pasivo a refinanciar son 3 mil 500 millones de pesos de un crédito sindicado.

LA QUE SE ve muy cuesta arriba es la reestructura financiera de Altos Hornos de México. Debe poco más de 2 mil 500 millones de dólares. Alrededor de 800 millones se adeudan a Cargill, que posee 19.5 por ciento del capital. Amén de este fondo que encabeza David MacLennan, a Banca Afirme la acerera de Monclova le debe 250 millones de dólares más. Curiosamente el pasivo que AHMSA arrastra es lo que necesita el grupo que lidera Julio Villarreal para sacarla a flote. O la nueva administración alinea a todos los acreedores o el camino aquí será también un concurso mercantil. Curiosamente Alonso Ancira ya tenía listo ese recurso y desde su exilio en España ordenó desistirse por petición de Villarreal.

ESTE MIÉRCOLES ES el fallo de la licitación de las cerca de 40 mil computadoras del ISSSTE, contrato cercano a mil 200 millones de pesos. El organismo que maneja Luis Antonio Ramírez fijó en las bases un tiempo de entrega de 45 días, lo que no va ser fácil cumplirlo para los fabricantes. HP que dirige Carlos Cortés, Dell que capitanea Juan Francisco Aguilar, Lenovo que comanda Marco Jiménez y Acer al mando de Kees Van Rogen van a tener que hacer un esfuerzo adicional para allegarse los equipos, pues por la pandemia del coronavirus se afectó la cadena de suministros. Y ahora con la crisis de los chips la producción global de computadoras también se trastocó.

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