La Cuarta Transformación

Los negocios de TI en el Infonavit

Darío Celis da a conocer las irregularidades en los contratos relacionados con la Subdirección General de Tecnologías de Información del instituto.

Existen irregularidades constantes en los contratos relacionados a la Subdirección General de Tecnologías de Información del Infonavit, que dirige Carlos Martínez.

De manera reiterada se presentan incumplimientos a la normatividad general del instituto y deficiencias en el control de operaciones en los procesos.

La más grave es el uso recurrente e injustificado de compras directas al amparo del artículo 10 de las Políticas Aplicables a las Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes y Contratación de Servicios.

Y es que se aduce como causal de excepción para contratar mediante compras directas y sin acreditar debidamente las excepciones. Con el truco se ha beneficiado a un grupo de firmas ‘amigas’.

Debido a las irregularidades encontradas por la Contraloría General se amonestó a José Francisco Monroy, ya que lo responsabilizaron de las decisiones tomadas para la asignación de contratos.

El funcionario renunció tras manifestar su inconformidad con la sanción a su jefe, el subdirector general de TI, ya que las decisiones fueron tomadas directamente por él, Raúl González Reyna.

Este se ha visto envuelto en manejos poco transparentes y decisiones inexplicables, que con tal de beneficiar a empresas con las que tiene relación, ha incurrido en conductas que afectan al Infonavit.

Datavision Digital S.A. de C.V. está relacionada con diversas operaciones anómalas, incluyendo licitaciones arregladas y adjudicaciones fuera de las normas en diversas compañías.

Otra: En 2019 el Infonavit adjudicó el contrato de fábrica de software para SAP a Inndot S.A. de C.V. Le fueron otorgados dos contratos, uno por 246 millones de pesos y el otro es por 89 millones.

Inndot fue señalada de participar en la ‘estafa maestra’, pues en 2014 la Universidad Autónoma del Estado de México suscribió un convenio con la Sedesol para el desarrollo de una plataforma tecnológica.

Anexa Telecomunicaciones S.A. de C.V., es otra que se integró a la fila de proveedores del Infonavit a partir de la llegada de González Reyna. Ganó dos contratos de 23 millones de pesos cada uno.

El segundo convenio se le adjudicó a pesar de que fue penalizada por múltiples irregularidades durante el primero; además, están negociando un nuevo contrato multianual.

Anexa tiene vínculos directos con González: fue constituida en Sonora, de donde es oriundo, y hay personajes cercanos a él que han participado en la negociación para la asignación de los contratos.

El área de TI del Infonavit una verdadera cueva de Alibaba.

ESCÁNDALO EL QUE se le avecina en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX al magistrado José Francisco Huber Olea, conocido como #HuberLordFerrari, por el gusto de los autos de lujo y haber propuesto una fianza por 450 mil pesos a Sergio Aguayo en la polémica demanda que le puso el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. La forma con que se mueve le ha llevado a tener incluso una extensa colección de obras de arte, muchas de las cuales decoran su oficina. Ese modo de vida encendió ya focos rojos en la 4T, por lo que seguramente Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, pondrá atención. Se comenta en los pasillos del tribunal que a este magistrado le cayeron 18 juicios que la Cooperativa Cruz Azul tiene contra Guillermo Álvarez, y que para obtener un trato favorable le obsequió varios carros deportivos. ¿Será?

MUCHAS GRANDES EMPRESAS han encontrado en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) un blindaje para evitar los requerimientos que les hacen tanto el SAT, que preside Raquel Buenrostro, como la Procuraduría Fiscal de la Federación, que encabeza Carlos Romero Aranda. Se estima que en esa instancia que tiene como titular en funciones a Luis Alberto Plascencia hay más de 50 mil millones de pesos que las autoridades no han podido cobrar. Varias transnacionales con operaciones en México se han acogido a la protección de la Prodecon. Una de ellas es Fiat-Chrysler, que preside Bruno Cattori. El SAT le está demandando un pago de unos 800 millones de pesos.

LOS QUE ‘PLANCHARON’ su situación con la 4T fueron los de Posadas. Intervino el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, para que Raquel Buenrostro respetara el acuerdo que la empresa dirigida por José Carlos Azcárraga firmó en 2017 para pagar 2 mil 500 millones de pesos de impuestos diferidos en el tiempo. La actual jefa del SAT desconoció el convenio que se suscribió con Osvaldo Santín. Pretendía que se pagaran 900 millones de pesos de golpe este año. Fue Pablo Azcárraga el que cabildeó el tema y logró que se mantuvieran las anualidades. Con un crédito de GBM, de Alonso de Garay y Diego Ramos, se liquidaron los 300 millones de este año. Quedan pendientes 2022 y 2023.

ACABA DE HABER asamblea general extraordinaria de accionistas en Grupo TMM, que dirige Vanessa Serrano. Se aprobó una propuesta para hacer un aumento de capital social en la parte fija por un monto de hasta 420 millones de pesos, que equivale a 44 millones de acciones a un precio de 9.84 pesos por título pagaderos en efectivo y/o por capitalización de pasivos. El precio por acción que se acordó deviene de un estudio que se encomendó a un grupo de firmas especializadas independientes, que refleja el valor de la compañía que fundó José Serrano Segovia.

ESTE VIERNES SE cumple el enésimo plazo del Instituto Federal de Telecomunicaciones para la venta de FoxSports. La novedad es que otra vez hizo su aparición el consorcio español MediaPro, que capitanea Jaume Roures, que meses atrás se había retirado. Le comenté en su momento que este grupo hispano especializado en medios le produce a Disney, la parte vendedora, contenidos que se transmiten en ESPN, que es el otro canal de deportes del conglomerado que preside Bob Chapek. El regulador que preside Adolfo Cuevas tiene una segunda oferta.


DERECHO DE RÉPLICA

Enrique Quintana López

Director general y editorial El Financiero

Víctor Piz

Director de Información

PRESENTES

En referencia a la columna “Los Negocios de TI en el Infonavit”, firmada por Darío Celis, publicada en su periódico, me permito hacerle las siguientes precisiones:

Desde el inicio de la presente administración, el Infonavit ha aumentado las adquisiciones de bienes y servicios a través de licitaciones abiertas, con el objetivo de privilegiar la transparencia, la competencia económica y dar un uso eficiente a los recursos que administra. Mientras que en el periodo enero abril de 2016 sólo el 6% de las compras para el Instituto se hacía a través de licitación abierta, para 2020 este indicador subió al 39% y para abril de 2021 se encuentra en el 58%.

El aumento en las licitaciones ha permitido que en el periodo enero abril de los primeros dos años de esta administración, el gasto en compras sea menor al del mismo periodo en los últimos dos años de la administración anterior, obteniendo ahorros por 5 mil 23 millones de pesos. El Infonavit continúa con un ejercicio disciplinado del gasto y una administración del fondo que repercute en su solidez económica y financiera.

Específicamente en el caso de la Subdirección General de Tecnologías de la Información (SGTI), la tendencia ha sido similar. Las compras por licitaciones pasaron del 17% en 2017 al 33% en 2020, y para abril de 2021 el indicador registra el 42%. Esto ha generado ahorros significativos en el gasto de esta Subdirección al pasar de 4 mil 050 millones de pesos destinados a adquisiciones durante el 2017, a sólo 1 mil 672 millones de pesos para 2020. En lo que va de 2021 se han gastado 1 mil 126 millones de pesos.

El gasto en la SGTI es de vital importancia para el funcionamiento del Infonavit ya que soporta la atención a derechohabientes y acreditados, que suman alrededor de 146 millones de consultas en las distintas plataformas al año.

El incremento de las compras por licitación es resultado de las Políticas Aplicables a las Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes, Contratación de Servicios, Obras y Servicios Relacionados del Infonavit, aprobadas por su Consejo de Administración y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de noviembre de 2019.

Asimismo, cabe resaltar que todos los procesos de adquisición realizados en la SGTI se han efectuado en todo momento en amparo a la normatividad. Se consideran las patentes o derechos exclusivos que soportan los supuestos de excepción a la licitación, validadas por las áreas responsables para ello, mismas que hoy en día son sometidas a un Órgano Colegiado denominado el Comité de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes y Contratación de Servicios (CAABS), integrado por representantes patronales y sindicales. Cualquier empresa inconforme con los resultados de las licitaciones cuenta con mecanismos de defensa y de quejas.

Lo anterior refleja el compromiso de la administración con erradicar las prácticas del pasado que privilegiaban la opacidad en el ejercicio presupuestal, a través del uso desmedido de asignaciones directas de contratos para la compra de bienes y servicios, generando sobrecostos en perjuicio del fondo, propiedad de las y los trabajadores.

En lo que se refiere a Datavisión Digital S.A. de C.V. es importante aclarar que esta empresa tiene relación con el Instituto desde el año 2005 y desde entonces se han celebrado 20 contratos. De ese universo, únicamente dos contratos pertenecen a la administración actual. Uno fue una licitación abierta y el otro un convenio modificatorio por tiempo. Ninguno de estos contratos sigue vigente y tampoco se tiene previsto invitar a la empresa a participar en otras contrataciones.

La empresa Anexa Telecomunicación S.A. de C.V. tiene relación con el Instituto dese 2019. Desde entonces se han celebrado cuatro contratos. La primera adjudicación de servicios resultó de una licitación desierta. A este contrato le siguió una renovación de compra y posteriormente un convenido modificatorio para ampliar el tiempo y el monto del contrato. El cuarto contrato, por un mes más, se encuentra en proceso.

Y en lo que respecta a la empresa Inndot S.A. de C.V., cabe señalar que esta empresa tiene relación con el Instituto desde el año 2019 y desde entonces se han celebrado cuatro contratos y actualmente se está por firmar otro contrato el cual es resultado de una licitación abierta.

Es importante mencionar que el primer contrato fue por licitación abierta. A él le sucedieron dos convenios modificatorios (uno por tiempo y otro por monto). La cuarta compra fue por la vía de la adjudicación directa, la cual permitió la continuidad de la fábrica SAP.

Cabe resaltar que ninguna de las empresas mencionadas se encontraba inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública al momento de la adjudicación de servicios.

Adicionalmente, recalcamos que todos los colaboradores y miembros del Consejo de Administración del Infonavit deben adherirse al Código de Ética, el cual dirige la actuación del Instituto bajo los más altos estándares de eficiencia, transparencia, legalidad, integridad y mejores prácticas de gobierno institucional.

Con la aplicación de las políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, el Infonavit refrenda su compromiso en adoptar disposiciones que privilegien la transparencia, la planeación y la eficiencia, en beneficio de las y los trabajadores de México.

Atentamente:

Gustavo Rivera Loret de Mola

Subdirector General de Comunicación Infonavit

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