Rediseño de espacio aéreo: bomba de tiempo II

Para una buena parte de la comunidad aeronáutica, los nuevos procedimientos de salidas y llegadas en el Valle de México instrumentadas hace unos días por el Seneam carecen de lógica.

Excepto si se ven para justificar el presupuesto que se ha gastado en asesorías que en un futuro servirían para conciliar la interacción del Aeropuerto Felipe Angeles con el Aeropuerto Internacional de la CDMX.

Los comentarios de controladores y pilotos son demoledores. “¿Para qué rediseñar los procedimientos cuando el tráfico de hoy es la tercera parte del que había en 2019?”

A raíz de la pandemia, en lugar de tener mil 300 operaciones por día, actualmente hay a lo mucho 400. El tráfico de pasajeros nacionales es 50% menor al de 2019 y el internacional se ha reducido en 75%.

La impresión es que este rediseño se hizo con base en volúmenes y tendencias de antes de la pandemia, sin tomar en cuenta lo que hoy sucede.

“Sin con mil 300 operaciones los procedimientos bastaban para atender esa demanda, ¿para qué complicarle la vida a los tripulantes con acercamientos a los obstáculos?”, se preguntan.

No es sólo que la cercanía implique un riesgo en caso de que deba haber una desviación de curso, sino que esa proximidad genera turbulencia. Esto no sólo afecta al piloto, los pasajeros sufren más y es completamente innecesario.

Otro de los grandes problemas y de los que se quejan no solo los pilotos sino en especial los directivos de las empresas aéreas, es el sobrecosto en combustible.

Al anunciar los nuevos procedimientos, Seneam aseguró que eran “para bajar costos” y resulta que al contrario: ahora se tienen que consumir más litros de turbosina y lo peor es que nadie sabe cuánto más debe pedir el piloto para tener reserva, en caso de que deba cambiar de pista, irse al aire y ya no digamos con cualquier falla que demande dejar el avión volando en el área.

Ese sobrecosto está presionando de más las de por sí maltrechas finanzas de las aerolíneas. Entre los controladores la queja es diferente, pero significativa. Falta capacitación que, aunque se puede ir corrigiendo “sobre la marcha” (como dicen los directivos del Centro de control México) es innecesario arriesgarse.

Aunque según Seneam era mejor rediseñar con bajo tráfico, el riesgo no lo justifica y lo mejor era primero capacitar y que los controladores con más experiencia estuvieran presentes en el momento de iniciar los nuevos procedimientos, pero no lo hicieron.

Esta falta de capacitación sí ha sido detectada en las cabinas, el problema es que ya no se pueden analizar las diferencias entre pilotos y controladores porque ya no existe el mecanismo de revisión conjunta que había antes con la Comisión Controladores-Pilotos.

Seneam tiene una persecución contra todos los que no estén de acuerdo con la nueva directiva, incluso ha despedido a dirigentes sindicales cuando eso es completamente ilegal y ya han sido denunciados en el mecanismo de seguimiento de los acuerdos laborales en el marco del T-MEC.

Por último, un cuestionamiento grave es que no existe todavía ningún diseño de interacción entre el AICM y el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.

Eso sí le preocupa a la Secretaría de la Defensa que comanda Luis Cresencio Sandoval, que incluso ha buscado asesoría para que revisen lo que está haciendo Seneam en este tema porque el retraso los tiene muy nerviosos.

Y es que falta menos de un año para que inicie operaciones civiles el llamado AIFA y no hay ni diseño conjunto, ni consenso con los gremios y la industria de la aviación privada.

Y lo peor es que la Agencia Federal de Aviación aún no valida los procedimientos (aunque sí los “certificó”), lo que dejaría en el limbo una investigación en caso de haber un incidente grave o un accidente.

LA PREGUNTA QUE deambula en el sector privado es qué va pasar con Francisco Cervantes, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Era la carta de Andrés Manuel López Obrador para que asumiera la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en mayo, una vez que Carlos Salazar oficializara que no repetiría por tercer año. A Cervantes la 4T le allanó el camino vía la entonces secretaria de Economía, Graciela Márquez, que torció la Ley de Cámaras para extenderle la presidencia de la Concamin un año más. La jugada era mantenerlo más allá de febrero pasado, cuando acabó su gestión, y saltar en mayo próximo al CCE bajo la idea de que Salazar no se reeligiría. Pero pasó lo contrario. A Salazar le pidieron el Consejo Mexicano de Negocios y el Grupo de los 10 de Monterrey aguantar otro año, porque abrirle el paso a Cervantes era entregar el CCE a López Obrador.

EN LA SUPREMA Corte está sucediendo más o menos lo mismo con este albazo del jueves pasado, con el que se pretende ampliar dos años más la presidencia de Arturo Zaldívar al frente de la máxima instancia de procuración de justicia del país. Independientemente de que el ministro sigue desaparecido y no ha dicho si lo toma o lo declina, el gran perdedor en este juego y rejuego de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial es el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena. Y es que si a alguien la 4T le había ofrecido relevar a Zaldívar, fue al jefe del SAT en el gobierno de Felipe Calderón. Recuerde que su voto a favor de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador fue decisivo para que la Corte determinara en octubre pasado constitucional enjuiciar a ex presidentes.

EL 18 DE marzo Andrés Manuel López Obrador presentó acciones de gobierno para rescatar la industria de los hidrocarburos. Una fue el compromiso con los trabajadores de Pemex de no despedirlos y respetar sus condiciones laborales. Pero todo lo contrario. Desde la Dirección Corporativa de Administración, a cargo de Marcos Herrería, y con la complacencia de Octavio Romero, se decidió despedir arbitrariamente a funcionarios adscritos a la Dirección de Planeación, la mayor parte con antigüedades superiores a 20 años. En contraste, gran cantidad de personas sin preparación técnica ni experiencia han sido contratados por el único “mérito” de ser familiares, amigos o hasta parejas sentimentales de los directivos en turno, poniendo en riesgo la operación de Pemex.

CON LA APLICACIÓN de la prisión preventiva al ex senador Jorge Luis Lavalle, no hay vuelta de hoja: el próximo paso del juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuente Tapia, será llamar a declarar a Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, Salvador Vega, David Penchyna y Luis Videgaray. Asimismo, al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, a quien se le cancelaría el criterio de oportunidad y se le giraría orden de aprehensión. Esto podría suceder en mayo, a unos días de las elecciones intermedias del 6 de junio, igual que el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

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