En su conferencia de prensa –más larga que la más larga de las mañaneras de AMLO–, Carlos Slim compartió que “cuando acabe su gobierno” va a conversar con el presidente López Obrador de muchos temas. Adelantó que, “como él dice, diferimos en varias cosas”, y por ello quedaron de “hablar de lo que diferimos, entre ellas de Porfirio Díaz, yo creo que fue un gran presidente; bueno, gobernó 30 años, se le fue la mano al tipo, pero modernizó el país”. Interesantes serán sin duda esas charlas –quizás en la finca de Palenque– de quien para entonces será expresidente con el que seguirá siendo el empresario más rico de México y, aunque lo niegue, el favorito del morenista.
¿Prisa por amparar a empresas o justicia pronta?
Muy extraña se lee la versión privada de la discusión del 31 de enero de la Segunda Sala de la SCJN. La ministra Lenia Batres pidió dejar en lista el asunto eléctrico, pero el presidente de la sala, el ministro Alberto Pérez Dayán, le dijo que no aceptaba, contrario a cientos de asuntos donde la petición de un ministro es suficiente para posponer un debate. La ministra Yasmín Esquivel les dijo que había que analizar el voto de calidad, que era para desempatar sólo el tema del impedimento del ministro y no el fondo del asunto. Aseguran que, como dice la Ley Orgánica de la Corte, para ello había que llamar a un ministro de primera sala, lo que no ocurrió.
¿Laynez pudo cometer delito?
En la misma sesión, también se comenta que el ministro Javier Laynez cometió una ilicitud, pues se declaró impedido para conocer el caso, argumentando que era para no retrasar el asunto. De acuerdo con expertos, esa no es causa de impedimento y podría haber violado los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, pues no hubo ninguno de los ocho causales para abstenerse de conocer de un asunto. La pregunta es si con ello no cometió un delito. En otra parte de la discusión, reconoce el propio Laynez que le piden no conocer del tema, porque fue procurador fiscal. Pero si no debía conocer de este asunto, nunca debió conocer los anteriores. Lo que también sería delito, ambas conductas serían delictivas conforme al artículo 225 fracción I del Código Penal Federal. Tema controversial.
‘Pejelandia’ no se toca
Desde hace meses, en la esquina de Plaza de la Constitución y Moneda, se instaló un puesto con venta de accesorios alusivos a la imagen del presidente López Obrador. ‘Pejelandia’ se hace llamar, y ayer destacó por tener un AMLO de tamaño real para que los transeúntes se tomen la selfie. A cualquier otro de los ambulantes, la autoridad los sigue ‘toreando’ –como la ley marca–, con operativos sorpresa. Pero a estos comerciantes, cuyas lonas dan cuenta de su afinidad con la 4T, la policía capitalina no los toca ni con el pétalo de una rosa. Es más, les han permitido hasta instalar baños móviles.
Megafarmacia puede llenarse de medicamentos ‘patito’
Delicada fue la alerta que envió ayer el secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el panista Éctor Jaime Ramírez Barba. Advirtió que ayer mismo la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria publicó un acuerdo que establece que bastará con que alguna “autoridad” reguladora, como la OMS, Estados Unidos o hasta Cuba –destacó– validen un medicamento –por encima de la Cofepris– para que pueda adquirirlo el gobierno federal, a fin de “poder llenar la megafarmacia de manera rápida y sin un adecuado control sanitario”. Con esto –alertó– “el gobierno permitirá la importación de medicamentos ‘patito’ y sin registro sanitario en México, lo que compromete gravemente la salud de la población mexicana”.