Por Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado del INAI.
De acuerdo con cifras del Banco Mundial, en México las mujeres representaban el 50.2% de la población total (63 millones 356 mil 944) en 2018 y, si bien se ha incrementado su influencia en espacios públicos como el social, económico y político, lo cierto es que, a nivel mundial, continúan siendo víctimas de discriminación, explotación y violencia.
Históricamente, tanto en la esfera privada como en la pública, la discriminación en contra de las mujeres ha derivado en prácticas de dominación que impiden su pleno desarrollo en la vida pública y el goce total y/o parcialmente de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
A partir de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se encuentra obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como los principios de igualdad y no discriminación, en el ámbito de su competencia.
De acuerdo con datos de la Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género del INAI, de 2003 a la fecha, el número de solicitudes de información pública y datos personales ha aumentado considerablemente, pasando de poco más de 22 mil solicitudes en el 2003 a más de 200 mil en 2018.
En este periodo, la brecha entre mujeres y hombres que ejercen su derecho de acceso a información pública y de datos personales se ha cerrado, las solicitudes presentadas por mujeres equivalen, en promedio, al 39%. Tan solo en 2018 representaron el 41% del total de solicitudes, 11% más que en 2003.
Particularmente, en materia de acceso a información pública, el número de solicitantes mujeres se incrementó, pasando del 30% en 2003 a 37% en 2018; no obstante, actualmente aún se observa una diferencia de 26 puntos entre mujeres y hombres solicitantes.
Por lo que hace a solicitudes en materia de datos personales, la brecha se cerró de forma más significativa, incrementándose el porcentaje de mujeres solicitantes a partir de 2015 (en promedio, 49% mujeres, 51% hombres).
Cabe señalar que, para asegurar el anonimato de los solicitantes, el registro del sexo de la persona solicitante es voluntario y no verificable; en este sentido, los datos corresponden a la información estadística reportada por el 69.4% del total de solicitantes, porcentaje que resulta representativo.
Para la población femenina el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos representa un instrumento que facilita el cumplimiento y articulación de la defensa de otros derechos humanos desde su empoderamiento como sujetos de derechos y agentes de cambio, ya que amplía su oportunidad para exigir y aprovechar efectivamente los servicios que provee el Estado.
Entre las principales temáticas de las solicitudes presentadas por mujeres destacan las relacionadas a acceso a documentos oficiales específicos (29.9%); tarjetón, nómina o comprobante de pago (11.7%); sistema nacional de salud pública y abasto de medicamentos (9.9%), presupuesto asignado y resultado de auditorías (8.1%), y expediente clínico o médico (6.6%); entre otras de igual relevancia para las mujeres como desaparición forzada de personas y otras violaciones a los derechos humanos, violencia de género y a mujeres indígenas (2%), entre otros.
Si bien, desde la entrada en vigor del marco legal en materia de transparencia y acceso a la información en el país, la dinámica de participación social evolucionó favoreciendo el diálogo claro y directo entre el gobierno y la ciudadanía; lo cierto es que, aún encontramos una importante área de oportunidad por parte de las instituciones de gobierno para contribuir en el análisis de las formas en que la relación entre hombre y mujeres se desarrollan en lo público y lo privado.
En relación con lo anterior, podemos mencionar la necesidad de generar información desagregada con perspectiva de género que permita detectar brechas de desigualdad y/o identificar casos de discriminación a mujeres a partir de la información que generan las instituciones de gobierno en cada uno de sus ámbitos de competencia como, por ejemplo: salud, seguridad, trabajo, previsión social, entre otros.
En un país donde la mitad de la población son mujeres, su participación en la construcción de la agenda pública determina el éxito de esta pues contribuyen a obtener mejores resultados de las acciones para la atención de sus necesidades; así como de los criterios para su evaluación y seguimiento.