Blanca Lilia Ibarra Cadena es Comisionada del INAI
En enero de este año la organización Transparencia Internacional presentó su índice anual de percepción de la corrupción 2018 (IPC 2018), mediante el cual se puso de relieve el aumento continuo en la percepción de corrupción en países como Australia, México, Turquía, Estados Unidos, Rusia, Canadá, entre otros, y siendo pocos los que, por el contrario, han disminuido en percepción, como República Checa, Italia y España. En el contexto regional latinoamericano, encabezan la lista de países con mayor percepción de ese fenómeno, Venezuela y Nicaragua, y por el contrario destacan por el índice de menor percepción, Uruguay y Chile.
Cabe hacer notar que el IPC 2018 se basa en 13 encuestas y evaluaciones de expertos en la materia que permiten medir la corrupción del sector público en 180 países y territorios, empleando una escala de puntuación que va de cero (altamente corrupto) a 100 (muy limpio y apegado a legalidad). Consultar documento en https://www.transparency.org/cpi2018.
El informe señala que el no controlar ese fenómeno está contribuyendo a una crisis global de la democracia, un tema que toca fibras sensibles, más aún en el contexto regional que nos encontramos, pues para México debe ser alarmante que hemos venido disminuyendo en puntuación consecutivamente desde el año 2014, encontrándonos tan sólo a tres puntos porcentuales arriba de Nicaragua.
El índice nos muestra que México en los últimos siete años ha venido empeorando su nivel de percepción de corrupción, al pasar en 2012 de un puntaje de 34/100 a un nivel de 28/100 en 2018, ubicándose en el lugar 138 de los 180 países estudiados, muy por debajo del ranking mundial.
Al respecto, una de las acciones urgentes a emprender por el gobierno mexicano es la puesta en operación plena del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pues aún falta la pieza clave para su funcionamiento, que es el inicio de la función de la Fiscalía Anticorrupción. Si bien, el 8 de febrero pasado el Fiscal General de la República designó a la jurista María de la Luz Mijangos Borja como titular de esa Fiscalía, aún no se cuenta con su ratificación por el Senado. Asimismo, 10 entidades no han concluido de instaurar sus propios Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), como lo señaló en su toma de protesta el nuevo presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, Mtro. José Octavio López Presa, el pasado 8 de febrero, quien a su vez preside el Comité Coordinador del SNA.
Así también precisó los cuatro ejes temáticos, a los que denominó las "4 I", sobre los que regirá su presidencia y que son de tal importancia que deben integrar de manera urgente la agenda nacional ante los alarmantes números que se expusieron con antelación.
El primero de esos ejes: independencia de las instituciones, se refiere a que el SNA debe impartir justicia sin sesgos políticos, partidistas o en favor de grupos de poder y esto es posible a través de tres factores a resaltar: los perfiles y las formas de nombrar y remover a sus directivos; la existencia y calidad de un servicio profesional de carrera; y su gestión y resultados.
El segundo eje corresponde a la integridad de los individuos, para lo cual resulta imprescindible hacer una cruzada para elevar los estándares en esta materia con los profesionistas y servidores públicos. En ese sentido, el presidente del CPC, se congratuló sobre la creación del Consejo General de Abogados ya instaurado desde hace un año, y por la elaboración del Código de Conducta Único, que estará disponible para su suscripción más adelante, y en donde se podrá corroborar mediante un registro en línea, a los abogados que estén comprometidos con la ética.
El tercer eje: información, se trata de fortalecer la coordinación interinstitucional, y la utilización de tecnologías de la información, ello, a fin de que el SNA junto con los SEAs funcionen como un sistema sólido, y para ello debe trabajarse en eliminar el uso del dinero en efectivo en las transacciones gubernamentales y eliminar también el uso del papel en los actos de autoridad aprovechando las firmas electrónicas con validez legal.
Finalmente, el cuarto eje se trata de índices, con el cual el presidente del CPC se refiere más bien, a disminuirlos en materia de corrupción a través de coordinación entre las instituciones que conforman el propio SNA, así como con otras autoridades, como por ejemplo, la nueva Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, a efecto de realizar una revisión de trámites y requisitos para eliminar los innecesarios ya que muchos de ellos son pretextos para extorsionar y extraer rentas corruptas a personas y empresas.
Sin duda, el presidente del CPC del SNA ha acertado en estos puntos tan relevantes para el combate a la corrupción, por lo que debemos celebrar y comprometernos para apoyar su convocatoria y compromiso de trabajar en metas fijas, que son claras y muy pertinentes ante la situación actual del país. Asimismo, es preciso expresar que es urgente que se instaure y opere en definitiva el SNA, incluyendo los SEAs y que se lleve a cabo el proceso de ratificación de la Fiscal en la materia, siguiendo los procesos de Ley y respetando la autonomía constitucional de los organismos que conforman el sistema, la cual fue conquistada después de muchos años y con mucho esfuerzo, y son claves para combatir además de la corrupción, la impunidad; y sólo así con el esfuerzo conjunto de instituciones gubernamentales, organismos autónomos y la sociedad misma, será posible revertir las consecuencias nocivas de la corrupción en México.